Comenzará en Salta otro juicio por delitos de lesa humanidad

septiembre 29 /2015
Elena Corvalán

Marcos Levin y Joaquín Guil

El lunes 5 de octubre comenzará el noveno juicio por delitos de lesa humanidad perpetrados en la provincia durante la última dictadura cívico militar. Lo confirmó el lunes 28 de setiembre el Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta. En este caso serán juzgados tres ex militares, un comandante de Gendarmería y dos policías retirados, por delitos cometidos en perjuicio de 25 personas, 19 de las cuales han sido asesinadas o se encuentran desaparecidas.

El tercer día fue interrogado, golpeado y sometido a una picana. Así siguieron “hasta que tuve que hacerme cargo para que dejaran de torturarme”. Entonces lo llevaron a la oficina de Bocos, donde firmó la primera “confesión”.

Los acusados son los ex jefes de Policía Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz; el ex jefe de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil; el ex jefe del Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, Héctor Ríos Ereñú; el comandante principal retirado de Gendarmería Diego Alejandro Varas y el inspector mayor retirado de la Policía Arturo Madrigal.

Los cuatro primeros son reconocidos por sus acciones de terrorismo de Estado y ya cuentan con condenas, los dos últimos serán juzgados por primera vez por su supuesta participación en delitos de lesa humanidad.

Entre las víctimas se cuentan militantes políticos del norte provincial y docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta. Entre los primeros se cuentan el secuestro y asesinato de Nicolasa del Valle Montilla, en Tartagal; los secuestros y desapariciones de los militantes Mario Bernardino Luna Orellana, de Orán; Sergio Wenceslao Copa, sacado de la casa de su madre en el paraje El Ocultar; Santos Abraham Garnica, raptado de su casa en Orán, igual que David Reina León Paz; y la desaparición de Silvia Ruth Sáez de Vuistaz, secuestrada de su domicilio en Embarcación. También se juzgará la desaparición de Benita Giménez de Medina, secuestrada en Colonia Santa Rosa; y el secuestro de Raúl Araujo secuestrado en Orán.

Y volverán a tratarse, entre otros, los crímenes cometidos en perjuicio de Luis Risso Patrón, Oscar Alberto Bianchini, Néstor Díaz, Raúl Benjamín Osores, Felipe Burgos y las hermanas Torres. También será objeto de este debate la desaparición del estudiante Gregorio Tufiño Ruiz.

Se estima que la sentencia en este proceso se conocerá recién el año próximo, dado que deben declarar unos cien testigos.

Testigo sostuvo que Levín estuvo en
la Comisaría donde fue torturado

El testigo Jorge Arturo Romero aseguró el lunes 28 de setiembre que vio al empresario Marcos Jacobo Levín en la Comisaría 4°, donde él y otros trabajadores de La Veloz del Norte habían sido torturados y obligados a firmar una declaración en la que reconocían una supuesta estafa a la empresa.

“Estando en la Comisaría lo vi al señor Levín, lo vi en dos oportunidades”, siempre después de las 21. Aunque desde su celda Romero no veía la puerta de acceso a la oficina del subcomisario Víctor Hugo Bocos, que también está siendo juzgado en este proceso, el testigo sostuvo que la dirección del empresario hacía pensar que iba a esta oficina.

A sus tareas de policía Bocos sumaba una ocupación incierta en La Veloz del Norte. Varios testigos han afirmado que lo veían siempre en la empresa, al punto que pensaban que era empleado. Romero afirmó que lo vio con el uniforme de La Veloz. Y Ciriaco Norberto Justiniano, otro ex empleado que declaró en la víspera, dijo que ni siquiera sabía que Bocos era policía, para él era un inspector de la compañía que solía andar en el automóvil Ford Falcon celeste de la firma.

Romero, Justiniano y otros trabajadores fueron detenidos en enero de 1977, a raíz de una denuncia de Levín, que aseguraba haber sido víctima de una estafa por parte de algunos empleados.

Justiniano contó que existía una lista, y que si bien eran muchos los empleados citados a la Comisaría, los que estaban señalados con una equis en la lista quedaban detenidos, y fueron torturados, hasta que firmaron declaraciones confeccionadas con anterioridad en las que aceptaban responsabilidad en la acusación. Justiniano afirmó que los que detenidos eran los que participaban de actividades gremiales, que acompañaban al delegado interno, Víctor Manuel Cobos, en las acciones de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Este juicio es precisamente para determinar la responsabilidad de Levín y de los policías retirados Bocos, Enrique Cardozo y Víctor Hugo Almirón en la detención irregular y las torturas a Cobos. Los hechos de los que fueron víctimas otros empleados de la firma están tramitándose en otra causa.

Romero fue detenido en la empresa, Cardozo y otro policía de apellido Figueroa lo llevaron a la 4°. Pasó la primera noche en una celda. Al otro día “temprano” lo llevaron a “una piecita, hicieron arrancar una moto, prendieron una radio”, le vendaron los ojos y comenzó el interrogatorio: querían que hablara del supuesto fraude, como lo negó, recibió los primeros golpes. Al otro día se repitió la escena, solo que esta vez le preguntaron también por las actividades gremiales, volvió a negarse y se repitieron los golpes.

El tercer día fue interrogado, golpeado y sometido a una picana. Así siguieron “hasta que tuve que hacerme cargo para que dejaran de torturarme”. Entonces lo llevaron a la oficina de Bocos, donde firmó la primera “confesión”. Luego firmó otra en presencia del juez Trincavelli (fallecido).

Y luego fue trasladado a la cárcel de Villa Las Rosas, donde fue amenazado de muerte, con un arma en la cabeza, por negarse a continuar con una práctica de saltos de rana.

A Justiniano también lo torturaron desde el segundo día. Los verdugos eran Bocos, Cardozo, Figueroa y “Sapo” Toranzos: “Nos sacaban desnudos, nos mojaban, nos picaneaban por todo el cuerpo”. Y también firmó una declaración, en presencia del juez, de Bocos y Cardozo.

También el testigo Rubén Vrh contó que fue detenido y torturado en dependencias de la Comisaría 4°, y que fue obligado a firmar una declaración.

“Yo maté a San Martín”

Veinte o 30 días después Jorge Romero recuperó la libertad, y volvió a La Veloz del Norte para completar una paradoja: Marcos Levín le preguntó si era cierto que le había robado, Romero dijo que no, “¿Por qué te hiciste cargo entonces?”, quiso saber el empresario: “Por la tortura” fue la obvia respuesta; “si me hubiesen preguntado si yo maté a San Martín hubiera dicho que sí”, recordó Romero que le dijo.
Levín “esbozó una sonrisa, me dijo que le presentara la renuncia. Y me quedé sin trabajo”.

Inspección en una comisaría

El próximo lunes el Tribunal Oral de Salta inspeccionará el lugar donde funcionaba la Comisaría 4° de esta ciudad, en Lerma 656. Ese lugar figura en el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) como un centro clandestino de detención.

Ahí fueron torturados los empleados de La Veloz del Norte denunciados por el empresario Marcos Levín. La inspección se hará con el aporte de testigos que serán propuestos por los fiscales y las querellas.

Confirman el procesamiento
a Lona en la causa Ragone

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó la resolución por la que el juez federal Fernando Poviña procesó al ex juez federal Ricardo Lona por encubrimiento del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

La novedad se conoció ayer, tal como se había anticipado en la audiencia llevada a cabo la semana pasada, en la que la Fiscalía pidió el agravamiento de la acusación contra el ex juez. Escuetamente, se indicó que el tribunal de alzada rechazó el pedido del fiscal federal Horacio Azzolín para que Lona fuera imputado como partícipe del homicidio de Ragone. Y se indicó que el tribunal también rechazó el pedido de la defensa de Lona.

Aunque se descuenta que la defensa seguirá la vía de las apelaciones, desde la Fiscalía se adelantó que ya no se insistirá en la vía recursiva, con el propósito de allanar el trámite para que se llegue cuanto antes a la instancia de juicio oral.
A Lona también se lo investiga en relación a la Masacre de Palomitas, la matanza de 11 detenidos que estaban en la cárcel de Villa Las Rosas, el 6 de julio de 1976. En este caso la Justicia sí aceptó el planteo de la Fiscalía y el ex juez está ya procesado como partícipe necesario de la Masacre. Además se lo investiga por supuestos delitos cometidos en relación a otros hechos de terrorismo de Estado.

  • Informe: Elena Corvalán
    elenac75@yahoo.com