1975-2008: Noches buenas y malas

diciembre 29 /2008
Dr. Carlos H. Saravia

El represor Joaquín Guil

La Nochebuena de 1975 preanunció el golpe institucional diseñado por mentes irreversibles. En el marco del “Operativo Independencia”, que sirvió de experimento para combatir a la guerrilla con técnicas de inteligencia aberrantes, Jorge Rafael Videla se trasladó al norte para saludar a los comandos ubicados en los montes tucumanos.

En Salta, las causas por crímenes de lesa humanidad no logran atravesar la meseta a la que ingresaron hace tres años.

El Jefe del Estado Mayor no mostró recato al otorgarle noventa días para resolver la inestabilidad republicana gestada durante décadas. Un diagnóstico preciso le indicaba que la relación entre Isabel Perón y los argentinos estaba quebrada y que nadie se quejaría cuando el poder castrense peticionara el divorcio en nombre de veintiséis millones de personas.

Ricardo Balbín se equivocaba cuando pensaba que todos los moribundos tienen cura hasta cinco minutos antes de la muerte. La investidura de María Estela Martínez
yacía muerta tres meses antes de que le quitaran los atributos virtuales del mando. Es que para la mayoría de los ciudadanos, la impericia presidencial y un entorno siniestro profundizaban los efectos negativos de un terrorismo ambidiestro, la hiperinflación y la corrupción.

Para ese entonces ya se encontraba redactado un manual que distribuía las responsabilidades entre las distintas fuerzas armadas para el asalto del 24 de Marzo, como también tipificaba a las futuras víctimas del genocidio. Los intentos de marginar a la viuda de Perón y gestar un proceso de transición con Ítalo Argentino Lúder como presidente provisional habían fracasado.

Aún cuando se mostraba preocupado y expectante, en las tinieblas el ejército comenzó a ejecutar el exterminio de los posibles opositores. Aprovecharía para estos fines la violencia que con exceso había aplicado la “Triple A” en sus crímenes y cada atentado militar se presentaría como un episodio del terrorismo de ultraderecha.
Para ese entonces la organización parapolicial se encontraba desmantelada, aunque algunos de sus sicarios más feroces habían sido absorbidos por la estructura represiva que en poco tiempo detentaría el poder.

En el norte salteño las órdenes se efectivizaron de inmediato. El 29 de diciembre un comando secuestró a Pedro Eugenio Urueña. Su cuerpo fue encontrado acribillado a balazos, quemado y decapitado en un campo cercano a la localidad de General Mosconi.

El chofer de la ambulancia que recogió sus restos encontró un encendedor con un grabado de la Fuerza Aérea.

El médico había desaparecido hacía 25 días de su casa en la calle Paraguay 32 de la ciudad de Tartagal. Su perfil era considerado inconveniente para los verdugos castrenses luego de que se graduara en Tucumán y regresara a General Mosconi donde militó en la “JP - Capitán Dardo Cano” junto a Zoilo Melina y Humberto Méndez.

En la escena se encontró un comunicado firmado por el “Comando Libertadores de América” que le reprochaba su militancia en la izquierda. El parte es genuino producto de la inteligencia militar y su fecha coincidió con la indicada en el Parte de Guerra Nº 1” del Comando General de la “Triple A”, que resolvió ejecutar –previo juicio sumarísimo- a individuos que respondieran a “intereses apátridas, marxistas, masónicos, anticristianos o del judaísmo internacional sinárquico”. Entre las organizaciones que suscribían el acuerdo criminal estaba el “Comando Libertadores de América”, que ya estaba a cargo del capitán Héctor Pedro Vergez y tenía estrecha conexión con el Tercer Cuerpo del Ejército y el Comando D-2 de Informaciones de la Policía de Córdoba.

El parte de guerra luce apócrifo y responde a estrategias que procuraban la conveniente resurrección de las “AAA”. La banda había tenido bautismo público con el atentado al abogado radical Hipólito Solari Yrigoyen un año y medio antes, sus asesinatos eran anticipados por la revista “El Caudillo” dirigida por Felipe Romeo y
su sigla apareció en macabros escenarios sin que a lo largo de aproximadamente ochocientas muertes hubieran mostrado rasgos organizativos concretos. El “toque” de disciplina militar era notorio.

En Tartagal el 1º de Enero desaparecía Julio Culebria y dos semanas después la vivienda del dentista Juan María Blanc de Rivadavia 309 fue ametrallada con 40 balazos. A las 4,27 del mismo día, frente al domicilio de Eva Garnica estallaba una bomba de alto poder. Los autores utilizaron una camioneta amarilla robada cuyo dueño fue encontrado maniatado en las cercanías de Misión Cherenta. En el interior del vehículo se encontraron cápsulas 9mm. Un Torino y un Fiat blanco también participaron, aunque no pudieron ser identificados. Durante su cautiverio, Garnica confesaría a la militante universitaria Marta Juárez que el atentado era obra de militares.

En la ciudad de Salta chupaban a Ramón “Quico” Maidana y desconocidos incendiaron la sede del Partido Comunista de calle Mendoza 1.077 de la capital salteña. Los verdugos hicieron coincidir el atentado con el 58º aniversario de la fundación de esta fuerza en la provincia. No habían perdonado que en el festejo anterior sus dirigentes divulgaran su solidaridad con los pueblos que luchaban “...por
desprenderse de las garras del imperialismo como el heroico pueblo chileno, o por la solidaridad con el glorioso pueblo cubano que construye la nueva sociedad”.

En coincidencia con estas realidades palpables, Antonio Domingo Bussi notificaba a los tucumanos que los “delincuentes subversivos” serían buscados. Les advirtió que si alguno se entregaba iría a la justicia mientras que al resto se los mataría. Ya se sentía el garante de una sociedad agredida por sectores torpes que instauraron la prepotencia transversal.

A pesar de que las planificaciones del golpe de Estado fueron ampulosas y que la represión fue indiscriminada y cobró la vida de miles de argentinos, todavía la verdad no se ha encontrado con los expedientes ni se tradujo en sentencias judiciales. Por el contrario, hace pocos días los Tribunales han sorprendido con criterios oscilantes. Mientras un tribunal ratificó la prisión común de Videla, otro se expidió por la liberación de Alfredo Astiz y el “Tigre” Acosta.

En Salta, las causas por crímenes de lesa humanidad no logran atravesar la meseta a la que ingresaron hace tres años. La declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final ya tiene seis años y durante este lapso las víctimas no alcanzaron el juicio oral ni las condenas. Al desgajamiento ordenado por los jueces de primera instancia deben sumarse deserciones de jueces en los procesos más notorios y la sacralización de criterios que encubren cobardía o, lo que es peor, indiferencia.

El sobreseimiento dictado a favor del represor Joaquín Guil no se calibraría como una bofetada si se le impusiera el castigo en la gran cantidad de crímenes que se le adjudican. La negativa ratificada por la Cámara Federal para que una organización se constituya en querellante en una de las causas también preocupa aunque tendría poca relevancia de generar respeto y confianza el Poder Judicial de la Nación.

Tras un sinnúmero de episodios híbridos, los familiares de las víctimas se preguntan si alguna vez se sentarán en las sillas de tribunales ciudadanos probos, viriles y comprometidos. Cuando llegue ese día, para ellos habrá “nochebuena”…