Bignone ordenó incinerar todo la lucha contra la subversión

Elena Corvalán
junio 18 /2012

Reynaldo Bignone

El ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Héctor Ríos Ereñú, sostuvo en la sesión del lunes 18 de junio, que en noviembre de 1983 el último presidente de facto, Reynaldo Bignone, ordenó incinerar los documentos referidos a la represión estatal. Seis testigos declararon ayer en la continuidad del juicio oral y público que se sustancia en Salta, por 34 crímenes de lesa humanidad, tres se refirieron al secuestro y homicidio del médico Pedro Urueña (cometido en diciembre de 1975 en Tartagal) y otros tres, al secuestro y desaparición del dirigente rural Felipe Burgos (el 6 de febrero de 1976 en Campo Quijano).

Ríos Ereñú amplió su declaración indagatoria

Solo el 24 de marzo de 1976, hubo 57 detenciones en Tartagal, además de la muerte de Urueña y las de Jorge Santillán y Menena Montilla Santillán.

“Hubo una disposición del presidente Bignone de incinerar todo lo relativo a la lucha contra la subversión”, aseguró Ríos Ereñú ante una pregunta del abogado querellante Matías Duarte. Ya en 1999 el último jefe del Ejército en la dictadura, Cristino Nicolaides, había asegurado, al declarar en una causa en la que estaba acusado por robo de bebés, que él había ordenado incinerar esta documentación. Se entiende que la decisión fue compartida con Bignone.

Ríos Ereñú es juzgado por el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta por el homicidio de Urueña, y ayer (vía videoconferencia desde Buenos Aires) pidió ampliar su declaración indagatoria con el propósito de responder al testimonio del abogado David Leiva. Hay una discusión entre el acusado y el abogado. Ríos Ereñú está acusado de ser autor mediato de homicidio agravado porque cuando se cometió el hecho era jefe del Regimiento de Monte 28.

La acusación sostiene que en la división del país que hicieron las fuerzas armadas a los fines represivos existieron Zonas, Subzonas, Áreas y Subáreas, y que una Subárea, la 322-1, funcionó en Tartagal, bajo el mando del Regimiento 28. Ríos Ereñú, que se declara inocente, asegura que esta subárea no existió.

El ex jefe cuenta una versión casi idílica de Tartagal durante su gestión en el Regimiento: sostiene que la ciudad era “tranquila”, que no se cometieron violaciones a los derechos humanos, que la división en Zonas y Áreas se puso en práctica recién después del golpe, que no existió una comunidad informativa entre las fuerzas represivas y que no tenía “ninguna relación” con las otras fuerzas, incluida la Gendarmería.

Sin embargo, solo el 24 de marzo de 1976, hubo 57 detenciones en Tartagal, además de la muerte de Urueña y las de Jorge Santillán y Menena Montilla Santillán, cuyo cadáver fue encontrado el 14 de marzo de 1976.

Otro imputado por crímenes de lesa humanidad, el ex segundo jefe del Ejército en Salta, Joaquín Cornejo Alemán, tampoco parece haber sido muy propicio para Ríos Ereñú: dijo que existió una comunidad informativa y que la subdivisión en Zonas y Áreas estaba ya en 1975. Miguel Raúl Gentil, que también es juzgado en este debate, pero por otros crímenes, fue convocado como testigo, pero fue extremadamente cauto.

La farsa de la búsqueda para seguir aterrando

“Yo sabía que era una farsa, que simulaban estar buscándolo cuando ya sabían lo que habían hecho”. Esa, contó María Inés Cazzo, era la convicción que tenía cuando después del secuestro de su esposo, Felipe Burgos, la Policía iba a su casa con la excusa de buscarlo y entraban y la revisaban todo, con el verdadero propósito de seguir metiéndole miedo, a ella, que había quedado sola con dos hijas pequeñas.

Cazzo contó que el 6 de febrero de 1976 fueron despertados por los golpes. “¡Abran la puerta! ¡La Policía!”, urgían las voces al ritmo de los golpes. Felipe miró por la ventana: “Son dos autos con gente de civil armada. Pase lo que pase, no abrás la puerta”, la reconvino; le pidió que se vistiera y fuera al cuarto de las chiquitas.

Desde ahí escuchó el sonido del carillón al abrirse la puerta: “No entraron, quedó el carillón sonando. Lo habrán encañonado (y Felipe salió)”, especuló la testigo. Entonces se asomó, pero solo pudo ver los dos Ford Falcón llevándose a su marido y “nunca más” lo volvió a ver. Volvió a la casa, vio en el reloj regalo de su abuela “y eran las dos menos cuarto de la mañana”. No olvidó ese momento: “Durante muchos años yo me despertaba siempre a esa hora”, recordó llorando.

Al día siguiente comenzó a buscarlo, con mucha dificultad, porque el temor alejaba a los posibles aliados. En los cafés de la plaza 9 de Julio escuchó el comentario de que el cuerpo de Felipe había sido encontrado en El Gallinato. Entonces, con la ayuda “del señor Alvarez Leguizamón, que se ofreció a acompañarme” fue al diario El Tribuno a preguntar, le confirmaron que se trataba de su esposo y fueron a la morgue del Hospital San Bernardo, para tratar de reconocerlo, pero no se lo permitieron, les dijeron que el cuerpo estaba en estado de putrefacción. Con esa no respuesta se quedó.

“Por muchos años viví creyendo que estaba detenido, crié a mis hijas diciéndoles que su padre iba a volver. Pero después les dije la verdad porque así iban a crecer con un corazón sano. Les enseñé a no odiar, y a perdonar. Pero si estoy acá es solo por justicia, nada más. Es todo lo que tengo para decir”.

Cazzo confirmó que su esposo era un dirigente sindical rural reconocido; fundador de la Federación Única de Trabajadores de Sindicatos Campesinos y Afines (FUSTCA), que tenía delegados en toda la provincia. Recordó que juntos trabajaron en un proyecto integral de promoción de los derechos del campesinado, que Burgos fue funcionario del gobierno de Miguel Ragone y que impulsó proyectos de ley de expropiación de tierras y de entrega de tierras a campesinos, siempre bajo el lema “Ni hombres sin tierra, ni tierra sin hombres”.

  • Informe: Elena Corvalán
    Periodista