La derecha y la persecución política

mayo 17 /2011
Elena Corvalán

Armando Jaime, primo hermano del Luciano.

Los integrantes de la Lista Verde, línea interna del PJ que en 1973 postuló a Miguel Ragone para la gobernación, fueron perseguidos antes y durante la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976, sostuvo ayer el testigo Armando Jaime, que por el Frente Revolucionario Peronista (FRP) integró esta Lista y sufrió esa persecución política. Sostuvo que de la represión participaron grupos como las “Tres A” (Alianza Anticomunista Argentina), grupos represivos de las fuerzas policiales y del Ejército, “participa Roberto Romero que quería sacar a Miguel Ragone para ser candidato del Partido Justicialista” y grupos de la derecha de Buenos Aires que tampoco querían a Ragone.

Un testigo sindicó al ex legislador nacional Horacio Bravo Herrera como “uno de los principales promotores” de una campaña contra el gobierno de Ragone.

Jaime, que concluyó su declaración en la 14º jornada del juicio por el secuestro y desaparición del ex gobernador Ragone, invitó a fijarse en la nómina de desaparecidos para advertir que había una persecución dirigida. “El que no era de la Lista Verde, era simpatizante”; enumeró: Felipe Burgos, Berta y Elsa Torres, Eduardo Fronda, Luciano Jaime, Guillermo Alzaga. “¿Qué muertos tiene Roberto Romero? ¿Qué muertos tiene Horacio Bravo Herrera? La dictadura no les podía hacer desaparecer a nadie porque había un vínculo”, razonó antes de concluir: “La mayoría de los desaparecidos son de la Lista Verde”.

Los cinco testigos que declararon el lunes 16 de mayo hablaron de las vinculaciones entre el Ejército, la Policía y la persecución a militantes políticos. Y también del encubrimiento que en 1977 habrían montado el entonces jefe de la Policía, el coronel Carlos Carpani Costas; el jefe de Seguridad, Joaquín Guil, y el juez Marcelo Avrutín Suárez, de un doble homicidio, conocido como “el crimen de los arbolitos”, cometido ese año en Metán.

El motivo: los sospechados, los policías Andrés del Valle Soraire y Fortunato Saravia, habían participado en el ataque a Ragone. El fiscal Horacio Azzolín pidió que se envíen los datos al Juzgado Federal Nº 1, donde está radicada la causa por el doble asesinato, para que se los investigue. Junto a otros siete acusados, Soraire está siendo juzgado ahora por el secuestro y desaparición de Ragone, el homicidio del almacenero Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal.

El testigo Damián Mendoza ratificó sus dichos acerca de que el 10 de marzo de 1976, la víspera del secuestro de Ragone, un militar le anticipó este hecho y por eso esa misma noche intentó en vano convencer al ex gobernador para que huyera. Mendoza comenzó a declarar el 20 de abril, entonces se negó a dar el nombre de su informante, respetando una promesa, pero como supo que esta persona falleció, ahora brindó su identidad: “Marcelo Rodríguez Saá. Era mayor en ese momento. Estaba en el Comando en Jefe cuando me desvinculé de él, después de lo de Ragone”, contó. Dijo que el mismo 10 de marzo, a eso de las 21, recibió una llamada del mayor advirtiéndole que iban a secuestrar a Ragone.

Relaciones peligrosas

Jaime sostuvo que Guil, uno de los ocho acusados en este juicio, hacía espionaje político desde la dictadura de Juan Carlos Onganía. Recordó que por entonces el comisario estaba a cargo del área de Contralor General. Con el gobierno de Ragone, y la jefatura de Policía de Rubén Fortuny, Guil y otros 28 policías fueron cesanteados y detenidos por apremios ilegales y torturas a militantes políticos.

Posteriormente fueron sobreseídos por aplicación de una ley de amnistía y volvieron a la Policía, a la misma tarea de seguimiento. “Era el jefe principal que perseguía a los militantes políticos”, recordó Jaime. Añadió que Guil realizaba esta actividad “con rabia, con odio”.

Jaime sufrió varios allanamientos en su domicilio, en la década del 60 y en la siguiente, mientras él todavía estaba en su casa y luego los sufrió su familia, cuando él ya había pasado a la clandestinidad. De la primera época, recordó que uno lo realizó el comisario Roberto Arredes, dos fueron encabezados por Guil y uno por un tal Sayén.

El testigo sindicó al ex legislador nacional Horacio Bravo Herrera como “uno de los principales promotores” de una campaña contra el gobierno de Ragone. Dijo que había sectores de “mentalidad fascista” que acusaban a Ragone de comunista porque “para ellos todo el que no era de derecha, era comunista”. “A la vez estaban estrechamente vinculados con Buenos Aires, (…) con José López Rega (impulsor de la Triple A)”. Consideró que una prueba de esta relación son las listas que sacaban las Tres A con los sentenciadas, en las que figuraban personas vinculadas al ex gobernador.

Entre los que conspiraban también señaló a sindicalistas aliados a esa derecha, y a quien en 1983 fuera electo gobernador, el empresario Roberto Romero, “que colaboraba a través de El Tribuno”. “Roberto Romero tenía una estrecha relación con los grupos represivos de Salta. Y a la vez una estrecha relación con Horacio Bravo Herrera”.

En cuanto a la vinculación con el Ejército, recordó que cuando las fuerzas de la derecha tomaron la Casa de Gobierno el jefe de la Guarnición Salta le advirtió a Fortuny que si enviaba policías a colaborar con Ragone, él iba a poner el Ejército en la calle. Añadió que cuando los policías acusados por apremios fueron detenidos, “la primer visita que recibieron fue del jefe del Ejército”. Añadió que en la represión los militares y las policías de la provincia y Federal se intercambiaban los detenidos.

“Desapareció todo el Juzgado”

Olga Romano de Gómez Salas, Segundo Bernabé Rodríguez y Jorge Zenteno Cornejo hablaron de la relación entre la causa por el crimen de “los arbolitos” Oscar Rodríguez y José Lino Salvatierra, cometido el 10 de mayo de 1977 cerca de Metán, hecho que fue atribuido a miembros del grupo parapolicial Guardia del Monte.

Coincidieron en que un incidente producido en agosto de 1977 paralizó esta causa. Rodríguez, hermano de Oscar, y Zenteno Cornejo, abogado de los familiares de las víctimas, recordaron que cuando el juez Marcelo Avrutín Suárez iba a indagar a los policías Andrés Soraire y Fortunato Saravia (ya fallecido) se presentó el mayor Juan Carlos Grande, subjefe de la Policía, y paralizó el proceso con el argumento de que “esta gente (los policías) ha colaborado en el homicidio de Ragone”. “No puede seguir este juicio, no te arriesgués porque te van a poner un caño”, le advirtió a Zenteno Cornejo.

El abogado contó que fue llamado a hablar con Grande y cuando salió no estaban ni los acusados ni los policías que los custodiaban, ni el juez, ni la secretaria, ni el ordenanza. “Media hora (duró la conversación con Grande), en media hora despareció todo el Juzgado”, afirmó. Solo quedaba el expediente en el escritorio. Lo levantó y se fue, guardándolo “para mejores épocas”.

Rodríguez contó que ni bien ocurrió el homicidio fue convocado a la Central de Policía y que allí el jefe, Carlos Carpani Costas, y Joaquín Guil le dijeron que no denunciara el homicidio. Finalmente, después de insistir, le enviaron al comisario Roberto Arredes (integrante del grupo acusado por apremios ilegales y torturas y hermano del comerciante Santiago Arredes) para que realizara el sumario.

  • Elena Corvalán
    Periodista
    Cobertura especial.