Wayar, sumiso y módico de intelecto, la continuidad del modelo

Insaciable e irrefrenable rapaz

junio 4 /2007

En nuestra Salta la linda, pareciera que no somos una sociedad propensa a vivir y a exigir los derechos que como ciudadanos republicanos -forma de gobierno representativo en que el poder reside en el pueblo- nos asiste y que como "órganos de control" naturales tenemos sobre la cosa pública (el propietario es el pueblo). Si no fuese así el administrador Juan Carlos Romero -rapaz emblemático, insaciable e irrefrenable del patrimonio del Estado Provincial o del pueblo en general- y sus acólitos no harían lo que hacen.

Estas evidencias tajantes de ilegalidad y la propagación endémica de la corrupción, son las políticas y prácticas de continuidad que predica el experimentado sumiso y módico de intelecto, dibujado gerente público, el candidato a gobernador delegado, Walter Wayar.

Pero si toleramos que se haga lo que ya se hizo y persisten en realizar con la cosa pública en nuestra Salta: el descalabro del descontrol y caos de las cuentas públicas, entrega ilegal e inconstitucional de la documentación pública a cómplices con la connivencia de la Corte de Justicia local, dudosas privatizaciones, y asegurar por ley el pago de una deuda provincial por emisión de títulos públicos de una suma significativa de millones de dólares y que a su vez se habría canalizado la compra de la misma a través de "inversores" de su entorno, que en nada condice con la declamada administración ordenada; que no quepan dudas, también estamos matando no sólo nuestro futuro, sino también el de nuestros hijos y generaciones futuras, y permitiendo condicionar la gestión de la Provincia con los "acreedores" de esa deuda. Objeciones legítimas que tienen la obligación de explicar a la sociedad. Estos son los ejes reales de la caja de Pandora.

No se trata de si Romero y su séquito se han propuesto que la Provincia camine por la cornisa de las Instituciones, tampoco de errores prácticos de gestión, ni siquiera de errores políticos, sino de un premeditado saqueo de la cosa pública y las resultantes consecuencias nefastas del conjunto de la sociedad. Casos, entre otros, la precariedad salarial y laboral de docentes y agentes sanitarios, quita arbitraria de la apoyatura docente, pillaje del adicional fijo ley 6.929 de los trabajadores de la administración centralizada, deliberadas persecuciones a quienes se atreven a objetar sus ideas o trastadas y sojuzgan sus derechos constitucionales, miles de trabajadores en negro en el Estado que están con desprotección legal, privación de beneficios, carencia de seguridad social, que significa mayor incidencia de la pobreza y el desempleo, y que tienen derecho a gozar de los beneficios de una vida digna. La informalidad laboral es la base de la exclusión social. Y que insoslayablemente no debemos permanecer indiferentes. Nada es perenne en el tiempo, un golpe de viento puede cambiarlo todo.

El caos de las Cuentas Públicas

Ratificamos públicamente -porque actualmente no hay garantías en sede judicial- la conducta delictual de la que a prima facie consideramos responsables: al Gobernador, Juan Carlos Romero; al Senador Provincial, Fernando Yarade; y al Ministro de Hacienda y candidato a Vicegobernador del Justicialismo, el contumaz prevaricador, Javier David. Un pesado lastre de las reminiscencias residuales del menemismo. Se refiere a la imputación contable de la Hacienda Pública Provincial, en función de un "Proyecto de Ley de Administración Financiera" y un "Proyecto de Decreto Reglamentario" que legalmente en la práctica, los presuntos instrumentos públicos no existen.

Este sistema anómalo se implementó en los primeros días de enero de 2.004 y se desarrolla hasta la fecha. Hace virtualmente tres años y medio que se está llevando a cabo este público y urdido acto criminal o grave delito, y tácitamente con la gravísima permisividad y/o complicidad de los Órganos de Control competentes: Fiscalía de Estado, Sindicatura General de la Provincia, Auditoria General de la Provincia, y Comisión Bicameral Examinadora de las Cuentas de Inversión de la Legislatura.

En efecto, podemos concluir que estos funcionarios son responsables directos de que se registre contablemente en flagrante contradicción con el derecho, el movimiento de la Hacienda Pública Provincial, tanto presupuestariamente que comprende los recursos financieros y los gastos autorizados y movimientos de fondos y los valores, y patrimonialmente que comprende bienes del Estado y Deuda Pública, respecto a una supuesta "Ley de Administración Financiera" con un presunto "Decreto Reglamentario". Es una verdad de Perogrullo inocultable de ilegalidad e ilegitimidad significativa. Dado que los inciertos instrumentos mencionados, reiteramos, que se entienda: literalmente no existen en el derecho positivo vigente. Una escandalosa desmesura y agresión al sentido común.

Borrar las huellas del saqueo

De tal dimensión es el descalabro de las cuentas públicas en la Provincia que, no sólo que es literalmente inconstitucional e ilegal el resguardo de la documentación pública por una empresa privada, entregadas sin inventarios o control alguno, entre ellas, pruebas concretas del caos de las cuentas públicas, sino que es decisivo para la desaparición de esas pruebas.

Tal es así que, una de las cláusulas del contrato se resumiría así: Si alguna documentación se extraviara, se destruyera total o parcialmente, por robo, sustracción, destrucción total o parcial, desaparición o siniestro de una caja de documentación bajo la custodia o responsabilidad de la firma comercial Plumada S.A. y por negligencia o imprudencia de dicha firma; ésta responderá, no por el valor histórico, u otro valor que pudiera tener un expediente administrativo -ejemplo: un expediente relacionado a cualquier obra pública, de la cuantía que fuere, que se haya realizado en la gestión Romero- y/o judicial y consecuente valor económico si lo hubiera, o de otra naturaleza, sino por el valor del kilo papel.

Ley de Disciplina y Transparencia Fiscal

El desacreditado émulo de Menem, en el último mensaje legislativo y en pleno conflicto con los docentes, anunció que mandará a la Legislatura un nuevo proyecto de "Ley de Disciplina y Transparencia Fiscal", y cuya aprobación dará paso a la derogación de la Ley de Emergencia Económica, vigente desde abril de 1.990. Así oportunamente el Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta emitió títulos públicos por una suma millonaria en divisas extranjeras o valor dólar a una tasa anual de cuatro o cinco veces superiores a las normales a nivel internacional. Más allá de lo que en principio significa la colosal deuda global de la Provincia que se calcula entre 2.200 y 2.400 millones de pesos, y que transgrede la Ley de Disciplina Fiscal que prevé la propia Constitución Provincial.

Al producirse en el país en el 2.001 la peor crisis económica, política y social a lo largo de su historia, con el fin de la convertibilidad, la devaluación y el default de la deuda, la nación y varias provincias al reestructurar la deuda pública, emitieron nuevos títulos públicos a largo plazo y a una tasa menor de interés para rescatar los anteriores. La Provincia de Salta mantuvo inalterable esa deuda en la moneda contraída.

Esos títulos emitidos y canalizados a través de Bolsas comerciales, por el descrédito del país o desconocimiento o desinterés de los verdaderos inversores, tenían un valor real devaluado simbólico. Y quienes habrían comprado esos títulos o deuda, a esos valores depreciados, ¿quiénes creen que pueden ser? Entonces ahora el "estadista", anunció la derogación de la Ley de Emergencia Económica para facilitar el pago de esa deuda. Y la implementación de la "Ley de Disciplina y Transparencia Fiscal" donde se determinaría que el 70% de los ingresos provinciales deberían destinarse al pago de la deuda a esos "acreedores" y el 30% restante que sirve como corsé o freno del gasto público en educación, salud, seguridad, sociales, salariales, etc. Que según Romero, en este proyecto de modernidad y progreso significa "no comprometer la próxima gestión ni la estabilidad futura de la provincia". Así, es un deber exigir la identificación de esos "tenedores o inversores" de esos títulos a través de una registración oficial de la tenencia de los mismos.

Cuentas Generales de Ejercicios dibujados

Así es imprescindible tener en cuenta las dibujadas Cuentas Generales de Ejercicios que, en nada condicen con los respectivos Presupuestos de los virtuales doce años de gestión. Cuentas aprobadas ilícitamente en bloques de tres o cuatros años. Donde se transfirieron partidas de determinados ejercicios para dibujar ejercicios anteriores. Y las correspondientes a los años 2.004, 2.005 y 2.006 aún no han sido tratadas. Dichas cuentas son el reflejo de la gestión realizada. El sistema republicano supone dos principios elementales: la obligación de nuestros representantes de rendir cuentas y la publicidad de los actos de gobierno. Todos los ciudadanos tienen derecho a saber cómo los funcionarios manejan los asuntos públicos. Es un derecho humano que tiene jerarquía constitucional.

Empresas de Servicios Públicos depredados

Asimismo conlleva la degradación del servicio público a indudables negocios de una verdadera asociación ilícita de funcionarios bandidos que, evidencia situaciones concretas pasibles de nulidades absolutas. Así, sin realizar inversiones razonables y/o comprometidas, se depredó por ejemplo, el Banco Provincial de Salta, convertido en Banco Macro Bansud; el Banco de Préstamo y Asistencia Social, ahora Sociedad Anónima ENJASA; la Sección de Seguros particulares del Instituto Provincial de Seguros a favor del Instituto de Salta S.A.; la Dirección Provincial de Energía enajenada a favor de Edesa S.A.; la Administración General de Aguas de Salta, ahora SPASSA - Aguas de Salta S.A. Este último caso también en arbitraria inconstitucionalidad o contradicción con el artículo 83º de la Constitución de la Provincia. Al igual que la transferencia de la Caja Previsional Provincial. Y ahora continúan los negocios, se concede la explotación, fraccionamiento y comercialización de las fuentes de Aguas Mineral Palau a la firma Plumada S. A. y la privatización de la salud pública del Nuevo Hospital y el Hospital de Niños y de los Centros de Salud. Y además la mayoría de esas empresas siguen subsidiadas por el Estado, es decir por nosotros los ciudadanos. Las ganancias se privatizan, los gastos se estatizan. Así, se requiere exigir la documentación de todos los procesos de privatización con firmeza soberana.

Aún así, el símbolo de la incontinencia de desmanes institucionales recurrentes en Salta, haciendo gala de la austeridad y el decoro, aduce que: "debemos seguir creciendo, con orden, con trabajo y que nadie pretenda venir a Salta a vender espejitos de colores", o la "provincia modelo del norte argentino", o "Salta no se vende ni se alquila". ¿Debe deducirse que se apropió de la cosa pública de Salta?

Concepción del "Estadista experimentado"

Esto es en esencia lo que conceptualmente Romero considera como experiencia y cultura de calidad Institucional y seguridad jurídica de excelencia, de equilibrio fiscal y paz social. El "nivel" que tiene la provincia de Salta. Impregnado de humillaciones y abusos. Se diría la "soberanía jurídica" de la Cleptocracia. Donde considera que la ciudadanía está obligada a participar según las reglas que él determina y ejerce vandálicamente.

Cobardía y falta de identidad política

La conformación de un frente contrincante, no sólo es fuente de inquietud, sino que provocó un convulsivo espanto, despiadada persecución y -finalizada la interna- un inequívoco efecto diáspora. Así es innegable que, el "pseudo macho alfa del peronismo salteño" ha perdido respeto y autoridad. La gente, y sobre todo una enorme masa de militantes compañeros del justicialismo no les creen más. En rigor, el "valiente" cobijado bajo las polleras de su esposa, "Sra. Bettina", desde el más visceral despecho y de la altura de los valores de "estadista experimentado", sin pudor alguno habla de valores nobles: "respeto a la ciudadanía y a los valores, la ética y lealtad". Y también, según el cuestionamiento de incapacidad del frente, y con este corrosivo tsunami de irregularidades -reconocido públicamente por otro sospechado de corrupción, y candidato, Alfredo Petrón-, el leit motiv de la gestión, se podría deducir que el encantador de la impunidad, sugiere: Juancito, ésta es la "experiencia y eficiencia" con la que se debe depredar, digo gobernar.

Así, es de tal magnitud la cobardía e inescrupulosidad que, a pesar de las diferencias y reiteradas desmentidas, publicitan la impresentable fórmula "Romero-Wayar-David" con Kirchner Presidente, cuando ya es virtualmente público y notorio que la candidata presidencial sería Cristina Fernández. Este dato político es una muestra elocuente de debilidad y sustancialmente falta de autoestima para enfrentar la situación de la disputa del poder con identidad y convicciones propias. Además, la fórmula podría sincerarse: Alí-Babá y…

Así, paradojalmente en la puja con los trabajadores docentes que, con titánica dignidad, fortaleza y templanza llevaron adelante un planteo de la distribución del ingreso con equidad y mejores condiciones de trabajo; el nefasto protagonista del default social en Salta, desfachatadamente sostuvo que no puede comprometer la estabilidad o ingresos de la Provincia. Y ahora a través de un juez funcional permisivo, que actúa según las circunstancias, Esteban Daniel Dubois Fleming, fustiga judicialmente a los representantes gremiales, entre otros, Víctor Gamboa, que llevó adelante el reclamo, acusándolo de: "coacción, lesiones en banda, y privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia por los hechos acontecidos en la legislatura.

En rigor, éstas son las realizaciones incontrastables que oculta el maquillaje del "negocio del cemento": autopistas, teatros, construcción de barrios élites, obras dirigidas, funcionarios ricos, etc. Así, los testimonios detestables, productos de la frívola gestión virtual de doce años de avaricia e impunidad que, deben ser tenidos en cuenta, ponderarlos y tomar decisiones como ciudadanos y no como parias que nos consideran. La participación ciudadana no sólo se limita electoralmente. Estas evidencias tajantes de ilegalidad y la propagación endémica de la corrupción, son las políticas y prácticas de continuidad que predica el experimentado sumiso y módico de intelecto, dibujado gerente público -toda una vocación-, el candidato a gobernador delegado, Walter Wayar.

Muestras del enriquecimiento ilícito

Otra evidencia de la degradación pública, el mismo entorno de los "golden boys" está haciendo circular una infidencia. Uno de los retoños bandidos y nuevo rico, Fernando Yarade, habría declarado un patrimonio de alrededor de $ 7.000.000. Y a su vez, sobre este episodio, transita otra versión: se estudiaría la posibilidad de que una institución bancaria allegada o depredada, le dibujaría un préstamo para justificar esa fortuna. De ser real este patrimonio, es una imagen patética de dineros mal habidos y encubrimientos vergonzantes. ¿Coincidirá con la declaración jurada patrimonial, que los funcionarios, incluso el administrador Juan Carlos Romero, están obligados a presentar y que debe controlar, registrar y archivar la Auditoria General de la Provincia?

Degradación de los poderes independientes

Testimonios del oprobio de las instituciones republicanas y devastación de la lógica elemental de la administración pública en la Provincia de Salta. En rigor, este es el status quo del Estado Provincial con la complicidad y subordinación de fiscales y jueces gregarios. Por caso, la inobjetable evidencia de miseria y servilismo de la obstinada prevaricadora Fiscal Emma Puentes. Toda una metáfora del Poder Judicial "independiente" en Salta.

Así, el paradigma de la decadencia institucional, tiene el hábito de hacer y encubrir con los amanuenses, por la no participación o indiferencia de los ciudadanos, las calamidades que se le da en gana. No existen garantías de hacer uso de los supuestos resortes institucionales. Así se afirma que el valor soberano, la esencia, la piedra agonal de la democracia, es la participación, pues la democracia es el gobierno del pueblo. Debemos dejar de ser habitantes, para convertirnos en verdaderos ciudadanos.

En ese contexto, al Poder Judicial le cabe un papel primordial en el control de los actos de gobierno de los poderes políticos -Ejecutivo y Legislativo- a fin de que los mismos se ajusten a la Constitución y a las demás leyes. Recordando que la Constitución es letra muerta, las leyes son muertas, son papeles muertos. Lo que le da vida a un pueblo republicano no es la Constitución por sí sola, somos nosotros haciéndola valer. Sí, ¡Nosotros, los ciudadanos! Nuestra prédica, ha sido siempre de plantear objeciones de claro contenido institucional y el estado de derecho. Sobre esto, se debe generar conciencia ciudadana. Vale esfuerzo y militancia cívica para evitar más dolor.

El futuro del seudopoderoso

Así también, son incuestionables las señales de agotamiento e inexorable que, el símbolo del régimen decadente está en los umbrales de su ocaso. Su destino: terminará acorralado por el olvido después del rally de ilícitos en su gestión. La decadencia tiene más que ver por las graves tropelías y el abuso que hizo del poder que con la aparición de alternativas que seduzcan a la sociedad. El hartazgo popular podría vaciarlo de poder y dejarlo a la intemperie hasta el final de su mandato. Ese final, seis meses y una gran dosis de soberbia, es una pendiente empinada. Entonces, la otra gran noticia, es el comienzo del fin de la indecencia que significa la gestión de la cleptocracia romerista.

- Los autores de este artículo, Miguel Rojo, Eduardo Vargas y Sergio Ibarra son -respectivamente- el secretario general, el secretario adjunto y el secretario de organización de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta (A.T.A.P.)