El Urtubey de las contradicciones

junio 1ro /2008
Dr. Carlos H. Saravia

Cristina con los gobernadores

La aparición de Juan Manuel Urtubey ante las cámaras cuando el Jefe de Gabinete presentó las nuevas medidas del gobierno nacional en el marco del conflicto con el sector agrario, ha provocado malestar en distintos estamentos. Como hemos sostenido reiteradamente, el problema no es sectorial sino político y extiende sus ramificaciones a lo institucional poniendo en riesgo la representatividad de las autoridades.

El gobernador ha optado por preservar los vínculos presidenciales que exigen no solamente obsecuencia, sino temeridad.

Mientras se había mostrado evasivo al momento en que los productores consideraron agotada la tregua de treinta días e improvisó un cuestionado viaje a los Estados Unidos con la excusa del rescate de los bonos hidrocarburíferos –que no avanzó más que en la comprobación de que la iniciativa es casi inviable-, esta semana decidió avalar explícitamente otra decisión autista del kirchnerismo. Casi todos los medios periodísticos han puesto en evidencia que a ninguno de los mandatarios provinciales se les consultó el tenor de lo resuelto sino hasta minutos antes de que se sentaran con Alberto Fernández en una conferencia que no admitió preguntas. No comparten la cocina sino el patio en el que se sirve un único menú.

Unos días antes Urtubey firmó las duras declaraciones del nuevo Partido
Justicialista que comanda con rigor Néstor Carlos Kirchner. Las renovadas
acusaciones hacia las entidades agrarias, tachándolas de golpistas, contaron con su firma. Es imposible no extender el marco hacia la posterior reunión que mantuvo el ex presidente con los mariscales de la diatriba Luis D´Elía y Emilio Pérsico.
Tampoco con la línea que el día posterior bajó a todos los legisladores nacionales,
entre los que se contaron los justicialistas salteños con la sola excepción de Juan Carlos Romero.

Pocos dudan sobre la inconveniencia de redoblar apuestas en medio de una crisis que no tiene precedentes en la historia “K”, como tampoco en el derrotero argentino, que de la mano de los productores agrícolas ha logrado superar otras crisis y hasta el equilibrio de la balanza comercial en el último lustro. Sin embargo, la exagerada concentración del poder y la reducida capacidad de crítica de los adherentes parecieran conducirlos al enfrentamiento sin solución de continuidad. A excepción del cordobés Schiaretti y el santafesino Binner, no se escuchan siquiera voces de alerta frente a criterios mezquinos y soberbios.

Mientras en sus discursos el gobernador salteño habla de democracia participativa y el consenso como herramienta de gestión, en el ámbito nacional calla y comulga, al menos tácitamente, con un estilo intolerante que socava su tarima de sustentación local. La proyección redistributiva de los ingresos por retenciones indica que Salta podría incrementar en más del 20% su coparticipación de reformularse el régimen vigente.

La pelea por la equidad en el Estado Federal debiera ser irrenunciable de sólo considerar que los niveles de indigencia y desocupación no han variado por obra de una gestión hasta ahora híbrida y que, para peor, pregona la bondad solamente de la mano de la afinidad política. Cuál será la ventaja si el matrimonio kirchnerista pierde la caja de 20.000 millones con la que extorsiona a gobernadores e intendentes? Tal vez debiéramos preguntarnos en que consistieron las bondades de la Nación para con Salta en estos meses, al margen de dos actos que obligaron a gastos fastuosos de cotizarse por hora o minutos la visita.

Resulta casi inexplicable que los sectores agrarios toleren la contradicción de un
gobernador que -como el tero- avala el “Tren Bala” en Buenos Aires y declama en
Salta la necesidad de que se otorgue prioridad al “Belgrano Cargas”. Acaso la
Sociedad Rural Salteña y la Cámara Regional de la Producción, que han pactado su
inserción en el gobierno, podrán contener a sus bases y seguirán formando parte del gabinete? Una pequeña dosis de coherencia debería conducirlos al exilio funcional e instalar la problemática desde un lugar imparcial con la hidalguía que abandonaronhace ochenta días.

La sesión del senado provincial el jueves pasado también ha mostrado la fractura. Un proyecto del legislador de General Güemes intentaba encorsetar al mandatario y obligarlo a la mediación por la que no transitan sus jefes políticos. Casi una
utopía considerando que Urtubey ya no es un equidistante en la problemática, sino un alfil que utiliza la presidenta para simular apoyaturas con legitimidad presunta que solamente se coteja con los resultados de la elección de Octubre pasado y no pasa por el tamiz de la razonabilidad. Esta legitimidad estuvo lejos de la mesa en que Alberto Fernández se enfrentó a los medios y nuestro gobernador rayó el ridículo cuando afirmó, livianamente, que se trataban de buenas noticias para el campo.

La obediencia política tuvo dificultades para postergar la iniciativa senatorial
mediante un conveniente pase a comisión. Es que entre sus miembros hay
representantes de departamentos con predominantes intereses agrarios que los ponen en aprietos cuando deben enfrentar de manera cotidiana una realidad cada vez más preocupante.

Al margen de la bastarda explotación mediática, el acto del 25 de Mayo no ha
fortalecido al oficialismo que logró concentrar apenas 50.000 almas frente al
Monumento al General Güemes. Mientras la policía reportó la asistencia de 46.000
personas, Defensa Civil incrementó la cifra a 60.000. Solamente el microfonista del
acto contó -por sí solo- una masa de 150.000 casi con el mismo rigor científico que
el INDEC kirchnerista. Tras la llegada de aproximadamente 800 micros con un promedio de cuarenta personas cada uno, muchos se preguntan dónde estuvo la tropa de Urtubey.

Las imágenes aéreas lastimaron el orgullo de quienes dicen representar el
progresismo y pagaron con fondos públicos la magra movilización. Una semana antes elclub de la villa San Antonio arrastró más gente en los cuartos de final del nacional “B”.

Los problemas han comenzado a proliferar y develan que la heterogeneidad de la
alianza electoral hace estragos. En la ciudad de Cafayate se produjo una insólita
corrida de usurpadores que invadieron una franja de aproximadamente cinco kilómetros en una zona colindante. Casi 800 personas fueron instigadas por un grupo de agitadores que responden al ex candidato a intendente por el urtubeysmo.

En medio de las inclemencias provocadas por la primera helada del año, permanecen en el lugar hombres, mujeres, ancianos y niños con la esperanza que les dieron los activistas de que en el acto del día de la Patria la Presidenta junto al Gobernador resolverían entregarles los terrenos. Sin embargo, desde el Fiscal de Estado, pasando por el Director General de Inmuebles y hasta el Intendente Esteban Ocampo pregonan a los cuatro vientos que la invasión no es tolerable y que se respetaran los derechos de las empresas bodegueras que, por cierto, tampoco poseían de manera efectiva los inmuebles afectados.

Casi como una paradoja, el inminente lanzamiento ordenado por una justicia condicionada por los designios políticos, les permitiría recobrar las tierras libres de las pretensiones de otras personas que, con mayor derecho, esgrimen que habitan los terrenos desde hace más de cincuenta años.

Es este un modelo a escala reducida de cómo trata los problemas el “gobierno del
cambio”: Mientras los punteros emocionan con discursos a los desposeídos e
irresponsablemente los lanzan hacia la ilegalidad, desde la cúpula gubernamental le dan la mano a los empresarios que, seguramente, comprometerán sus aportes para la campaña próxima.

Urtubey ha optado por preservar los vínculos presidenciales que exigen no solamente obsecuencia, sino temeridad a la hora de coparticipar en un extremo de los conflictos con profunda repercusión social. Sin embargo, semejante sacrificio
debiera compensarse con ingenio de gestión y prolijidad administrativa. Todo hasta
ahora ha quedado en el discurso que prometió la remisión del proyecto del Consejo Económico y Social, el rescate de las regalías hidrocarburíferas y la construcción de 3.000 viviendas en el presente año, entre otras acciones.

Las iniciativas huelgan por su ausencia, los bonos siguen cotizando en bolsa y, en el curso de esta semana, la presidenta del IPV ha anunciado que en el 2.008 se construirán menos de quinientas unidades habitacionales. El rumbo de la Provincia se ha tornado incierto, no por caprichos semejantes a los que dividen a la Nación, sino por impericia y negligencia.