Megajuicio: Un gendarme que declaró como testigo puede ser acusado

junio 12 /2012

Un oficial de Gendarmería quedó ayer involucrado en el secuestro y homicidio del médico Pedro Urueña, cometido en diciembre de1975 en Tartagal. El mal paso del gendarme, que fue a declarar como testigo y terminó con la posibilidad de resultar imputado por crímenes de lesa humanidad, fue uno de los hechos sobresalientes de la jornada de ayer en el juicio oral y público que se sigue en esta ciudad por violaciones a los derechos humanos cometidas entre enero de 1975 y 1978.

Los otros dos hechos relevantes los protagonizaron el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, quien es juzgado por el homicidio de Urueña y ayer se constituyó en el primer acusado en declarar, y el abogado David Leiva, que fue citado como testigo por la defensa del militar y terminó refutando cada uno de los dichos del imputado.

El comandante mayor retirado Juan Antonio Torá, que en 1975 era jefe de la Sección Tartagal, fue el último testigo de la jornada. Había sido convocado para que se refiriera al hallazgo de la carta firmada por el Comando Libertadores de América en la que se informaba que Urueña había sido ejecutado por “marxista leninista, troskista y traidor a la patria” y que sus restos estaban en el paraje Balvuena, al costado de la ruta nacional 34.

Pero el oficial contó una versión muy distinta a la de las testigos que lo precedieron, la esposa de Urueña, Nicolasa Tristán, y su hermana, Clara Tristán. Torá dijo no recordar haber intervenido en el incidente del comunicado, ni en el levantamiento de los restos de Urueña en Balvuena y, en cambio, dijo que por un llamado anónimo supo que en el centro de Tartagal habían dejado una caja que contenía huesos y un “trapo chamuscado” que era parte de la ropa de Urueña. Ante las preguntas del querellante Matías Duarte, el gendarme se contradijo con un informe incorporado al expediente (fechado el 26 de diciembre de 1975) que lleva su propia firma, dirigido al entonces jefe de la comisaría de Tartagal y en el que se dan cuenta de los hechos como lo cuentan las hermanas Tristán.

Tan notoria fue la memoria selectiva y las contradicciones de Torá, que el Tribunal Oral en lo Federal Criminal ordenó (a instancias de la vocal Liliana Snopek) que se haga un peritaje entre el informe del 26 de diciembre y el comunicado del Comando Libertadores de América para determinar si fueron realizados con la misma máquina de escribir. Se descuenta que si hay coincidencias Torá pasará a la calidad de imputado.

Antes del gendarme, Nicolasa y Clara Tristán habían ratificado que el 26 o 27 de diciembre de 1975, luego de que hombres que andaban en un automóvil Dodge amarillo o verde claro (parecido al que era de uso personal del jefe del Regimiento de Monte 28, con sede en Tartagal, Ríos Ereñú) pasaran varias veces frente a su casa, mirando ostensiblemente hacia ella, recibieron un llamado que les indicaba que un medidor de luz iban a encontrar una carta dando noticias sobre Urueña, del que no nada sabían desde que había sido secuestrado de su casa, a la 1,30 aproximadamente del 20 de diciembre de 1975. Las mujeres relataron que llamaron a la Policía, al Ejército y a Gendarmería pidiéndoles que buscaran la carta. Cuando finalmente pudo leerla, Nicolasa se enteró que su esposo había sido asesinado haciéndolo estallar. Las hermanas ratificaron que por ese comunicado dieron con los restos de Urueña, al que su esposa solo pudo reconocer por un pedazo de tela del calzoncillo.

Sobre áreas y subáreas

“Soy inocente”, aseguró ayer Héctor Ríos Ereñú antes de comenzar una larga declaración con la que trató de descalificar la acusación de autor mediato del homicidio de Pedro Urueña. Dijo que recién se enteró de este hecho en 2010, cuando fue citado a declarar.

Dado que la acusación como autor mediato tiene en cuenta que Ríos Ereñú era jefe del Regimiento de Monte 28, cabecera del Subárea 322-1 en la cadrícula realizada por las Fuerzas Armadas a los fines represivos, el militar basó su defensa en asegurar (entre otras argumentaciones) que esta Subárea “no existió”, a la par que afirmó que en el momento del secuestro de Urueña, el 20 de diciembre de 1975, no estaba en Tartagal, porque si bien había asumido el 9 de diciembre de 1975, recién se hizo cargo efectivamente el 5 de enero de 1976.

Sus dichos fueron desmentidos enseguida por el abogado David Leiva, convocado a testificar por el defensor oficial Martín Bomba Royo. El letrado ratificó que a los fines de la represión el país fue dividido en zonas, subzonas, áreas y (en algunas provincias) subzonas. Afirmó que este fue el caso de Salta, que quedó comprendida en el Área 322, y se establecieron subáreas, entre ellas la 322-1, que correspondía al Regimiento de Monte 28 con asiento en Tartagal.

Leiva recordó que la existencia de esta Subárea fue reconocida por quien fuera jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall (convicto por crímenes de lesa humanidad) en el Juicio por la Verdad, declaración en la que aseguró que el jefe de esa Subárea era Ríos Ereñú precisamente.

Leiva añadió que en el juicio por la desaparición del escribano Melitón Bustos se incorporó el libro histórico del Regimiento 28 se sindica a Ríos Ereñú como jefe de la Subárea 322-1. Ríos Ereñú es descripto como jefe de esta Subárea en ediciones de diciembre de 1975 de los diarios El Intransigente y El Tribuno, al referir una reunión entre este militar y Mulhall.

Prácticas del terror

Pedro Urueña fue una de las víctimas del terrorismo paraestatal y estatal que en su primera etapa criminal en la provincia eligió la metodología de usar explosivos para matar a militantes de distintas expresiones políticas cuya ideología no coincidía con la que luego iban a expresar los militares y civiles que cometieron el golpe de Estado el 24 de diciembre de 1976.

El abogado David Leiva, que en este proceso actúa como querellante en relación a otras víctimas, destacó ayer, al declarar como testigo, que esta práctica buscó infundir terror en la población para facilitar de este modo la imposición de la dictadura y de sus planes económicos perjudiciales para el país.

  • Infome: Elena Corvalán
    Periodista