Actualidad Lunes 14 de noviembre de 2011

EE UU juzgará a Mercedes Benz por su relación con la dictadura

El Tribunal estadounidense rechazó el último recurso presentado por la firma. La reparación podría llegar a los 200 millones de dólares.

La automotriz Mercedes Benz deberá afrontar en los Estados Unidos el primer juicio civil por su complicidad con el terrorismo de Estado en la Argentina, acusada además de haber cometido delitos de lesa humanidad contra sus empleados. La Corte de Apelaciones de San Francisco rechazó el miércoles pasado el último recurso que había presentado Daimler –la firma controlante de la automotriz de la estrella– para evitar ir a juicio por las desapariciones de 14 obreros, incluyendo a la comisión interna, de la planta ubicada en González Catán. En un mes los familiares de los desaparecidos y tres sobrevivientes iniciarán el proceso, amparados en una ley que permite que se demande a individuos o corporaciones asentados en ese país, que hayan cometido violaciones contra los Derechos Humanos en cualquier parte del mundo.

La demanda había sido reabierta en mayo por un tribunal del estado de California. Con la decisión de la Corte de Apelaciones, queda el camino allanado para que se lleve adelante un reclamo que será millonario. “El Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones le denegó a Daimler el pedido de revisión de la reapertura del caso por un plenario de jueces, con lo que volverá a la corte”, confirmó a Tiempo Argentino, Terry Collingworth abogado de la querella en Washington.

Del panel de cuatro jueces, tres – Mary Schroeder, Dorothy Nelson y Stephen Reinhardt– votaron de forma unánime denegar la petición. Sólo el magistrado Diarmuid O’ Scannlain apoyó el reclamo de la firma alemana. La causa originariamente fue abierta en los Estados Unidos en 2004, pero obtuvo un fallo negativo, lo que se repitió nuevamente en agosto de 2009 cuando la querella insistió en el planteo. El argumento en aquella época fue que los crímenes se habían cometido en Argentina y que, en todo caso, Alemania era la sede alternativa para llevar a cabo el juicio, lo que fue anulado en mayo de 2010.

“Los jueces no dijeron la razón de por qué cambiaron su opinión. En un mes se abrirá el juicio, a pesar de que Daimler ya dijo que va a apelar a la Suprema Corte, eso no impide que se siga adelante con el proceso”, aclaró Gaby Weber, integrante del equipo que representa a las víctimas. “Tenemos razones para creer que antes hubo tentativas de parte del gobierno alemán de influenciar para que el tema no se trate en los Estados Unidos”, agregó la letrada.

“Estimamos que el reclamo va a ser por alrededor de 200 millones de dólares”, anticipó a este diario Eduardo Fachal, que impulsa la causa desde la Argentina. En ese sentido, confirmó que los abogados ya trabajan contrarreloj para presentar los fundamentos y el cálculo indemnizatorio, que serán el corazón del reclamo. “Hay un acuerdo entre los familiares y los sobrevivientes de percibir, en caso de ganar, sólo el tope de lo establecido como reparación por la ley argentina. El resto será donado para la construcción de un hospital en González Catán”, sostuvo Fachal.

El juicio fue perdido en Alemania, ya que los tribunales de ese país utilizaron un argumento similar al del dictador Jorge Rafael Videla al referir que si no se encontraban los cuerpos de los desaparecidos, no había delito. “En este caso hay complicidad corporativa de la compañía, y hay participación directa en los delitos como es el caso de los gerentes que actuaron como apropiadores”, sintetizó Fachal.

Paula Logares fue la primera nieta recuperada a través de estudios de ADN, cuyo apropiador fue el ex subcomisario Rubén Lavallen, jefe de seguridad de Mercedes Benz durante la dictadura. Sobre el ex gerente general de la firma, Juan Ronaldo Tasselkraut, pesa una causa en trámite por la sospecha de apropiación de un varón cuya partida de nacimiento afirma que nació el 19 de agosto de 1974 y que es su hijo biológico, aunque no tienen ningún parecido físico. Su hermano también está sospechado de haber apropiado ilegalmente a otros dos chicos. También sobre el gerente de repuestos de la planta pende la misma duda. Otra de las pruebas, la completa la donación de Mercedes Benz de costosos aparatos de neonatología al Hospital Militar de Campo de Mayo, lugar donde se llevaba a dar a luz a las embarazadas detenidas-desaparecidas.

Dos antecedentes

En la Argentina hay otras dos causas que –sin éxito por el momento– intentaron prosperar en los tribunales civiles apuntando sobre la responsabilidad corporativa de empresas con la dictadura militar. Una demanda por resarcimiento dirigida al Bank of America y al Citibank, entidades que fueron señaladas como algunas de las firmas financieras trasnacionales que aportaron fondos, mediante la forma de préstamos, para el financiamiento y el sostenimiento del aparato represivo detentado por la Junta Militar. En tanto, la jueza Graciela González Echeverría rechazó en diciembre un pedido para que se libraran oficios al Ministerio de Economía y al Banco Central para que informen quiénes y cuánto prestaron al país cuando el financiamiento externo estaba prohibido por la condena internacional sobre la Argentina por violaciones a los Derechos Humanos. En su curioso dictamen que fue apelado y podría terminar en la Corte Suprema, argumentó “caos” y “falta de espacio” para el papeleo, luego de que el expediente deambulara un año por distintos juzgados que se declaraban incompetentes una y otra vez.

La causa penal no registra avances

Eduardo Fachal, abogado querellante que representa a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la represión ilegal que trabajaron en la fábrica Mercedes Benz, aseguró a Tiempo Argentino que la causa que se tramita por asociación ilícita en el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo del juez Juan Manuel Yalj, no ha tenido avances en los últimos meses. “Lo último que pedimos fue la indagatoria del ex gerente de producción de la planta de González Catán, Juan Ronaldo Tasselkraut, queremos que se lo cite, pero todavía no se resolvió”, relató Fachal.

Por eso, el abogado adelantó que están elaborando un escrito en el cual se solicitará dividir la causa entre las víctimas que pasaron por Campo de Mayo y las que no, ya que hay tres trabajadores que no fueron vistos en ese centro clandestino. El informe del Batallón 601, en el que la empresa informa quiénes son activistas dentro de la planta, daría lugar a que la querella pida que la causa vuelva a los tribunales de Daniel Rafecas, donde había sido iniciada.

Fuente: Tiempo Argentino

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