Desmemoriados, sordos, mentirosos

diciembre 9 /2009

El coronel retirado Héctor Fernando Petricic, que desde febrero de 1978 cumplió funciones de ayudante de quien era el jefe del Regimiento de Monte 28, Roberto Felipe Domínguez, inició la lista de los desmemoriados en la cuarta jornada del juicio contra los coroneles retirados Luis Angel Gaspar Zírpolo y Carlos Alberto Arias.

Un militar dijo que sufrió un accidente cerebro vascular que le hizo olvidar “algunas cosas”, además de ser sordo y haber olvidado los audífonos.

“Tengo mucha carencia de memoria”, dijo ante la insistencia de la querella, representada por los abogados David Leiva y Tania Kiriaco. Luego contó que sufre de una afección cerebral provocada por unas “esporas” que se dan en la selva tucumana y que le generaron pérdida de memoria respecto de lo que ocurrió antes de 2000.

Petricic dijo que estuvo en el Operativo Independencia, en Tucumán, hasta que en febrero de 1978 fue convocado como ayudante de Domínguez.

Luego de demostrar mala memoria para algunas cuestiones y buena para otras, reconoció, ante preguntas del fiscal Eduardo Villalba, que es amigo de Arnaldo Bruno, que en 1978 era teniente primero y había amenazado al escribano Aldo Melitón Bustos, y fue investigado en relación a su secuestro y desaparición. “Cuando yo estaba internado en el Hospital Militar (a raíz de su afección cerebral) Bruno me daba de comer y yo no me voy a olvidar de eso”, afirmó.

Tanta memoria selectiva parece que generó en el fiscal la idea de que Petricic estaba mintiendo, porque terminó por pedir que se remitan copias al fiscal penal de turno para que se investigue a Petricic por falso testimonio.

La mala memoria de Petricic fue superada por el coronel retirado Juan Salvador Roqué, que fue jefe de Operaciones del Regimiento de Monte 28: después de insistir respondiendo “no escucho” a los comentarios del presidente del tribunal, Roberto Frías, y del secretario José Luis Casares, el militar dijo que sufrió un accidente cerebro vascular que le hizo olvidar “algunas cosas”, además de ser sordo y haber olvidado los audífonos.

Estaba a punto de librarse de prestar testimonio, pero ante la insistencia de la querella debió declarar. Curiosamente, cuando el abogado David Leiva conjeturó que dado que en la instrucción había declarado sin inconvenientes, “evidentemente hay una actitud de no colaborar”, Roqué respondió rápidamente negando tal actitud y provocando hilaridad.

Igual que sus pares, dijo que el 2 de febrero no estaba en Tartagal, sino en Tucumán; que no conocía a Bustos y que nunca supo que hubiera dinamitados en Tartagal.

Bustos secuestrado por el Ejército

El general retirado Luis Santiago Martella, que en 1978 era jefe de la V Brigada de Infantería de Tucumán, sostuvo el 9 de diciembre que los documentos en los que el propio Ejército reconoce que el escribano Aldo Melitón Bustos fue detenido el 2 de febrero de 1978 guardan las formas establecidas para estas comunicaciones.

Martella fue el primero de una decena de testigos que declararon el miércoles último ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, en la cuarta audiencia del primer juicio oral y público por violaciones a los derechos humanos cometidas en la norteña provincia de Salta durante la última dictadura militar.

Seis militares retirados que cumplieron funciones en el Regimiento de Monte 28 de Tartagal, Martella, Héctor Fernando Petricic, Eduardo Horacio Gentiluomo, Juan Salvador Roqué, Carlos Alberto Feijoó y Ricardo Ernesto Elizabe; el escribano Carlos Alberto Trogliero Torres; el escritor y periodista Leoncio Rioja, y dos ex agentes de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), Américo Aragón y Roberto Monteros, declararon en la cuarta jornada del proceso.

Los militares mostraron una memoria selectiva, dos de ellos, los coroneles retirados Petricic y Roqué, llegaron a afirmar que perdieron la memoria a raíz de distintas enfermedades. Roqué añadió una sordera, también selectiva. Además, la mayoría fue coincidente en afirmar que el día del secuestro no estaban en el Regimiento.

Ante la insistencia del fiscal Eduardo Villalba, que llamó la atención sobre el hecho de que, a juzgar por sus declaraciones, parecía que el Regimiento hubiera quedado abandonado en esa fecha, el coronel retirado Gentiluomo ratificó que había quedado al frente el coronel retirado Luis Angel Gaspar Zírpolo, que está siendo juzgado por el secuestro y el homicidio de Bustos, junto al también coronel retirado Carlos Alberto Arias.

Martella insistió, igual que los otros testigos militares, en que nada supo del secuestro de Bustos, pero opinó que el radiograma que el segundo comandante de la V Brigada, Antonio Llamas, envío el 15 de febrero al Regimiento targalense “está redactado de acuerdo al reglamento de la época”.

En ese radiograma la V Brigada pedía que se informara si Bustos había sido detenido en el Regimiento de Monte de Tartagal. El 16 de febrero de 1978 el jefe de esta dependencia, Roberto Felipe Domínguez, respondió esa requisitoria mediante una “nota objeto”: confirmó que el escribano había sido detenido a las 3 de la mañana del 2 de febrero de 1978, y puesto a disposición del Destacamento de Inteligencia 143, con asiento en Salta capital.

Domínguez, que está imputado en relación a este hecho en un proceso que sigue en instrucción, ya declaró que brindó esta respuesta basándose en información proporcionada por el segundo jefe del Regimiento de Monte 28, Zírpolo, que estuvo a cargo de la dependencia en el momento en que fue secuestrado Bustos, dado que Domínguez fue puesto en funciones recién el 15 de febrero de 1978.

Martella destacó que la nota de respuesta no tiene los sellos que se preveían en el reglamento, de la unidad, de quien lo confeccionó y del jefe de la unidad, pero señaló que llevaba la firma de Domínguez.

Todos los militares que declararon fueron interrogados sobre la forma del radiograma y la contestación, pruebas claves en el proceso. Las respuestas dejaron en claro que había una forma establecida para estas comunicaciones, pero que podía ser obviada en algunos casos.

Triogliero Torres fue convocado para hablar del radiograma y la contestación, porque la certificación de estos documentos, realizada en 2003, lleva su firma, pero no hizo mayores aportes porque solo se cuenta con copias. Rioja, quien entregó estos documentos al abogado querellante David Leiva, dijo que los recibió de dos militantes peronistas, de los cuales solo recordaba el apellido de uno: Prado.

División estratégica

Martella aclaró también que en la división estratégica que hacía el Ejército durante la dictadura la parte norte del país correspondía a la subzona 32, que a su vez estaba dividida en cuatro áreas: la 321, que correspondía a la provincia de Tucumán; la 322, a Salta; la 323, Jujuy, y la 324, Santiago del Estero.

Estas áreas estaban a cargo del oficial más antiguo del Ejército, que reportaba al comandante de la V Brigada con asiento en Tucumán. Respecto del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, dijo que dependía en lo administrativo de la V Brigada y “para la lucha antisubversiva”, del área 322.

Martella sostuvo que, en ausencia del jefe del Regimiento, el segundo jefe, Zírpolo, estaba a cargo de esta dependencia, y estaba también al frente de la plana mayor, un órgano asesor de la jefatura que era integrado por los oficiales de mayor jerarquía de cada unidad.

También Gentiluomo, que en febrero de 1978 era jefe de Logística en el Regimiento de Monte 28 y por lo tanto integraba su plana mayor, dijo que nada supo del secuestro y desaparición del escribano Bustos y que estaba de licencia cuando se produjo este hecho.

Añadió ahora que el automóvil Dodge 1500 amarillo, en el que –según el testimonio del hijo de Bustos, Raúl Bustos- se movilizaban los secuestradores, y que pertenecía al Ejército, había sido entregado por el jefe saliente del Regimiento, Héctor Ríos Ereñú, en enero de 1978, y que no estaba en condiciones para ser utilizado.

El coronel dio un dato interesante para la querella: el teniente primero Arnaldo Bruno se desempeñaba como oficial de inteligencia y como tal llegó a integrar la plana mayor y estaba bajo las órdenes directas del jefe de Operaciones del Regimiento, el coronel retirado Roqué. Bruno ha sido investigado en relación al secuestro de Bustos, pero se le dictó una falta de mérito.

Roqué negó que Bruno estuviera bajo su dependencia pero aceptó que pudo haber integrado la plana mayor ampliada.

Inteligencia limitada

Feijoó, Elizabe, Aragón y Monteros declararon sobre las actividades de inteligencia que realizaban el Ejército y la SIDE durante la dictadura militar.

Feijoó, que en 1978 era capitán, dijo que dependía del Destacamento de Inteligencia 143 con asiento en la ciudad capital de Salta, pero estaba con el “grupo adelantado Jujuy”, que realizaba inteligencia en relación al conflicto con Chile y no sobre ciudadanos comunes.

Elizaba era capitán en febrero de 1978 y cumplía funciones en el Destacamento de Inteligencia 143. También aseguró que solo hizo inteligencia sobre el conflicto con Chile y que en 1978 no se hizo inteligencia contrasubversiva. Incluso negó conocer el reglamento RC 91, “Operaciones contra elementos subversivos” aprobado por el estado mayor conjunto en 1977; negó que el Destacamento pudiera detener u ordenar la detención de personas y que pudiera interrogarlas.

Aragón y Monteros, ambos ex militares, integraron la SIDE en Salta. A pesar de que su trabajo consistía en estar informados, aseguraron que no se enteraron del secuestro y desaparición de Bustos (publicado en los diarios de la época), y que tampoco supieron nunca nada sobre desaparecidos o personas dinamitadas, una de los medios que utilizó el terrorismo de estado para eliminar oponentes. Y tampoco supieron donde funcionaban los centros de detención clandestinos ni los lugares donde eran enterrados las víctimas fatales de la dictadura.

El primero dijo que reunía información confidencial pero no referida a los oponentes al régimen militar. Monteros, que entró a la SIDE el 1 de mayo de 1978 y se quedó hasta 1984, contó que su trabajo consistía en “explotación de la prensa” porque se dedicaba a leer los diarios, boletines oficiales y partes de prensa para hacer informes a su superior, el teniente coronel Guiñazú. Detalló que hacía un seguimiento de la parte gremial y estudiantil; llegó a aseverar que tomaba información que era pública y que, tras su intervención, pasaba a ser “más confidencial”.

Sus afirmaciones provocaron la reacción del juez Jorge Luis Villada: “¿Y el jefe se dedicaba a leer esos partes todos los días? ¿Un teniente coronel?, ¿el jefe de inteligencia?”, interrogó incrédulo. El testigo le respondió con un sí.

.*Crónica Elena Corvalán
www.hijossalta.blogspot.com