Rafael Nahuel baleado por la espalda

Fuerzas federales, represión y asesinato

noviembre 26 /2017

Amnistía Internacional pidió explicaciones a la Ministra de Defensa Patricia Bullrich y su mano derecha Pablo Noceti, por la represión al pueblo mapuche en Villa Mascardi y el homicidio de Rafael Nahuel. Violento aparato represivo por desalojos.

“Se repite la intervención de las fuerzas de seguridad en el marco de los reclamos de las comunidades indígenas".

Las fuerzas federales de seguridad que comanda Patricia Bullrich, volvieron a quedar en el centro de la escena por el operativo que derivó en la muerte del joven Rafael Nahuel en Río Negro, baleado por la espalda el sábado 25 de noviembre por el grupo Albatros.

Desde la Cámara de Diputados representantes de varias provincias denunciaron el hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por otro lado Aministía Internacional exhortó también a la ministra de Seguridad y a su jefe de Gabinete a que precisen cómo fueron los operativos represivos del jueves 23 y sábado 25 de noviembre en Río Negro.

”Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sea utilizado como último recurso y con estricto apego a estas normas”, puntualizaron.

Conflicto de emergencia territorial

Alertaron además por los "focos de tensión" que genera la “demora estatal en la efectiva implementación" de la Ley de emergencia territorial.

Amnistía Internacional emitió un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Seguridad de la Nación para que dé explicaciones sobre el accionar de Prefectura durante los operativos del jueves y el sábado pasado en Río Negro, cerca del lago Mascardi.

La solicitada del organismo internacional fue enviada a la ministra Patricia Bullrich y al jefe de Gabinete de ese ministerio, Pablo Noceti, para que ambos detallen cuáles fueron los “fundamentos jurídicos” de los procedimientos realizados contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

Rafael Nahuel, asesinado por las fuerzas federales de un balazo en la espalda.

“Es indispensable exigir a las autoridades responsables del Poder Ejecutivo que brinden explicaciones y una estricta rendición de cuentas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad”, manifestó Amnistía Internacional en un comunicado.

También advirtió su “máxima preocupación” porque “se vuelve a repetir una intervención de las fuerzas de seguridad en el marco de los reclamos de las comunidades indígenas, con consecuencias drásticas”.

Allí convocaron además a las autoridades “a abrir canales de diálogo para resolver los conflictos territoriales”. ”Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sea utilizado como último recurso y con estricto apego a estas normas”, puntualizaron.

En el escrito reconstruyeron los dos días en los que se desarrollaron los operativos en terrenos ubicados sobre el kilómetro 2.006 de la ruta nacional 40 y resaltaron que se llevaron adelante “en el marco de un conflicto territorial”.

La llaga de Santiago Maldonado

En consecuencia, la organización envió también cartas a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores de la Nación para que “cumpla un rol fundamental en el monitoreo y efectiva implementación” de la ley de emergencia territorial (26.160) por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

Amnistía Internacional enmarcó este episodio, sucedido cuatro meses después de la represión a la comunidad Pu Lof de Resistencia Cushamen en la que falleció Santiago Maldonado, con otros porque advirtieron que en los último años se “aceleró el proceso de despojo territorial de las comunidades indígenas”, según pudieron constatar en relevamientos propios.

Desalojos de pueblo indígenas

“Los graves hechos ocurridos en Villa Mascardi se suman a los numerosos desalojos que sufren frecuentemente los pueblos indígenas a lo largo de todo el país y que vulnera sus derechos humanos, a pesar de la suspensión a los desalojos dispuesta por la recientemente prorrogada ley 26.160 de emergencia territorial”, agregaron.

Insistieron en que los problemas que implica la “demora estatal en la efectiva implementación de la ley” para que las comunidades indígenas puedan “avanzar en los procesos de reivindicación y titulación comunitaria de sus territorios”.

“Eso obliga a las comunidades a optar por estrategias de recuperación que profundizan las tensiones entre Estado y los pueblos indígenas, generando escenarios en donde la respuesta ha sido la persecución, criminalización y hostigamiento de las comunidades por parte de las fuerzas de seguridad estatales”, concluyeron.

- Fuente: Página 12