Citan a un ex soldado que vio a su madre detenida en el Regimiento

Elena Corvalán
febrero 18 /2013

Un hombre que en 1976 cumplía el servicio militar en el Regimiento de Caballería 141 de esta ciudad será convocado a dar su testimonio en el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad que se sustancia en Salta desde mayo del año pasado. La Fiscalía y las querellas creen que puede aportar más datos sobre detenidos que fueron alojados en la sede del Regimiento de Caballería 141, en el que se sospecha que funcionaron centros clandestinos de detención.

Barros de Baffa Trasci fue la primera testigo de una jornada en la que solo se presentaron 8 de los 20 testigos previstos.

El nuevo testigo es Héctor Baffa Trasci, hijo de Lidia Yolanda Barros de Baffa Trasci, quien el lunes 18 de febrero contó ante el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta que el 24 de marzo de 1976 fue detenida junto a su marido, el también docente Vicente Baffa Trasci, y que ambos fueron llevados, tabicados (vendados) a la sede del Regimiento, donde su primogénito, que por entonces estaba haciendo el servicio militar, abrió el portón de entrada para permitir el paso del automóvil en el que eran llevados. El matrimonio recuperó la libertad dos semanas después, luego de una reunión de la que participaron 6 militares, entre quienes reconoció a Juan Carlos Grande (fallecido) y a Joaquín Cornejo Alemán, que era segundo jefe del Regimiento y está siendo juzgado en este proceso. Los militares tenían exigencias: a su esposo le dijeron que sería ya el rector del Colegio Nacional, ni docente, y que no podría jubilarse ni seguir trabajando; y ella no podría seguir dando clases en la Universidad. “Mañana cuando salga de aquí me haré cargo del Rectorado y seguiré mi trámite jubilatorio”, se resistió Baffa Trasci. Lo propio hizo la testigo.

En 1976 Barros de Baffa Trasci era estudiante y auxiliar docente en la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Interrogada por el fiscal federal Eduardo Villalba (que reemplaza al fiscal Ricardo Toranzos, de duelo), la testigo recordó que junto a su marido, que era rector del Colegio Nacional, fueron detenidos en la calle Caseros por miembros de la Policía provincial, quienes los subieron a un auto negro, vendados, y los llevaron al Ejército, donde los dejaron en un lugar en el que después pudieron identificar como los galpones. Allí supo que estaban otros detenidos, entre ellos reconoció a Miryam Corbacho y en una celda cercana, que era de castigo, a la ex jueza María Cristina Garros Martínez. Como ocurrió con otros detenidos, Barros de Baffa Trasci y su marido fueron trasladados luego a la cárcel de Villa Las Rosas, de donde recuperaron su libertad en unas dos semanas.

Barros de Baffa Trasci atribuyó su liberación y la de su marido al hecho de que su hijo, que era conscripto, los hubiera visto al entrar. Por lo que vio, y por la confirmación que recibió del militar Molina Colombres, el soldado recurrió incluso al jefe del Regimiento, Carlos Alberto Mulhall, que tras el golpe había asumido como interventor militar en la provincia, para tratar de liberar a sus padres. La testigo recordó que también hubo insistencia de parte de padres de alumnos.

Barros de Baffa Trasci recordó que ante la consulta de su hijo, Mulhall negó que ella y su marido estuvieran en la lista de detenidos (aunque el 25 de marzo la intervención militar habría dado a conocer, mediante el comunicado Nº 6, una lista de 47 detenidos sobre un total cercano a 400 personas sobre las que pesaban órdenes de detención. En esa lista sí figuran Yolanda de Baffa Trasci y Vicente Baffa Trasci).

Barros de Baffa Trasci fue la primera testigo de una jornada del lunes 18 de febrero en la que solo se presentaron 8 de los 20 testigos previstos. La mayoría de los testigos fue convocada para hablar de la situación en la UNSa y la represión.

La antropóloga Blanca Lezcano, hija y hermana de desaparecidos, que en la década del 70 estudiaba antropología social, recordó que su casa fue allanada en 1976 por un grupo de policías encabezados por el represor Joaquín Guil. Para la testigo, buscaban a sus amigos y compañeros de la UNSa, entre quienes recordó especialmente a los docentes José Serra, cesanteado con la intervención civil en diciembre de 1974, mediante la resolución 1002, y Alberto Calou, quienes están desaparecidos.

La ex docente universitaria María Julia Palacios recordó que el rector normalizador en la Universidad, Agustín González del Pino, citó a cada uno de los docentes que habían firmado una solicitada reclamando el cese de cesantías. En su caso, le recriminó haber solicitado el reingreso “de personas que eran subversivas, montoneros”.

Puntos de vista

Dos testigos mostraron el lunes 18 de febrero un particular punto de vista sobre el momento histórico que se revisa mediante el juicio que lleva adelante el TOF Salta contra 17 hombres acusados de cometer delitos de lesa humanidad en perjuicio de 34 personas.

La ex docente universitaria Yolanda Isabel Fernánez Acevedo desentonó con lo que hasta aquí vienen narrando los testigos, sobre las cesantías de docentes, que comenzaron ya con la intervención civil en la Universidad, en diciembre de 1974: “No hubo cesantías, sino renovación de contratos, el fin era que todos los cargos fueran concursados”, aseguró. Sostuvo que la represión comenzó luego de la intervención militar. Junto a otros docentes, en octubre de 1974 Acevedo firmó una solicitada en contra el rector Holver Martínez Borelli.

Otro firmante de esa solicitada fue el profesor Mario Casalla, quien en diciembre de 1974 formó parte del grupo de interventores civiles.
El dirigente justicialista Santos Jacinto Dávalo, que llamó la atención por el fastidio que expresaba, explicó las diferencias entre los peronistas ortodoxos y los montoneros; recordó que él militaba en el Grupo Reconquista, considerado de derecha, y definió a Juan Manuel Ovalle, quien está siendo juzgado en relación a la desaparición de la docente Silvia Aramayo, como alguien de izquierda. La sensación de confusión que venía dejando el testimonio de Dávalos se acentuó cuando aseguró que no sabía que Gerardo Bavio, intendente de la ciudad de Salta en el gobierno de Ragone, era un dirigente montonero.
El Grupo Reconquista tuvo una destacada participación en la oposición a Miguel Ragone, al punto de realizar pedidos de intervención a su gobierno, mediante solicitadas publicadas en diarios de la provincia y el país, acusándolo de “alojar marxistas”.