Juicio de lesa humanidad: el peligro de dejar a los represores sueltos

Elena Corvalán
abril 28 /2015

La testigo Esperanza Yáñez advirtió en la audiencia del lunes 27 de abril sobre el peligro de permitir que los represores estén insertos en la comunidad. “(Pueden) continuar dando escuela para las conductas estas tan medievales, de la crueldad. Y me pregunto y me preguntaré siempre si sus propios hijos no continúan recibiendo esa escuela, poniendo en riesgo entonces al resto de la juventud, al resto de los hijos”, sostuvo.

Soraire obtuvo la prisión domiciliaria

"Los represores son un peligro para la sociedad. No deben seguir contaminando. No digo que los desaparezcamos como hicieron ellos pero sí que los mantengamos alejados del resto de la sociedad”.

El hermano de Esperanza, Rubén Yáñez Velarde, fue secuestrado el 8 de noviembre de 1975 y asesinado tres días después. Sus restos fueron encontrados en febrero de 2012 en una fosa común del Cementerio Viejo de Yala, en Jujuy. Con tono pausado, emotivo, Esperanza enfatizó su advertencia: “(Los represores) son un peligro para la sociedad. No deben seguir contaminando. No digo que los desaparezcamos como hicieron ellos pero sí que los mantengamos alejados del resto de la sociedad”.

Ya fuera de la audiencia reiteró que le preocupan las concesiones de prisiones domiciliarias “porque indudablemente a estos represores deberían tenerlos totalmente separados para que no sigan haciendo escuela de maldad. No es un arresto domiciliario lo que soluciona, soluciona un alejamiento real y total de la comunidad”, insistió.

Esperanza también preguntó: “Los hijos de los esbirros, ¿qué son? ¿qué piensan? ¿cómo actúan? ¿van a volver a actuar ellos contra mis hijas como actuaron sus padres? Ese el temor que yo tengo”. “¿Por qué sale este pensamiento? Porque veo que la intención de todo este plan (de exterminio) ha sido anular la idea, la mente, la continuidad, eso se nota a través del apropiamiento de los niños que hicieron los genocidas y que no tuvo una intención generosa, tuvo la intención precisamente de bloquear, de cortar la posibilidad de que esas ideas se transmitan y se continúen”.

Por esa misma razón dijo que piensa que los represores pueden infundir en sus hijos sus conductas “maquiavélicas, asesinas” y que esto le provoca temor. En la sala la escuchaban familiares del represor Joaquín Guil, que ya cuenta con tres condenas y ahora está siendo juzgado por la muerte de Rubén Yáñez, entre otros crímenes.

Esperanza recordó a su hermano con palabras de afecto: “era tan alegre, tan acompañador”. “Siempre tratando de protegernos” con “un optimismo permanente; siempre accionando en lo social. (…) De alguna manera, cerca o lejos, nos acompañaba. Uno sentía el respaldo del optimismo suyo”. Y aseguró que “lo llevaron” precisamente por estos valores: “Porque era solidario y porque era un elemento que hacía falta en la sociedad”.

Recordó que le costó convencerse de que su hermano había desaparecido y que cuando lo hizo comenzó a buscarlo: “Donde viera un uniforme entrara yo a preguntar”, recordó antes de memorar “esa violencia que significaba pararnos en la puerta de cualquiera de esas instituciones y (que) de la misma puerta, o tal vez un poquito más, nos dijeran: ‘Aquí no tiene nada que hacer’”.

Soraire obtuvo la prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal de Salta otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al ex policía Andrés del Valle Soraire, quien en septiembre del año pasado fue condenado a prisión perpetua en la denominada Causa Metán, por delitos de lesa humanidad cometidos en el sur de la provincia.

El Tribunal tomó esta medida por considerar que Soraire necesita atención médica específica para una serie de dolencias que padece y que esa atención no podía ser brindada en la cárcel federal de Güemes, porque no cuenta con un hospital, y tampoco existe este servicio en las otras dos cárceles cercanas.

Como se había previsto en la sentencia de septiembre de 2014, en la que se dispuso que debía cumplir prisión efectiva, Soraire fue sometido a un estudio por parte de los médicos Carlos Escudero y Jorge Cliff (que actuó como perito de parte nombrado por la Defensoría General de la Nación).

Escudero y Cliff concluyeron en que el ex integrante del grupo de tareas Guardia del Monte “padece de una serie de enfermedades crónicas de genio evolutivo” que no son incurables en periodo terminal, por lo que “siempre que se cumplan con los requerimientos asistenciales y de salud su estado no impide su permanencia en el Servicio Penitenciario Federal”. Sin embargo, añadieron una serie de requisitos que deben cumplirse en la prisión para asegurar una correcta atención.

Para la Fiscalía, esta atención podía ser cubierta por la enfermería de la cárcel de Güemes, que está cerca del Hospital Joaquín Castellanos para cualquier emergencia.

Pero el Tribunal, integrado por los jueces Federico Díaz, Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek, consideró que por la complejidad de las dolencias de Soraire tiene que ser alojado en una cárcel hospital como la de Ezeiza, que implicaría un desarraigo, dado que residía en la ciudad de Metán. Además, recordó que la condena no está firme y el principio general hasta que la pena sea confirmada “es la libertad” tuvo en cuenta que la cárcel no cuenta con especialistas en cardiología, traumatología, urología y gastroenterología, y que un eventual traslado ante una emergencia le llevaría un tiempo que “podría resultar excesivo para el tratamiento eficaz”. Y que el traslado a Ezeiza implicaría una pena para la esposa de Soraire, Irma Cabral, que se encarga de atenderlo y asistirlo.

Con estos argumentos decidió otorgarle la prisión domiciliaria, bajo la responsabilidad de su mujer y permitir también traslados a atención médica sin previa autorización judicial.

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