El abogado Raymundo Sosa imputado en la causa La Ciénaga

noviembre 18 /2014

Raymundo Sosa

El fiscal 9, Rodrigo González Miralpeix, solicitó al Juzgado de Transición que tiene competencia en la causa de La Ciénaga la imputación formal del abogado Alberto Raymundo Sosa. Esto se hizo así, explicaron las fuentes, debido a que esta causa como otras tantas que se abrieron por hechos de corrupción en la gestión del ex gobernador, Juan Carlos Romero, se tramitan bajo el viejo código procesal penal, pues datan del año 2010.

El abogado Sosa “co autor del delito de peculado” junto a Romero y su hijo, Juan Esteban Romero, considerados claves por el fiscal para llevar a cabo la maniobra que despojó al Estado provincial de 90 hectáreas de La Ciénaga.

En la promoción interpuesta se acusó formalmente al abogado Sosa como “co autor del delito de peculado” junto a Romero y su hijo, Juan Esteban Romero, todos considerados participes claves por el fiscal para llevar a cabo la maniobra que despojó al Estado provincial de 90 hectáreas de La Ciénaga, las cuales habían ingresado para ser destinadas a viviendas sociales que nunca se construyeron, dejando a 1.800 salteños sin techo propio.

Para el fiscal Miralpeix, la intervención de Sosa fue “imprescindible” para que Romero, quien era su principal cliente e incluso amigo personal, pudiera junto a su hijo, Juan Esteban Romero, apropiarse de las tierras de La Ciénaga, donde la familia del ex gobernador tiene proyectado construir un exclusivo complejo de chalets de más de 800 hectáreas.

Miralpeix volvió a resaltar la promoción inicial que dio origen a la causa penal, pues, a su criterio, es clara la intención de los acusados de sustraer las 90 hectáreas del Patrimonio del Estado para apropiarse de dicho terreno, maniobra que Romero logró con éxito gracias a una “interposición de sujetos”.

La fiscalía sostuvo que estas personas actuaron como intermediarios en una “cadena” de operaciones inmobiliarias, las cuales tuvieron como único objetivo ocultar o camuflar el destino final de esas tierras, las que quedaron finalmente en el patrimonio de la sociedad Estancia El Carmen, presidida por Juan Esteban Romero, hijo del ex gobernador.

Para poder lograr este cometido, agregó el fiscal, se puso en marcha una compleja “ingeniería delictiva”, en la cual el abogado Sosa jugó un rol preponderante, pues acercó a Romero un intermediario que hizo de testaferro temporal de las 90 hectáreas, por las cuales también se estafó al Estado provincial en el valor del terreno.

Participación criminal

En la promoción, el fiscal estableció la actuación dentro del artículo 45 del Código Penal, el cual sostienen la imputación para aquellos que “tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo”.

Para la fiscalía, Sosa incurrió en el delito de “peculado”, el mismo por el cual están imputados Romero, su hijo, Juan Esteban y su tía Hermelinda Romero de Ramírez, Rubén Fortuny, Carlos Abeleira, Lucas Amado, Carmen Moreno, Guillermo Dimarco, Marcelo Alejandro Zárate, Víctor Manuel Brizuela, Laura Inés Wayar, María Cecilia Pérez de la Fuente y José Luis Agustoni.

Según el Código Penal, en su artículo 261, este delito será “reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.

De esta manera, Sosa se convirtió en el imputado número catorce de esta causa, la cual ya lleva más de tres años en los tribunales de la Justicia, sin que Romero haya podido prestar declaración indagatoria, acto procesal al cual el ex gobernador y su hijo temen.

Recorrido por las maniobras

En esta nueva acusación, el fiscal Miralpeix hizo un detallado recorrido de las maniobras que se llevaron a cabo desde que se adquirió la propiedad en cuestión, y las operaciones que se ejecutaron para poder arrebatar las 90 hectáreas del Estado provincial y escriturarlas en una empresa del hijo del ex gobernador.

En este complejo entramado delictivo, sostuvo el fiscal, el abogado Sosa fue una pieza clave, pues acercó al autor mediato del fraude, Romero, con la persona ideal para que pudiera sacar las tierras del patrimonio estatal sin que el hijo del ex gobernador tuviera que aparecer de manera personal en esta parte de la operación.

El fiscal ligó a Sosa con José Luis Agustoni, uno de los catorce imputados, con quien existen pruebas de una estrecha amistad con el letrado, incluso sostuvo que hay elementos que evidencian cuál fue el rédito económico que cobró Sosa en esta maniobra delictiva.