El represor Joaquín Guil vuelve a su casa

febrero 23 /2012
Elena Corvalán

Joaquín Guil

Finalmente el juez federal Julio Leonardo Bavio le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al ex comisario general de la Policía de Salta, Joaquín Guil, quien cuenta con dos condenas, a prisión y a reclusión perpetua, por su participación en dos hechos emblemáticos de los crímenes cometidos por la represión estatal y paraestatal en Salta: la matanza de 11 presos políticos conocida como Masacre de Palomitas y en el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

La decisión del juez Bavio se basó en un dictamen del perito médico Cristian Rando, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

La decisión del magistrado es del 22 de este mes pero trascendió ayer: “Conceder el beneficio de la prisión domiciliaria al causante Joaquín Guil”, dice en su lenguaje técnico la resolución tomada en el expediente nº 138 en el se tramitó el pedido de volver a su casa que hizo Guil en enero pasado.

La decisión del juez Bavio se basó en un dictamen del perito médico Cristian Rando, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien tras revisar a Guil, el 10 de febrero, concluyó en que la prisión domiciliaria constituye “una alternativa médicamente fundamentada en el presente caso”. Según indicó, el represor, de 75 años, padece, entre otras afecciones, de una obstrucción severa en una arteria, sufrió un infarto, es diabético, tiene insuficiencia renal y es hipertenso.

Los querellantes estudian la posibilidad de apelar la decisión del magistrado. La abogada Tania Kiriaco, representante de familiares de víctimas, consideró que hubo “un exceso en el dictamen de Rando” al afirmar que el represor “se encuentra encuadrado dentro del marco del artículo 32 de la ley 24660, según la ley 26472, constituyendo la prisión domiciliaria una alternativa médicamente fundamentada en el presente caso”. “Él no puede opinar en lo que no sea tema médico, se extralimita en su dictamen”, señaló la abogada, quien se quejó de que los represores “entran por una puerta y salen por la otra”.

Guil, hombre fuerte de la represión salteña desde tiempos de la dictadura de Onganía y que parece mantener parte del entramado del poder, viene beneficiándose con la prisión domiciliaria prácticamente desde el momento en que comenzó a ser seriamente investigado por los numerosos crímenes de lesa humanidad en los que está implicado, en junio de 2007.

Entonces la jueza ad hoc Gladis Comas lo mantuvo detenido por escasas horas, luego de indagarlo en el marco de la causa por el fusilamiento de once personas en las cercanías del paraje Palomitas, cometido el 6 de julio de 1976. Convenientemente, a pesar de la insistencia de los familiares de las víctimas, el ex director de Seguridad de la Policía de la provincia recién fue indagado una vez que hubo cumplido los 70 años. Su edad fue precisamente el argumento que pesó para que a poco de detenerlo se le concediera la posibilidad de ir a su casa, en la villa veraniega de San Lorenzo, bajo la custodia de su propia esposa.

Volvió a ser detenido en octubre de 2007, esta vez por orden del entonces juez federal Abel Cornejo, que lo investigaba por las torturas y el asesinato del joven militante justicialista Eduardo Fronda, cometido el 8 de enero de 1975. En diciembre del mismo año Guil obtuvo la prisión domiciliaria, dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, pero siguió detenido, en dependencias de Gendarmería, porque pesaba contra él otra orden de detención dictada por su participación en la desaparición de Ragone. Pero ya la Cámara había sembrado la semilla para darle la prisión domiciliaria también en relación a esta causa.

Guil no pisó una cárcel hasta diciembre del año pasado, cuando el juez Bavio lo condenó a reclusión perpetua por la Masacre de Palomitas y ordenó que cumpliera su condena en la cárcel federal de Güemes. Los relatos de los testigos del momento de la notificación dan cuenta de la incredulidad del represor, que llegó a afirmar que lo llevaban preso, dejando en claro que para él la prisión domiciliaria no representaba una condición de detenido. Poco estuvo en la cárcel: a principios de enero pasado fue internado en el sanatorio CENESA, aduciendo que se encontraba enfermo.

Durante la feria judicial de enero una jueza subrogante ordenó que fuera devuelto a la cárcel de Güemes pero Guil se descompuso y los integrantes del Servicio Penitenciario optaron por dejarlo en el sanitario.

Posteriormente, en una audiencia en el Juzgado, el médico Oscar Gavenda, del equipo del sanatorio y que firmó la certificación sobre la salud del represor reveló que permaneció en una habitación común y concedió que podía volver a la prisión si contaba con atención de enfermería.

Antes de resolver en el pedido de prisión domiciliaria, el juez Bavio pidió la opinión de un perito del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El doctor Rando opinó que debía volver a su casa en San Lorenzo, el lugar donde esperará la realización del juicio oral que se iniciará el 14 de mayo, en el que será juzgado por la desapariciones de Silvia Aramayo, Oscar Alberto Bianchini, Néstor Miguel Díaz, Ramón “Chicho” Gallardo, Víctor Brizzi, Carlos Estanislao Rojas, Gemma Fernández Arcieri y Héctor Gamboa, y el asesinato de Martín Miguel Cobos.

  • Informe: Elena Corvalán
    Periodista