La desprotección de los niños pobres de Salta

Daniel Tort
julio 17 /2015

Marianela Cansino, Ministra de Derechos Humanos del Gobierno de Salta.

La muerte en Salta del menor Thiago Quipildor por desnutrición y malos tratos y la penosa situación de su hermanita Magalí, hasta ahora internada para procurar su tardía recuperación alimentaria, han puesto en evidencia otra vez más que Salta carece de programas serios de gobierno en casi todas las áreas en las que debería atenderse a los sectores de mayor vulnerabilidad social.

Separaron de sus funciones a empleados de menor jerarquía y los ministros del área - reales responsables de la situación- siguen en sus cargos.

Al mismo tiempo se demuestra nuevamente que sólo con palabras y lágrimas fingidas del señor gobernador no se aportan soluciones concretas para combatir la pobreza, y que en este modelo perverso comandado por una elite totalmente alejada de la realidad, seguirán siendo carne de cañón del desquicio conservador los que más necesidades tienen que tolerar, y a los que el primer mandatario les promete desde hace ocho años sólo esperanza.

Con la velocidad de un rayo y para no desentonar con el esquema de protección de los amigos devenidos en inmerecidos funcionarios sin experiencia, el hilo se cortó por lo más fino y se separaron de sus funciones a empleados de menor jerarquía, permitiendo que los titulares de esas carteras y obviamente reales responsables del estado de cosas, salieran a dar partes de prensa como si recién llegaran de Venus.

La señorita ministra de derechos humanos muy campante y sin rubor, explicó que hubo fallas en el control –chocolate por la noticia- y que ya se instruyen sumarios a los dependientes a cargo de las áreas que debían fiscalizar las prestaciones de la familia sustituta. Ella no tendrá sumario ni responsabilidad alguna por haber asumido un área tan sensible como esa siendo experta en cosméticos, y a pesar de ser la que detenta la máxima autoridad, o falta de ella según se mire.

El tan flamante como ausente ministro de la primera infancia, el contador Carlos Abeleira por su parte se despegó rápidamente y apuntó al ministerio de derechos humanos, como si Thiago y Magalí no fueran infantes a los que debería tutelar desde su área, y con esa liviana afirmación -literalmente- se lavó las manos. Al fin y al cabo él es un profesional de la contabilidad no de la nutrición ni de los derechos humanos.

Este hecho ha ocurrido en Barrio Palermo II, un lugar donde muy posiblemente ni Cansino, ni Abeleira ni Urtubey tengan muy en claro dónde queda, ni cuántos son los que lo habitan, ni cuáles son las carencias, ni qué infraestructura básica es la que falta.

Tampoco deben conocer estos señores y señoras de la sociedad a cargo de administrar la pobreza que el esquema económico que ellos usufructúan hace aumentar cada día, que desde el año 2005 rige la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Nº 26.061), que ordena poner en marcha programas especiales para evitar precisamente estas muertes, pero que seguramente no han sido tenidos en cuenta en el presupuesto –por ahora dirán, no hay que perder la famosa esperanza- para ser puestos en marcha.

Y mientras estas directivas obligatorias y de carácter protectorio y alimentario no se ponen en práctica sin explicación coherente alguna, la ágil y generosa lapicera del joven Urtubey sigue firmando absurdos burocráticos que no llegan a entenderse, sino bajo la óptica de la más descarnada perversidad.

Por ejemplo en el boletín oficial del día 16/07/2015 nº 19581 y por decreto nº 2380/15, se aprobó la estructura, el cuadro de cargos y la cobertura de la llamada Representación de Relaciones Internacionales, un nuevo engendro gubernamental que le asegura al también contador Hernán Hipólito Cornejo seguir ejerciendo el rol de viajero incansable a reuniones tan inútiles como costosas.

De hecho el poli funcional burócrata hoy se encuentra en Brasil para participar de la XV Reunión Plenaria del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del Mercosur (¡absorbete ese citrus¡) con los consabidos viáticos, pasajes, gastos eventuales y “ainda mais”.

Y para fingir otra vez más una sensibilidad de la que las autoridades carecen, no sería extraño que en la clásica espasmódica reacción improvisada del oficialismo tal vez tengamos que tolerar que para salvar las apariencias del momento, el señor gobernador en un alto ocasional de su campaña presidencial para el 2019 -en el que tal vez pueda estar un ratito en Salta- ordene la creación del ministerio de control de familias sustitutas o algo parecido, para que algún otro contador desempleado y especialista en generalidades ocupe el cargo.

Para que el desquicio oficial sea más completo todavía, mientras este espantoso cuadro de negligencias se verifica, el procurador general de la Provincia no dice esta boca es mía y ninguno de los integrantes del ejército de defensores, asistentes sociales ni psicólogas toma intervención, y tampoco se instruye causa judicial alguna ante los claros, precisos y contundentes incumplimientos a los deberes de los funcionarios públicos que ocasionan muertes de niños.

Al mismo tiempo y para perfeccionar la indiferencia que mata y desnutre, la señora ministra de justicia Pamela Caletti y su secretaria Patricia Colombo, en vez de estar en el barro de Palermo II para lograr que el ineficiente sistema judicial bajo su supuesto control tome las medidas necesarias para corregir estas falencias, asisten en plenas vacaciones invernales locales a las placenteras dos semanas de charlas de verano norteamericano en Washington (muy cerca de la famosa playa de South Beach) para el imperdible análisis de la reforma judicial estadounidense, obviamente también con viáticos, pasajes y gastos eventuales.

Pero a pesar de la gravedad del momento, pasado el estupor social del drama de los hermanitos Quipildor y cuando alguna otra oportuna noticia oficial tape el estrépito de este crimen social, el cuadro de abandono y desprotección de grandes franjas de la población de niños de Salta, a pesar de seguir existiendo, seguirá sin ser atendido con políticas sociales serias.

Y como ya habrá pasado la urgencia del disimulo y solo habrá que prepararse para la inevitable próxima vez que se les escape la tortuga, los funcionarios irresponsables de cada área continuarán yéndose a vacacionar a cualquier lado, amparados por la mágica generosidad no menos irresponsable de quien les firma los decretos de aprobación de los caraduras viáticos.

Y de esta forma degenerada de ejercer el mandato popular finalmente no tendrán que rendir cuentas de manera alguna, porque los encargados de juzgarlos son nombrados por ellos, y por supuesto que tienen mucha más preocupación de conservar sin mayores preocupaciones ni sobresaltos el carguito conseguido, que de actuar honorablemente.

“El poder es impunidad” afirmó un conocido mafioso muy suelto de cuerpo en televisión nacional. Esa frase acuñada les viene como anillo al dedo a los que gobiernan a Salta indiferentes ante las muertes de inocentes para poder mantener sin cambios su sistema de privilegios, sin la menor preocupación real por la integridad y las vidas de personas que no forman parte de su áulico círculo criminal.

  • Daniel Tort, abogado y periodista
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