La confesión de Raymundo Sosa

marzo 25 /2015

Romero y su abogado Raymundo Sosa

El abogado Alberto Raymundo Sosa confesó haber cobrado el dinero de la investigada operación de La Ciénaga. Lo hizo al prestar declaración indagatoria ante el juez de Transición 3, Guillermo Pereyra, y el fiscal penal, Rodrigo González Miralpeix, quienes interrogaron al abogado por su reciente imputación como co-autor del delito de peculado, acusación que también pesa sobre el principal cliente del letrado, el ex gobernador y senador nacional, Juan Carlos Romero.

El abogado de Romero cobró el dinero de la operación de "La Ciénaga"

Sosa confirmó la confesión previa que hizo Agustoni, sindicado como “testaferro” de la operación ilegal de "La Ciénaga", y de la que se valieron los principales acusados, Romero, Sosa y Agustoni, para hacerse del pago de sobreprecios por las 90 hectáreas que ahora pertenecen a Romero.

Sosa, reconocido como abogado personal de Romero, fue imputado en noviembre del año pasado a partir de una promoción penal presentada por el fiscal González Miralpeix, quien consideró como delictiva la participación del letrado en el “negociado” de La Ciénaga, causa penal en la cual también se encuentran imputadas otras personas más, entre familiares y ex funcionarios romeristas.

Sosa prestó declaración indagatoria el 10 de marzo pasado, pero recién en los últimos días trascendieron detalles del momento vivido por el abogado en la ciudad judicial.

Según fuentes del juzgado, el abogado llegó a la audiencia y a poco de iniciado el acto, no tardó en ponerse molesto por la bochornosa situación que vive tras quedar imputado en la causa de La Ciénaga, la cual investiga la cadena de operaciones inmobiliarias que permitieron a Romero apropiarse de 90 hectáreas que estaban destinadas a la construcción de viviendas sociales, con el agravante de grandes pagos de sobreprecios de por medio.

Como todo reo

Según los empleados, la audiencia se inició bajo el mando del juez Pereyra y su secretario, Cristián Bacci, quienes llamaron a las partes a participar del acto. Para comenzar, Sosa debió responder a la identificación propia de los reos.

El letrado reconoció ser hijo de Salvador Raymundo Sosa y de Josefina Estofan, con 70 años de edad. Respecto a si estuvo procesado o preso, el imputado Sosa manifestó que no, idéntica respuesta dio sobre si padecía alguna enfermedad contagiosa o si era afecto a las bebidas alcohólicas o juegos de azar.

Las respuestas de Sosa retumbaron en la oficina del juzgado, pues hasta ese momento los empleados estaban acostumbrados a ver al letrado acompañando a sus clientes, pero nunca en la silla reservada para los acusados.

Sosa, quien ejerció su autodefensa, escuchó pacientemente la imputación hecha en su contra, tras lo cual se adelantó a dictar su declaración al secretario, instancia en que el abogado sostuvo su inocencia a la vez que denunció que la acusación en su contra era producto de una infamia urdida desde el gobierno actual, argumento similar al brindado por Romero para prestar indagatoria.

Momentos de tensión

Una vez que terminó de dictar su coartada, el juez y el fiscal comenzaron con el interrogatorio, oportunidad en que Sosa cambió su humor e incluso llegó a molestarse, sobre todo, cuando el fiscal González Miralpeix lo indagaba.

A tal punto se notó la molestia, según revelaron las fuentes, que una vez que el fiscal quiso interrogarlo, Sosa exigió al juez que las preguntas del representante del Ministerio Público sean realizadas al magistrado, y que éste se las redirija a fin de evitar con ello mirar al fiscal.

En respuesta, el fiscal no redujo su rol y cada vez que interrogaba al abogado se dirigió al mismo como “el imputado Sosa”, palabras que molestaban al letrado, quien fue sometido a numerosas preguntas, tanto de parte de la fiscalía como del juez, quien por momentos abandonó el despacho, al parecer, sofocado por la tensión que se vivió durante el acto de indagatoria.

De todas las preguntas que Sosa debió enfrentar, la más relevante giró en torno al dinero que su amigo, José Luis Agustoni, cobró por canjear 11 hectáreas en la zona de barrio Las Leñas por las 90 de La Ciénaga, operación por la cual recibió además, una importante suma de dinero, más de un millón de pesos.

En su indagatoria, Agustoni reconoció la transacción comercial y la posterior venta de esas 90 hectáreas a la firma Estancia El Carmen, de Romero, por la ínfima suma de 100 mil pesos en comparación de lo recibido por el gobierno provincial, en ese tiempo en manos del senador nacional.

Agustoni también reveló que el dinero de esa operación, en realidad, lo había cobrado Sosa, abogado personal de Romero. Al ser indagado al respecto, el letrado confesó haber cobrado dicho dinero, y que lo hizo a través de una serie de cheques.

Aunque aseguró que todo el dinero luego se lo entregó a Agustoni, el fiscal y el juez fueron insistentes en conocer más detalles sobre esta parte del “negociado”. Esto, fastidió a Sosa, quien esperaba salir rápidamente del juzgado, tras dictar su declaración.

Por ventanilla

Ante las reiterativas preguntas del fiscal, Sosa finalmente terminó por reconocer que él mismo cobró los cheques de ese “negociado” y lo hizo por ventanilla en el Banco Macro, tras lo cual guardaba el dinero en la caja fuerte de su estudio.

De esta manera, Sosa confirmó la confesión previa que hizo Agustoni, sindicado como “testaferro” en la cadena de operaciones sospechadas como ilegales, y de la que se valieron los acusados principales, Romero, Sosa y Agustoni, para hacerse del pago de valiosos sobreprecios y de las 90 hectáreas que ahora pertenecen a Romero.