Afirman que Guil mandó matar al ex policía Martínez

Elena Corvalán
junio 9 /2015

Ya en sus últimas audiencias, el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta sigue provocándole dolores de cabeza al ex hombre fuerte de la represión en Salta, Joaquín Guil. Esta vez el testimonio de un ex integrante de su propia fuerza lo acusa de haber dado la orden de muerte del también ex policía Carlos César “Topogigio” Martínez.

En total Guil acumula tres sentencias a perpetua como responsable de haber participado en 29 homicidios agravados y otras tantas privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos.

El motivo: el comisario creía que estaba dando información sobre las torturas y asesinato del militante peronista Eduardo Fronda.

El testigo Juan Antonio Pasayo ya está fallecido, pero su declaración, dada en febrero de 2008 ante la Justicia Federal, fue reflotada ayer ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal por pedido de la Fiscalía. Entonces afirmó que otro policía, Alberto Gudiño, le contó que “a Martínez lo habían chupado y que lo habían matado en El Gallinato”, que “la orden la había dado Guil” en la creencia de que estaba dando información sobre las torturas y el homicidio del militante peronista Eduardo Fronda, un hecho que era investigado por su hermano, Hugo Fronda, también policía.

Pasayo dijo que fue compañero de Martínez en la Brigada de Investigaciones, donde cumplió funciones entre 1973 y 1976, por lo que Gudiño le advirtió que tuviera cuidado. La conversación fue al día siguiente del secuestro de Martínez, cometido la madrugada del 18 de marzo de 1976. Los asesinos del ex policía lo sometieron a una explosión en el paraje El Gallinato, jurisdicción de La Caldera.

El testimonio de Pasayo ya fue tenido en cuenta en la causa por la Masacre de Palomitas, por la que el ahora ex comisario fue condenado a prisión perpetua, igual que en la causa Ragone y que en la Megacausa Salta, en total Guil acumula tres sentencias a perpetua como responsable de haber participado en 29 homicidios agravados y otras tantas privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos. Ahora está siendo juzgado por otros siete homicidios agravados, además de detenciones irregulares y torturas.

La declaración de Pasayo se engarza con la que dio Hugo Fronda (fallecido) en diciembre de 2006 (también leída ayer): dijo que por Martínez supo que su hermano (asesinado el 8 de enero de 1975) fue víctima de un grupo de la Dirección de Investigaciones (D2). Que la orden inicial la dio el capitán Hugo Espeche, a quien Fronda señaló como oficial de inteligencia, y el jefe de Policía Miguel Raúl Gentil, Guil fue el eslabón que retransmitió la directiva al grupo de tareas que estuvo integrado por el Arturo “Sapo” Toranzos, Luis Pastrana, entre otros.

Fronda publicó una solicitada acusando veladamente a los asesinos de su hermano. Fue convocado por Gentil y Guil: “Usted sabía en qué andaba su hermano”, le recriminó el director de Seguridad. Y Gentil, después de decirle que no sabían que Eduardo era su hermano, le advirtió que se quedara tranquilo.

Después de escuchar a un testigo y de la lectura de 12 testimoniales y otras pruebas, se pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes, cuando es posible que comiencen los alegatos.

La Triple A en Salta

Del asesinato de los jóvenes René Esteban Locascio Terán y Roberto Díaz Romero, la madrugada del 20 de abril de 1975, en San Lorenzo, participaron “fuerzas combinadas” de la Policía de la provincia y de la Federal, según se desprende el acta de procedimiento realizada a las 13 por el comisario Ernesto Federico Livy, jefe de la delegación local de la Policía Federal.

Lo curioso es que vista con la distancia y la información de que se dispone ahora, queda claro que los participantes eran la expresión de la Triple A en Salta. La comisión policial fue encabezada por Livy y por el entonces director de Seguridad de la Policía provincial, Joaquín Guil, quien está siendo juzgado ahora por este hecho, junto al ex jefe policial Miguel Raúl Gentil.

Según el acta, de la detención de Alicia Nouel de Arrué y de Amaru Luque, el 19 de abril de 1975 en un hotel céntrico de esta ciudad, “surge la presunción” de que encontrarían “elementos de la subversión” en la casa donde vivía la primera, en San Lorenzo. En el acta se afirma que cuando una comitiva policial intentó acercarse a la casa fue recibida a los tiros y que ello generó el tiroteo en cuyo transcurso fueron muertos los guerrilleros. Lo mismo dirán luego Guil y otros oficiales.

Sin embargo, en dos aspectos el acta es esclarecedora: da cuenta de la lluvia de balas que se abatió sobre la casa y sus ocupantes (uno tenía “numerosos impactos en distintas partes de su cuerpo”, hubo 13 impactos en la mampostería, 30 en la pared y también “numerosos impactos” en otros lugares de la casa), lo que desmentiría la versión oficial del enfrentamiento, y reseña los integrantes de la comitiva policial, todos ellos reconocidos represores, como Abel Vicente Murúa, Agustín Roberto Tacacho, Juan Carlos Alsugaray, entre otros.

El acta también deja constancia de la presencia del jefe de la Policía de Jujuy, Candelaria, quien reconoció el cuerpo de Locascio Terán como el de uno de los “integrantes de la gavilla” que habían matado a dos policías en Jujuy.

  • Informe: Elena Corvalán
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