El gobierno no responde

julio 17 /2009
Andrés Gauffín

Plumada S.A.

El gobierno provincial no ha dado respuesta alguna a un pedido de información realizado en mayo de este año acerca de los pagos realizados durante los ejercicios fiscales 2007 y 2008 a Plumada, la empresa privada que desde 2006 guarda y digitaliza los archivos públicos de la Provincia.

El tratamiento de los asuntos públicos como un secreto se agrava cuando lo que un gobierno oculta documentación.

Las solicitudes fueron elevadas el 8 de mayo pasado por un particular, Andrés Gauffin, al ministro de Finanzas de la Provincia de Salta, con copia a la Secretaría General de la Gobernación. Pese a que ya transcurrieron más de cuarenta días hábiles, ningún funcionario dio una respuesta.

La guarda de los archivos en Plumada se rige por el decreto 1583 -dictado por Juan Carlos Romero y no objetado por la gestión de Juan Manuel Urtubey-, que establece entre otros puntos que la empresa cobra por cada caja guardada en sus depósito ubicados en el acceso a Salta, y que en caso de pérdida de alguna de ellas, sólo está obligada a devolver hasta el límite máximo del valor kilo papel, más el importe de un año de guarda.

En coincidencia con lo que había hecho la gestión anterior, la actual administración también ha encomendado a la empresa Plumada la digitalización de archivos, como el de las historias clínicas de pacientes de hospitales públicos.

El pedido de información elevado el 8 mayo pasado por Gauffin requiere copia de la documentación respaldatoria de los pagos mensuales y/o anuales realizados por la Provincia a la empresa Plumada durante los ejercicios 2007 y 2008 (órdenes de pago, facturas, recibos, remitos, etc.) y el total de las erogaciones por servicios de esa empresa durante dicho año. Tampoco tuvo respuesta un pedido similar elevado en agosto del año pasado.

La solicitud invocó el decreto 1574/02 dictado por la gestión de Romero, que establece en el primer artículo de su Anexo que “toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la Administración Central, Descentralizada, de Entes Autárquicos, Empresas, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria”.

A los efectos de su aplicación, el decreto considera como información “cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales si las hubiere”.

De acuerdo a la norma, las solicitudes deben ser satisfechas antes de los treinta días hábiles, que sólo pueden prorrogarse en forma excepcional y con comunicación expresa antes del plazo previsto.

La negativa a responder a los pedidos de información significa no sólo un notorio incumplimiento del decreto, sino también un desprecio por el principio de publicidad de los actos de gobierno de un sistema republicano, establecido por los artículos 1, 14 y 75 de la Constitución Nacional y el 61 de la Constitución Provincial.

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”, dice, además, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en Argentina tiene jerarquía constitucional.

El tratamiento de los asuntos públicos como un secreto se agrava cuando lo que un gobierno oculta es nada menos que la documentación que revela su relación con la empresa que guarda sus archivos. ¿Qué transparencia puede esperarse entonces con respecto al tratamiento de la documentación encomendada a esa firma?