Amenazado por integrantes del Ejército

diciembre 12 /2009

Los militares acusados

Cuatro testigos declararon en la quinta jornada del primer juicio que se sustancia en la provincia de Salta por crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Los cuatro confirmaron que el escribano Aldo Melitón Bustos, secuestrado y desaparecido el 2 de febrero de 1978, había recibido amenazas de miembros del Ejército y su domicilio había sido allanado reiteradas veces, por miembros de la Policía de la provincia, de la Federal y el Ejército.

"El teniente coronel Arnaldo Bruno amenazaba a su primo de Bustos".

Uno de los testigos fue un primo hermano del escribano desaparecido, el docente Enrique Horacio Palacios, con quien compartía un ideario político, según recordó el testigo.

Palacios contó que el 20 de junio de 1977 Bustos le refirió que recibía amenazas y su casa era allanada por miembros de la Policía provincial, la Policía Federal y del Regimiento de Infantería de Monte 28. Recordó asimismo que el entonces teniente coronel Arnaldo Bruno amenazaba a su primo.

Palacios reseñó también que Bustos lo tranquilizó posteriormente diciéndole que había hablado con el jefe del Regimiento, Héctor Ríos Ereñú. Sin embargo, refirió que él pensaba entonces que su primo “estaba marcado desde un principio y (los allanamientos) fueron los pasos previos” para intimidarlo. Y responsabilizó por el asesinato de Bustos al ex gobernador de facto de Salta Alvaro Ulloa.

El docente y escritor Juan de la Cruz Cabot, que era director de la Escuela de Comercio Alejandro Aguado, donde Bustos era profesor, contó que recibió una carta, dirigida al escribano, que contenía una amenaza y que cuando la entregó al destinatario este le dijo que había llegado una igual en su casa y que, por otras comunicaciones del Regimiento de Monte 28, sabía que eran del Ejército.

Cabot indicó que el escribano era muy conocido en la sociedad tartagalense y que su secuestro constituyó “un hecho público, la gente suponía que lo había llevado el Ejército”.

Militantes de Derechos Humanos

Cabot fue quien debió informar a Bustos de su cesantía como docente, dispuesta por el gobierno de Ulloa en el marco de un decreto que ordenaba la baja de los docentes considerados subversivos.

El abogado y periodista Marcelo O’Connor, amigo de Bustos, recordó que el escribano se fue a Bolivia cuando sobrevino el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Tiempo después, cuando él mismo se preparaba a emigrar de Salta, se encontró con él en esta ciudad, lo que le sorprendió.

Dijo que Bustos le contó que iba a instalarse en Tartagal, algo que él le desaconsejó. En cambio, lo invitó a ir a Santa Fe, pero el escribano insistió en que tenía derecho a vivir donde deseara y a trabajar. “Recuerdo que le dije, Bustos, esto no es prudente. Nos despedimos y no lo ví más”, sostuvo.

O`Connor añadió que se enteró de la desaparición de Bustos por una nota en el diario El Litoral.

Un hecho notorio

El último testigo, el abogado y secretario de Gobierno de Tartagal, Roberto Avellaneda Alfonsín, aportó más datos sobre las amenazas que recibía Bustos.

En 1978 tenía 23 años y tenía una vista normal (que perdió hace cinco años en un accidente de tránsito). En el segundo semestre de 1977 fue preceptor del 4º año del Colegio San Francisco, que cursaban Raúl Bustos, el hijo del escribano desaparecido, y uno de los hijos de Ríos Ereñú. Recordó que los hijos del militar solían manejarse en dos o tres automóviles, uno de ellos “un Dodge o un Opel”, y uno de ellos amarillo.

El dato es interesante porque Raúl Bustos asegura que los hombres que secuestraron a su padre se movilizaban en un Dodge 1500 amarillo que usaba habitualmente uno de los hijos del jefe del Regimiento. “La característica que tenían (estos autos) es que no tenían chapa patente”, recordó el testigo.

Avellaneda Alfonsín desmintió a los militares que declararon en la cuarta jornada, quienes afirmaron no haberse enterado del secuestro de Bustos. El testigo recordó que el escribano “motivó dos o tres noticias importantes en el 77”: una amenaza que recibió en el hotel Espinillo, “le habían dicho que se fuera si no quería que lo mataran”; cuando el gobierno de Ulloa le negó la titularidad del registro notarial 32 de Tartagal, “se decía que era por cuestiones ideológicas”, y cuando se produjo su desaparición, ya en febrero de 1978. “Se decía que se lo habían llevado de noche. Había una tensión, se comentaba que qué había hecho, en las casas nos decían que nos cuidáramos que tuviéramos en cuenta lo que le había pasado al escribano Bustos”, memoró. “El caso de Bustos fue una conmoción”, añadió más tarde.

El abogado recordó también, ante preguntas de la querella, que conoció a un integrante del Regimiento de Monte que era veterinario, el “Negro” Correa. Contó que cierta vez, en el boliche Maracatú, el centro de la diversión en la época, al que también concurrían miembros del Ejército, Correa dijo que el tema de Bustos “era un tema policial”.

Avellaneda Alfonsín declaró en la primera etapa de la investigación del secuestro de Bustos. Luego de que declarara, el 21 de noviembre de 2006, recibió en su estudio una carta anónima en la que le contaban como había ocurrido el homicidio de Bustos.

La carta fue leída el miercoles 9 de diciembre en la audiencia: sostiene que el escribano en la misma madrugada del 2 de febrero el escribano fue llevado por el actual coronel retirado Carlos Alberto Arias, que está siendo juzgado en este proceso, al escuadrón de Gendarmería de Embarcación. Que allí era golpeado cada hora hasta que lo llevaron al río Bermejo y no lo regresaron. De vuelta del río los gendarmes demoraron a Arias, que logró la libertad tras la intervención del jefe del Regimiento de Monte 28. La carta sostiene que Gendarmería “no tenía nada que ver” con el crimen de Bustos.

Improcedente

La audiencia se inició bastante tarde del jueves 10 de diciembre, debido a que el abogado Pablo Tobío, defensor del coronel retirado Luis Angel Gaspar Zírpolo, que está siendo juzgado como autor mediato de la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de Bustos, recusó al fiscal Eduardo Villalba, porque es yerno del teniente coronel Guiñazú, que en 1978 era jefe de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) en Salta.

Tobío pidió también que se anule todo el debate llevado a cabo hasta hoy. El fiscal se opuso a la recusación, “por considerarla manifiestamente extemporánea, improcedente” y un acto más para demorar el juicio.

Villalba recordó que en la instrucción de este proceso él mismo informó que es pariente de Guiñazú, y que el propio Tobío (como defensor entonces del militar retirado Arnaldo Bruno) fue notificado de esta situación. Además, Guiñazú no está siendo investigado en esta causa y hace once años que falleció.

La querella, representada por los abogados Tania Kiriaco y David Leiva, adhirió al pedido de rechazo del fiscal. Tras una corta deliberación el tribunal, integrado por los jueces Roberto Frías, Jorge Luis Villada y Liliana Snopek (con la presencia permanente del cuarto juez, Renato Rabbi Baldi Cabanillas), rechazó el planteo de Tobío y le impuso las costas.