Actualidad Lunes 4 de octubre de 2010 - Por José Acho

“Esteban Dubois no puede ser juez de la democracia”

Jueces en delito permanente (Nota II)

¿Qué porcentaje de los jueces de Cámara y de Corte en ejercicio en la actual Justicia de Salta habrían participado o actuado como jueces del “proceso”? El doctor Fernando Chamorro, un respetado abogado del foro local, ex dirigente radical, preocupado por el tenor de sus fallos en las causas que le tocó litigar, señaló y aportó indicios a Salta Libre, sobre al menos a tres jueces de Cámara habrían trabajado en tiempos del "proceso" y que hoy están en ejercicio en Salta.

Su situación se agrava con el ocultamiento de antecedentes ya que ese período no consta en su legajo en la Justicia. Hasta la fecha no lo ha explicado formalmente.

Sobre uno de ellos publicó el domingo 4 de setiembre una solicitada abierta en Nuevo Diario en el que acusa en duros términos y en forma directa al Juez 1ª Instancia, Juzgado de Instruccion formal 2da. Nominacion Esteban Daniel Dubois. “Ud. no puede ser Juez de la democracia si fue fiscal ascendido a Juez de Instrucción por Bussi” (…). “Es un deshonor cobrar sueldos ahora, si lo percibió por colaborar activamente por la dictadura” (…), afirma en la solicitada.

Con antecedentes similares a los encontrados además del magistrado Esteban Daniel Dubois Fleming, están Edgardo Daniel Albarracín y Felix Costas, quienes se encontrarían en delito permanente por las desapariciones forzadas de personas producidas en sus jurisdicciones mientras desempeñaron sus cargos.

En una recusación escrita presentada el 7 de setiembre de 2010 a la sala de Cámara de Apelaciones Penales, el abogado Chamorro sostuvo que “como mínimo a esos jueves les faltaría dignidad y solvencia moral, recaudo indispensable para el desempeño del cargo en la Justicia de Salta”. Inclusive presentó pruebas de uno de ellos que “ocultó o eludió prolijamente en sus legajos oficiales su pertenencia como juez y asesor de la Policía de la dictadura en Tucumán”.

Según el escrito los jueces cuestionados muestran un “absoluto desprecio por sus convicciones para negar la vigencia del derecho cuando en diversos casos sostienen que se aplican “otras normas porque en el proceso penal “no rige el derecho común”. O que el derecho vigente es opinable” cuando existen garantías y principios que integran el debido proceso consolidado en las Constituciones Provincial y Nacional y en los Tratados Internacionales, fuera de toda “interpretación” posible”.

Los antecedentes oficiales

El juez Estéban Dubois en desempeñó como Fiscal Penal y Juez de Instrucción en San Miguel de Tucumán. Según consta en un legajo al que Salta Libre tuvo acceso desde la Secretaría Administrativa del Poder Judicial de Tucumán, fue Agente Fiscal en lo penal de la III Nominación desde el 25/5/1977 al 14/8/1978 y Juez de Instrucción Penal de I Nominación desde el 15/81978 al 28/3/1984.

Fue en ese período 77/84 cuando se cometieron secuestros, torturas y las desapariciones de al menos 200 personas en el Caso “Central de Policía” de Tucumán. Chamorro dijo que “El juez Dubois no podía ignorar lo que sucedía en los Centros Clandestinos de Detención (CCD), en especial sobre ese resonante juicio cuyo testigo clave, de apellido Clemente, presentó listados de detenidos que se remiten a la época del horror. Al lado de sus nombres y apellidos aparece la señal de la muerte con la sigla “DF” (Destino final)”.

Ese juicio culminó hace poco con la condena del genocida Benjamin Menéndez a cadena perpetua. “Durante esa oscura época las convicciones podían tener cierta aceptación, pero resulta un deshonor que las continúe ejercitando en la Democracia y percibiendo sueldos por ello”.

Fernando Chamorro pide que si los datos sobre sus antecedentes en Tucumán son fehacientes, “el juez Dubois debiera renunciar y contribuir a indicar la participación que tuvo en ese caso, su conocimiento sobre documentación similar probatoria que necesariamente debía acumular en sus despachos, por cuanto fue fiscal penal y luego nada menos que Juez de Instrucción. La contraprestación era el cobro de sueldos de la dictadura”, recalcó.

“Las desapariciones de personas tipifican delitos que no prescriben hasta que reaparece la víctima, ó existe certificación de su muerte. Su situación se agrava con el ocultamiento de antecedentes, ya que ese período no consta en su legajo en la Justicia de Salta, cuestión que hasta la fecha no ha explicado formalmente”.

En la misma condición de juez del “proceso” que sirvieron a los intereses espurios de la dictadura, se encontraría el Dr. Luis Felix Costas, que en el libro “Tropiezos de la Memoria”, aparece citadon en las paginas 128 y 145, como que habría sido designado juez de Instrucción de “Orán- Tartagal”, por decretos 636, B.O. el 31/3/77, período con varios detenidos desaparecidos, entre ellos el del escribano Aldo Melitón Bustos.

Los dos derechos

Según los fundamentos de la recusación “a los jueces del “proceso” en los casos que les toda intervenir les cabe una común interpretación: la absoluta falta de respeto por los hechos y el derecho, recurriendo en forma permanente a los delitos para procurar sancionar o de lo contrario, introducir elementos que pueden significar la pérdida de los escasos bienes que poseen los acusados. Los jueces que sirvieron al “proceso”, y que ahora continúan ejerciendo en la democracia, se caracterizan por su apegos a los “dos derechos” que acostumbran a esgrimir pervirtiendo sus fallos con conceptos totalitarios de absoluto desprecio por la ley vigente”.

Sobre el juez Dr. Edgardo Francisco Albarracín constan también que fue Asesor Letrado de la Unidad Regional Sur de la Policía de Metán, según Decreto 2795/76, desde del 10/1176 al 30/11/79, una época también de secuestros, desapariciones y tortura en Metán, lugar donde también con 40 balazos abandonaron en la plaza de esa ciudad el cuerpo del profesor Risso Patrón.

Albarracín fue nombrado en el caso de la “Masacre de Palomitas” por uno de los detenidos también por el caso “Ex Gobernador Ragone”, el policía retirado Andrés del Valle Soraire. En su declaración publicada en los medios locales dijo que “el magistrado incluyó en su expediente un peritaje en el lugar de otro, y con eso, lo hicieron condenar a Saravia”.

Soraire aseguró a la prensa que “no sabe por qué el juez actuó de esa manera, dado que, según su versión a medianoche del 70, cuando se desempeñaba como abogado de la Policía le enviaba casos para que los atendiera y luego fue asesor de esa fuerza”.

“En el seno de la Justicia de Salta subsiste indicios de gravedad institucional e interés legítimo para objetar el desempeño de cargos de jueces que a juzgar por los indicios expuestos fueron personajes insignes de la dictadura que deshonran la democracia”, asegura en la recusación.

Democratizar la Justicia

En Salta renovar y democratizar la Justicia de Salta es una asignatura pendiente. La mayoría de los jueces responden a intereses personales, económicos y a corporaciones. La historia confirma que la Justicia siempre defendió intereses de la derecha, por lo que se asegura que la Justicia en la Argentina fue siempre de derecha. En Salta hay no indicios de excepción por las la llamativa lentitud en el seguimiento de las causas que involucran a los derechos humanos y juicios pendientes de lesa humanidad.

De otra manera hubiera sido impensable que las causas de Palomitas, Melitón Bustos, Ragone, Rizzo Patrón, hayan permanecido sin resolución por más de 30 años. Recién en los últimos tiempos pudieron reactivarse, a fuerza de la presión actividad ejercida por las diversas organizaciones de Derechos Humanos. Aun así tampoco algunas avanzaron demasiado y otras permanecen estancadas.

En cuanto a qué porcentaje de los jueces de Cámara y de Corte en ejercicio en la actual Justicia de Salta habrían participado o actuado como jueces del “proceso”; sería impensable saber también cuantos magistrados que hoy están interviniendo en las diferentes causas archivadas en los foros penales fueron formados o estructurados durante el proceso con el más absoluto desprecio de la libertad, la vida y los derechos humanos, sólo por cobrar los sueldos de la dictadura como contraprestación.

  • José Acho
    Periodista
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