Bustos perseguido por su ideología

diciembre 15 /2009

Capitan Ulloa

Aunque desmemoriados, el ex gobernador de facto, y ex gobernador constitucional, Roberto Augusto Ulloa, y ex funcionarios de su primera gestión, terminaron por confirmar en la sexta jornada del juicio que el escribano Aldo Melitón Bustos fue perseguido debido a su militancia política.

Carlos Enrique Gómez secretario privado de Ulloa durante su gobierno de facto, desmitió a Roberto A. Ulloa.

Primero se lo cesanteó de la docencia y luego se le denegó la titularidad del Registro Notarial Nº 32. Dos meses y medio después, fue secuestrado y desaparecido.

Ulloa integró el grupo de cinco testigos que declararon el lunes 14 de diciembre, en el juicio oral y público que se sigue contra los coroneles retirados Luis Angel Gaspar Zírpolo y Carlos Alberto Arias, acusados por privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio, en perjuicio de Bustos. Otros dos testimonios se incorporaron por lectura.

La jornada estuvo dedicada a revisar la persecución que sufrió el escribano, que finalmente fue secuestrado en la madrugada del 2 de febrero de 1978.

El primero en declarar fue Ulloa. Dijo que no conoció a Bustos y que no recordaba que él hubiera cesanteado de su cargo de profesor de historia de la Escuela de Comercio "Alejandro Aguado", de Tartagal, una decisión que se tomó mediante el decreto provincial 2904, del 24 de agosto de 1977. “No tenía conocimiento, son episodios que han ocurrido hace 32 años y no estoy en condiciones de recordar”, se excusó el ex integrante de la Marina.

Tampoco pudo recordar los motivos de esta cesantía. Viendo el decreto, cuya firma reconoció, reseñó que se invocó la ley 21260 y el decreto 18/76. “No recuerdo. Sé que había un cuestionamiento de la SIDE que determinó que no se le diera el Registro”, contestó.

Aseguró que las disposiciones vigentes durante la última dictadura militar exigían que para cualquier nombramiento se tuvieran en cuenta los informes de la SIDE sobre los antecedentes ideológicos.

Ulloa insistió en que sus actos como gobernador de facto estuvieron guiados por las disposiciones del gobierno constitucional de Isabel Perón. Mencionó en varias oportunidades el decreto 2770, firmado en 1975 por Italo Luder, por un alejamiento temporario de Isabel Martínez de Perón.

El secretario general de la Gobernación en 1978, Sergio Roberto Alvarado, sostuvo que el pedido de información al Ejército se hacía habitualmente, para cumplir con las disposiciones vigentes en la época.

Quien fuera secretario privado de Ulloa durante su gobierno de facto, Carlos Enrique Gómez, lo desmintió más tarde: recordó que recibió la nota del Colegio de Escribanos de Salta requiriendo que se investigue la desaparición de Bustos. Dijo que esta nota estaba dirigida al gobernador.

Al final se incorporaron por lectura los testimonios de Roque Rafael Zambrano y d Andrés Figueroa Sola. Zambrano el escribano al que se entregó la titularidad del registro notarial 32 poco después de que se le denegara esta posibilidad a Bustos.

Con sus preguntas la querella había llamado la atención sobre el hecho de que el registro se entregó rápidamente a otro escribano, a pesar de que Bustos había interpuesto dos acciones: un recurso de reconsideración ante el gobierno provincial y un contencioso administrativo con medida de no innovar ante la Corte de Justicia. Este último recurso no estaba resuelto cuando ya se designó al otro escribano.

Figueroa Solá era secretario del Colegio de Escribanos en 1978 y como tal fue quien concurrió a Tartagal a entregar el registro 32 a Zambrano.

Toda la culpa al Ejército

Los ex funcionarios atribuyeron al Ejército toda la responsabilidad por la represión en Salta durante la dictadura. Aseguraron que era el Ejército el que comandaba a todas las fuerzas, incluidas la Policía de la provincia, y que esa fuerza condicionaba las decisiones del gobierno.

El 14 de noviembre de 1977 el gobierno de Ulloa le denegó la titularidad del registro notarial 32 a Bustos. Esta decisión se tomó mediante el decreto provincial 3498, en el cual se hizo constar que se debía a sus “antecedentes ideológicos”. En la audiencia Ulloa dijo que se basó en un informe de la Secretaría de Inteligencia (SIDE).

Como el abogado David Leiva, de la querella, le hizo notar que antes había dicho que era un informe de inteligencia del Ejército, el marino recordó que el decreto 2770 establecía que el Ejército asumía el control funcional de las demás fuerzas y que era el que coordinaba todo lo referido a inteligencia.

Dijo que en Salta el encargado de esta coordinación era el máximo responsable del Ejército en la provincia, que coordinaba las tareas de inteligencia con la SIDE. “El nexo nuestro con la SIDE era a través del Ejército”, sostuvo.

Recordó asimismo que el decreto presidencial 2771 establecía que las policías pasaban a depender operativamente del Ejército en la lucha contra la subversión. Por eso se nombraba a un jefe militar, y “la provincia no intervenía en eso”.

Ulloa insistió en que el gobierno a su cargo nunca contó con más datos sobre los “antecedentes ideológicos” de Bustos que estas palabras, y, ante preguntas del juez Jorge Luis Villada, llegó a afirmar que bastaba un escueto informe del Ejército, como este, para que el gobierno provincial suspendiera un trámite sin siquiera pedir más detalles.

Cuando se le recordó que Folloni contestó una nota sobre Bustos diciendo que se había ordenado a la Policía que hiciera averiguaciones sobre el secuestro de Bustos, Ulloa argumentó que se debía a que era un pedido de averiguación de paradero.

Ulloa opinó que lo de “antecedentes ideológicos” significaba “aspectos ideológicos vinculados a la subversión”. En cuanto a la desaparición de Bustos, insistió en que no se enteró cuando ocurrió el hecho. “Pero evidentemente todos los desaparecidos han sido negativos”, añadió. Tuvieron que pedirle que se explicara: “(Las desapariciones) no se ajustaban a derecho”, completó. Luego reiteró que ni siquiera por los diarios se enteró del secuestro del escribano. Y aseguró que no recibió a ningún pariente suyo.

El marino también sostuvo que existía una comunidad informativa, “que controlaba el Ejército” y la integraban el servicio de inteligencia del Ejército y el delegado de la SIDE.