El pago de un $1.500.000 a Lozano

Dr. Carlos H. Saravia
enero 5 /2010

Miguel Isa y los radicales

Fue la operación inmobiliaria más importante en la historia de la Intendencia capitalina compartida por las dos últimas gestiones justicialistas. A mi criterio, la decisión que se tomó en el medio del fragor electoral buscó preservar el capital político del oficialismo. El Tribunal de Cuentas Municipal es el único que tiene la llave para anular la última decisión política que beneficia nuevamente a Lozano.

Peritos de la Corte de Justicia de Salta consideraron razonables las valuaciones involucradas en la permuta.

En el curso de esta semana se produjo una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria del Concejo Deliberante, a instancias de un pedido que formulé el 22 de Diciembre pasado, que contó con la presencia de funcionarios del Departamento Ejecutivo.

El pago de un millón y medio de pesos al empresario Roque Lozano, como consecuencia de la demora en la entrega de los edificios que fueron permutados a cambio del inmueble en el que se erige actualmente el Centro Cívico Municipal, despertó inquietud ciudadana y es bueno que se den las explicaciones del caso.

El cuerpo legislativo debe hacer uso de las atribuciones que se le asignaron para controlar los actos de gobierno. Las expresiones vertidas por los informantes me llevan a concluir que los apuros por construir el edificio aglutinador de todas las dependencias –objetivo político cuya conveniencia no está en debate - han signado una secuencia en la que se entreveran responsabilidades varias.

Es que la operación inmobiliaria más importante en la historia de la Intendencia capitalina fue compartida por las dos últimas gestiones justicialistas.

El ex gobernador Juan Carlos Romero, y las cámaras legislativas que a este fin sesionaron de manera extraordinaria en el verano de 2007, cedieron bienes provinciales en el megacanje. Cuando ingresó, Juan Manuel Urtubey avaló el crédito varias veces millonario del Banco Macro S.A. a favor del municipio.

Edificio histórico de La Florida 20

En un contexto de marchas y contramarchas por la obtención del financiamiento, las demoras en la mudanza eran previsibles. Desde la frustración de la operación con el Banco Patagonia y hasta que se logró su concesión por el Banco Macro, pasando por el tiempo que irroga una licitación y la ejecución de la obra, transcurrió el tiempo originariamente previsto para inaugurar el edificio.

La mora en a obtención del crédito no es sólo consecuencia de la retracción de la economía en ese período crítico, sino de funcionarios que en distintos tiempos forjaron un perfil financiero negativo del Municipio y fueron poco diligentes para prever el rechazo de la banca privada. El crédito sólo se otorga a los gobiernos solventes y prolijos con sus cuentas.

La UCR de Salta decidió hace más de dos años interponer una denuncia penal por interpretar que existía fraude en contra del Municipio ante valuaciones que contrastaban groseramente con las practicadas por la Cámara Inmobiliaria de Salta.

Fue la única fuerza política que recurrió a los mecanismos institucionales para revertir la operación y responsabilizar a los funcionarios que intervinieron. En ese entonces, ni el Concejo Deliberante ni el Tribunal de Cuentas Municipal habilitaron los procedimientos tendientes a preservar el erario público. Fueron pocas las voces que acompañaron la denuncia.

Luego de que la Fiscal Penal Dra. Emma Puente promoviera acción penal, y del tránsito por un proceso en el que nunca existieron imputados directos, hace tres meses la justicia archivó la causa fundando su decisión en el dictamen de peritos de la Corte de Justicia de Salta que consideraron razonables las valuaciones involucradas en la permuta.

A mi criterio, la decisión que se tomó en el medio del fragor electoral buscó preservar el capital político del oficialismo.

Hemos apelado a la última razón del Estado y no obtuvimos los resultados esperados. Sostengo que el tercer poder sigue divorciado de la ciudadanía y me acerco a la certeza de que padece dependencia política inadmisible cuando se trata de investigar delitos contra la administración pública. En definitiva, acato pero no obedezco.

El Tribunal de Cuentas Municipal es el único que tiene la llave para anular la última decisión política que beneficia nuevamente a Lozano, si encuentra elementos para determinar que el daño se traduce en la suma pagada por la ocupación de los edificios en cuestión.

El Procurador Municipal consideró que no era necesario darle intervención previa en este caso. Otros pensamos que siempre tiene que habilitarse el control oportuno en todas las operaciones de magnitud económica, aún cuando los resultados sean previsiblemente similares a los de la justicia complaciente. Quizás en algún momento nos sorprendan con honestidad republicana.

A la desilusión repentina de algunos vecinos que cobraron conciencia de que el hecho no tiene remedio, debemos sumar la frustración continua que nos acompañó durante dos años. Nos complace que, aunque tarde, reconozcan que era verosímil nuestra denuncia.

Los radicales no tenemos nada de que arrepentirnos y no nos corren por izquierda los que se disfrazan de críticos según la conveniencia. Fueron más de 700 los días en que los que el silencio gobernó a quienes ahora se muestran como improvisados opositores.

  • Concejal de la UCR