El tiempo de la reparación

febrero 15 /2011
Dr. Carlos María Romero Sosa

Cuando pocos meses atrás, una artera campaña de prensa desatada en algunos órganos masivos de información, se ensañó contra un probo, eficiente y democrático funcionario de mi conocimiento, con el evidente propósito de hacerle perder el puesto que desempeñaba y sobre todo impedir su designación en otro cargo superior –de nivel ministerial- para el que era firme candidato, se me representó, identificando “internismos” espurios ventilados por cierto periodismo amarillo, ni informativo ni formativo, lo acontecido años atrás con la diplomática dominicana acreditada en la República Argentina Amanda Cabral.

Involucrarse con el destino de las mujeres explotadas y así poner en duda algo de uno de los mayores negocios mundiales.

Se trata de “Chinchina”, alguien inteligente, amable y por cierto querible, que entre otros dones trajo desde la cuna ese sobrenombre que la convierte en personaje literario evadido de las páginas del primoroso libro de infancia -tan admirado por Gabriela Mistral- “Chinchina busca el tiempo”, obra premonitoria de la que sería su propia niñez, transcurrida entre Santo Domingo y Buenos Aires donde nació. Fue escrita por su padre, el universal Manuel del Cabral, a quien cuando se cumplió el centenario del natalicio -en la ciudad de Santiago de los Caballeros-, tuve el honor de evocar en octubre de 2007, en la Biblioteca Nacional, en una conferencia que con poemas musicalizados del autor de “Trópico negro” ilustró César Isella.

En cuanto a las circunstancias dolorosas de índole burocrática por ella sufridas entro en tema. No es novedad que hay un submundo de prostitución moviéndose entre el país antillano y el nuestro y que muchas autoridades de aquí y sin duda de allá, no actúan sobre el drama con la diligencia y la severidad necesarias.

Leo un artículo a cuatro columnas publicado en Clarín (8-02-2011) con el siguiente título: “Crítico informe de EE.UU. sobre trata de personas en Argentina. Lo realizó el Departamento de Estado”. Se asegura allí que nuestro país es de origen, tránsito y destino de niños hombres y mujeres, destacándose la condición de las inmigrantes dominicanas de bajos recursos. Sin palabras.

“Chinchina” me ha narrado los riesgos incluso físicos afrontados por ella y su familia en razón de su disposición de asistir a las víctimas. Tan en serio hizo su trabajo que participó en reuniones con miembros de la Policía Federal y de la Cancillería a fin de tomar medidas concretas y conjuntas contra la lacra de esa forma de esclavitud. Sé que redactó e hizo editar folletos distribuidos por el Consulado Dominicano en Buenos Aires –cuando estaba a su cargo- para orientación de las muchas compatriotas –carne de la trata- llegadas al país con dudosas promesas laborales.

Y me consta que costeó de su bolsillo pasajes de regreso a más de una chica rescatada en los sórdidos “no lugares” del vicio y la marginación; como que cabe adaptar la terminología del antropólogo francés Marc Augé a los “saunas” y a las zonas rojas de las calles del barrio porteño de Constitución donde las dominicanas suelen vender su cuerpo, confluyendo en el escándalo de los burdeles que tiempo atrás despertaron la bochornosa hilaridad del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mauricio Macri.

He puesto atención a los informes y memorandos oficiales que la cónsul elevó a sus superiores en Santo Domingo, poniendo en conocimiento la gravedad del delito organizado y continuado, a perpetrarse sobre cantidad de compatriotas reducidas a servidumbre de hecho y por lo mismo en abandono jurídico y económico. Pero claro, hay temas en los que involucrarse conlleva la sospecha y de la sospecha al agravio gratuito suele haber un paso, fácil y hasta tentador para quienes gozan o lucran con el escándalo.

Resulta bien sabido que todo lo vinculado con la prostitución es y ha sido un tema tabú para la sociedad. (En rioplatense al menos y no casualmente “sociedad” significa también “alta sociedad” pacata e hipócrita.)

De allí que al respecto convenga dar vuelta la página, aunque el efecto de silenciar el tema hasta en el lenguaje y sacarlo así de la circulación pública, sea la inacción contra las mafias internacionales de rufianes. No en vano se fueron creando eufemismos para hablar o callar sobre ese cáncer social notoriamente forzado -en general- por situaciones de miseria que conviene guardar bajo la alfombra : “casas de tolerancia” o posmodernas “casas de masajes” por “prostíbulos” y “oficio antiguo” y hoy “gatos“ por prostitutas.

Claro que hay gente que no se rinde en este combate desigual y sabiéndolo o no sigue la huella de los pocos que se animaron a darlo por de pronto en la Argentina. Así el escritor Manuel Gálvez que con visión humanitaria denunció la cuestión en la novela “Nacha Regules” de 1919. O el comisario Julio Alzogaray, que fue pesadilla de los miembros de la tenebrosa Swi Migdal. O monseñor Miguel de Andrea velando desde la Casa de la Empleada que había fundado, por la salud física, psíquica y espiritual de las mujeres de condición humilde tironeadas por “cafishios” y “canfinfleros” –valgan los lunfardismos- para “hacer la calle”.

Y mucho bregaron en el Congreso Nacional tanto los socialistas Alfredo L. Palacios o Ángel Giménez, cuanto los legisladores de extracción católica cordobeses Arturo Bas y Juan Cafferata, sostenedores en 1913 del proyecto de Palacios para sancionar con mayor rigor el rufianismo. Y más tarde el conservador progresista salteño Carlos Serrey, miembro informante en el Senado de la ley 12331 -de 1936-, conocida por ley de profilaxis de las enfermedades venéreas o de profilaxis social. Y recientemente el legislador por Tucumán Gerónimo Vargas Aignasse, que propugnó en el año 2006 reformar el Código Penal para elevar las penas de los delitos contra la libertad y la integridad sexual de las personas.

Ahora, además de recordar estos y otros antecedentes, debo imaginar a una mujer bella y delicada, criada entre libros, frecuentada por artistas e intelectuales, memoriosa de anécdotas con varios presidentes de América, aunque durante sus funciones con prerrogativas en general de índole protocolar, porque de eso se tratan los fueros diplomáticos y consulares, y como tal sin tener influencia en los organismos de seguridad e inteligencia; y así y todo viéndoselas con la cara más cruel y desenfadada de la trata de personas.

Me es fácil suponerla tocando puertas donde quizá respondieran camuflados cómplices de la infamia, ya que la corrupción política latinoamericana tiene conexiones mafiosas y no descubro la pólvora con afirmarlo. “De hecho, una de las formas más habituales de la financiación de la política ha sido la relación de los ’punteros’ y recaudadores partidarios con las organizaciones dedicadas a la explotación sexual”, escribe Federico Andahazi en el último volumen de su obra “Pecadores y pecadoras”. Historia sexual de los argentinos”. (Planeta, 2010)

Pero lo peor de todo este infierno es que tiende a anular a quienes se acercan a sus dominios luciferinos, para ejemplificar al resto de los mortales sobre lo que no se debe hacer nunca: involucrarse con el destino de las mujeres explotadas y así poner en duda algo de uno de los mayores negocios mundiales.

(Las meretrices dominicanas, se rumorea, son las peor pagas en la oferta de sexo por aquí y ello precisamente en virtud de la ley de la oferta y la demanda, debido a la gran cantidad de inmigrantes legales e ilegales de esa nacionalidad arribadas al país con la voluntad viciada por falsas promesas de trabajo en la Argentina.)

Tengo ante mi vista, entre otros documentos, la certificación suscripta por la doctora María Fernanda Martínez, secretaria del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 27 a cargo del doctor Alberto Julio Baños, donde tramita la causa por asociación ilícita para promover y facilitar la salida de su país y la entrada aquí de mujeres dominicanas traídas con engaño para ejercer la prostitución. Ese instrumento fechado en agosto de 2003 expresa que no fue involucrada la ministro consejera Amanda Cabral en dichas actuaciones.

Sin embargo y más allá de un informe judicial sin eco en los periódicos, la señora Cabral debió padecer los coletazos del “miente, miente, que algo queda”, ello a través de una operación mediática que la dejó sin fuerzas y le resintió la salud.

Por eso afirmo y reafirmo que “Chinchinsa busca el tiempo”: sí, esta vez el tiempo de la reparación moral.