Cuestionan la suspensión del juicio hasta febrero de 2014

diciembre 4 /2013
Elena Corvalán

El juicio oral y público por crímenes del terrorismo de Estado que viene desarrollándose en Salta desde mayo de 2012 fue suspendido hasta el 11 de febrero de 2014. La razón: la jueza Marta Liliana Snopek no asistió a la audiencia del martes 3 de diciembre; en cambio, se comunicó para informar que estando fuera de la provincia (en un lugar de descanso en Entre Ríos) sufrió un pico de estrés y el médico le recomendó guardar reposo, con la particularidad de que no fijó una fecha para este descanso.

La sorpresa máxima de las audiencias por la megacausa la dio el hecho de que se estaba a solo tres audiencias de que finalizara este extenso proceso.

La decisión del Tribunal Oral en lo Federal de Salta, integrado para este caso solo con los jueces Carlos Jiménez Montilla y Marcelo Juárez Almaraz (en presencia del cuarto juez, Gabriel Casas) causó indignación en los familiares de víctimas y abogados querellantes, quienes adelantaron que pedirán un juicio político contra la jueza, por mal desempeño de sus funciones. También quedó frustrado el fiscal federal Ricardo Toranzos, que una vez más no pudo presentar su alegato.

A las 9.40, cuando comenzó la audiencia, la novedad sobre el faltazo de la jueza recorría la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial. Ni bien se notificó que el debate iba a ser suspendido hasta el 11 de febrero del año próximo, el abogado David Leiva planteó la nulidad de esta resolución, porque se tomó con solo dos de los jueces, a la vez que calificó la ausencia de Snopek de una “falta de respeto” hacia los familiares. Enseguida el fiscal pidió el apartamiento de la jueza y que el tribunal se integrara con el juez sustituto, de manera de poder continuar sin más demoras.

En un intento por “clarificar” la situación, Jiménez Montilla hizo leer el artículo 365 del Código Procesal Penal de la Nación, referido a la continuidad y suspensión del debate, que en su última parte prevé que el juicio podrá suspenderse “hasta 30 días hábiles” en casos en que el juez, el fiscal o el defensor “no tengan posibilidad de reemplazo”. El Tribunal entendió que este era el caso, pero para las querellas y el fiscal, se está en la situación de reemplazar a Snopek por Casas.

La muestra de que la suspensión era una buena noticia para los acusados la dieron los abogados defensores Orfeo Maggio, Dardo Verchán y Luis Garzón al defender la decisión del Tribunal.

Leiva pidió también que se revocaran las prisiones domiciliarias de las que gozan algunos de los 17 acusados. El Tribunal pasó a deliberar y regresó para confirmar su decisión: “No ha lugar”, al planteo de nulidad realizado por Leiva y al que adhirió la querellante Tania Kiriaco, y al pedido del fiscal, al que también adhirió la abogada. Y ni siquiera hubo mención a la cuestión de las prisiones domiciliarias.

Leiva pidió una fotocopia del certificado médico sobre el que se basó la decisión de suspender el juicio: “Se tiene presente”, le respondió el presidente del Tribunal. “¿Cuándo podemos tener el certificado médico?”, insistió el abogado. “Se tiene presente”, reiteró el juez. Para los querellantes quedó claro que el certificado no estaba en poder del Tribunal. Mientras el abogado daba batalla, entre el público algunos familiares desfallecían, como le ocurrió a Luisa Madozzo, cuñada de Gemma Fernández Arcieri y Héctor Gamboa, secuestrados y desaparecidos en septiembre de 1976.

A esas alturas el término “vergüenza” iba de boca en boca. La usaban los familiares y militantes de organismos de derechos humanos, pero también varios funcionarios de la Justicia Federal que habían ido a escuchar a Toranzos.

La sorpresa máxima la dio el hecho de que se estaba a solo tres audiencias de que finalizara este extenso proceso. Al final, en los pasillos que dan a la sala desde donde siguen el debate los imputados, se pudo ver a algunos de ellos palmeándose los hombros, con la certeza de que pasarán otras fiestas en sus casas, como desde hace 37 años.

“Han vuelto a matar a
nuestros compañeros”

Organismos de derechos humanos emitieron una declaración en la que sostuvieron que con la decisión del Tribunal Oral en lo Federal de Salta de suspender el juicio por delitos de lesa humanidad hasta febrero del año próximo “han vuelto a matar” a los “compañeros desaparecidos” porque “a pesar de los 37 años de esperar este juicio, con la actitud irresponsable de la jueza Marta Liliana Snopek”, se los dejó “sin posibilidad de obtener la sentencia, tanta veces soñada en este año y 7 meses” que lleva este debate.

La declaración, que suscriben la Asociación Lucrecia Barquet, Encuentro Memoria Verdad y Justicia, HIJOS Salta, la Agrupación Oscar Smith Luz y Fuerza y otras organizaciones que integran la Comisión Megacausa, sostiene que Snopek “no tiene entidad moral para ser jueza federal” y anuncia que recurrirán a “todas las instancias jurídicas para que ninguna víctima dependa de la irresponsabilidad e inhumanidad de semejante persona”.

La declaración devela que la jueza pidió licencia por teléfono, “sin presentar un certificado médico”, desde la localidad de Villa Alcaraz, en Entre Ríos. Se informa también que el abogado David Leiva y la querellante Cristina Cobos pudieron constatar que la “resolución del Tribunal (de suspensión del juicio hasta el 11 de febrero de 2014) se adoptó sin tener el certificado correspondiente, el que llegó a las 12.56 del día de la fecha (3 de diciembre)”.

“La jueza Snopek se caracterizó por su total desinterés por los juicios de lesa humanidad. La vimos muchas veces atendiendo su celular sin prestar atención a los testimonios desgarradores que se escucharon en las audiencias. Cuando el doctor Leiva la recusó ante el Tribunal sobre el particular, ella con total soberbia respondió que atendía asuntos atinentes a su función de los presos federales de la cárcel de General Güemes”, se recuerda en la declaración. A lo largo de este debate la jueza ha demostrado una constante atención a su teléfono celular, al principio lo usaba abiertamente, incluso luego del planteo del querellante, pero terminó por usar la cartera para cubrir sus manos de las miradas cuando un realizador audiovisual comenzó a realizar tomas de las audiencias.

Los familiares afirmaron que la audiencia del martes 3 de diciembre “supera todos los límites de lo que podría acontecer en un juicio”, que tuvo reiteradas suspensiones y demoras por todo tipo de razones, desde el mal funcionamiento del sistema de videoconferencia por el que siguen el debate varios imputados hasta la falta de citaciones a testigos.

Sobre el final de la declaración, los familiares dejaron una pregunta inquietante: “Si esto nos ocurre a nosotros que pertenecemos a una organización de DDHH que tenemos 37 años de lucha, ¿qué podría pasarles a las mujeres, niños y niñas víctimas de trata que esperan que el Poder Judicial actúe en defensa de sus derechos?”.

  • Informe: Elena Corvalán, periodista
    elenac75@yahoo.com