Cooparticipación y centralismo

octubre 11 /2008
Dr. Ricardo Gómez Diez

El proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2009, que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso, contempla transferencias de fondos por coparticipación a las Provincias, de aproximadamente el 25% del total de recursos que ingresan al Estado Nacional.

Hay que instalar el tema de la coparticipación, debatirlo y abogar por que se cumpla la Constitución.

De esta manera, la participación de los Estados Provinciales continúa reduciéndose, en función del incremento de los recursos no coparticipables, como es el caso de las retenciones o de los impuestos que solo se coparticipan parcialmente y que ingresan en un porcentaje mayor a las arcas nacionales, como acontece con el impuesto al cheque.

Al respecto, es interesante y valiente la demanda promovida por la Provincia de San Luis contra el Estado Nacional, en reclamo de compensaciones, precisamente por la continua reducción del porcentaje sobre el total de ingresos tributarios, que la Nación gira a los Estados Provinciales.

La demanda invoca la cláusula transitoria sexta de la Constitución Nacional, introducida por la reforma de 1994, la cual establece que “una nueva ley de coparticipación debe ser establecida antes de la fiscalización del año 1996”, asignatura aún pendiente, y luego agrega “... tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma... hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación”.

Cuando el constituyente establece que no puede alterarse la distribución de recursos, se refiere a la relación existente entre tributos nacionales coparticipables y no coparticipables, que es la que se garantiza hasta la sanción de la nueva ley de coparticipación.

Acontece que la coparticipación garantizada por la cláusula transitoria sexta de la Constitución no se respeta, como tampoco se cumple el piso mínimo establecido por la ley N° 23.548 de Coparticipación, que desde el año 1988 y hasta que se dicte una nueva ley, regula la materia, la cual en su art. 7° dispone que “El monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios...”.

La diferencia entre lo efectivamente transferido a las Provincias y el 34% garantizado por la cláusula transitoria sexta de la Constitución y la ley 23.548 de Coparticipación vigente, asciende nada menos que a $ 11.174 millones por el período 2002-2007. Como el coeficiente de distribución secundaria de Salta es del 3,98%, nuestra Provincia dejó de percibir recursos por $ 294 millones, por este solo concepto.

Otro argumento importante de la demanda, es el referido al uso abusivo de los derechos de exportación o retenciones, que priva a las Provincias de importantes ingresos en concepto de coparticipación, al disminuir la recaudación de un impuesto que se coparticipa, como es el caso de ganancias.

Cabe consignar que al tiempo de reformarse la Constitución en 1994, las retenciones eran prácticamente inexistentes. A principios del año 2002 cuando se establece la pesificación asimétrica, se dispusieron por la ley retenciones a las exportaciones de hidrocarburos, para poder financiarla. Luego el Poder Ejecutivo Nacional las dispuso para los productos agropecuarios y fue elevando su porcentaje a medida que crecieron los precios internacionales de nuestros productos.

Es bueno recordar que la Constitución, de 1853, incluyó a los derechos de exportación entre los recursos del Tesoro Nacional, pero la reforma de 1860 al contemplar las retenciones como atribución del Congreso de la Nación dispuso en el art. 64°, inciso 1° “... Establecer derechos de exportación hasta 1866, en cuya fecha cesarán como impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial”. Cuando debían cesar, se convocó a una Convención Constituyente en 1866 para reformar exclusivamente este punto, con el argumento de que había que costear la guerra con el Paraguay. Históricamente esta claro que es un impuesto excepcional que desalienta la producción local.

El tema es que las Provincias han quedado a cargo de todos los gastos que tienen directa relación con las necesidades cotidianas de la gente como educación, salud, seguridad y justicia. La distribución de recursos no guarda relación con esas responsabilidades, por la que es imperioso consensuar una nueva ley de coparticipación.

Salvo alguna excepción aislada, sorprende la mansedumbre de los Gobernadores. Atrás quedaron los días, en que los mismos se reunían en la sede del Consejo Federal de Inversiones, para analizar problemas comunes. Hoy tienen temor, hasta de reunirse.

En realidad, impera un alineamiento casi absoluto de los Gobernadores con la Casa Rosada y así el gobierno de los Kirchner se ha convertido en el más centralista, no solo en el aspecto fiscal. Digo esto porque en la Capital Federal hoy es más barata que en las Provincias la nafta, el gas-oil, el gas y le electricidad, la cual es inexplicable.

Varias Provincias están tomando el camino de incrementar impuestos en sus jurisdicciones, acuciadas por la necesidad. Es el caso de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé y Misiones, que han modificado su legislación sobre ingresos brutos.

Esta última alternativa no es la mejor, ya que la presión impositiva es record. El verdadero camino es el que manda la Constitución, que es el de consensuar una nueva ley de coparticipación, justa y equilibrada. En este sentido, el hecho de que una Provincia como San Luis pida la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exponga sus argumentos en una demanda que la Nación deberá contestar, es plausible. Hay que instalar el tema de la coparticipación, debatirlo y abogar por que se cumpla la Constitución. La lucha contra el centralismo, no se da desde la obsecuencia, sino desde el reclamo federal.

Dr. Ricardo GOMEZ DIEZ
Ex Vice-Presidente 2° del Senado de la Nación