La hipocresía del sistema

Daniel Tort
diciembre 24 /2013

Juan Manuel UrtubeyOtra vez nuestra Salta colonial está presente en los medios de todo el país, pero esta vez no para el halago de sus bellezas naturales ni para la promoción de la temporada turística de verano, sino por la increíble historia judicial surgida de la prohibición de un Juez de la Provincia de autorizar un aborto solicitado en beneficio de una menor de catorce años violada y maltratada reiteradamente desde los doce por su propio padrastro.

protocolos medioevales que nos degrada

Cuando el futuro parto se produzca en un ambiente malsano derivado de las mismas condiciones violentas de la gestación y desintegración familiar, todos los agentes involucrados, entre ellos el mismo Juez.

Al momento de que el gobernador de la Provincia el abogado Juan Manuel Urtubey dictara el famoso decreto 1170/12 para reglamentar el procedimiento para autorizar abortos no punibles en Salta, exigiendo en todos los casos la denuncia previa y una decisión judicial para poder proceder, quedó muy claro que no era una normativa que precisamente facilitaría las cosas sino todo lo contrario.

La estrechez mental de los dirigentes que ponen por delante sus miopías religiosas antes que el bienestar de las víctimas claramente puso un freno reglamentario, que hoy lo debe padecer esta adolescente que es revictimizada una y otra vez por los funcionarios que deberían brindarle protección.

El gerente del hospital materno infantil el médico Carlos Moreno, que saltara a la fama por designar a su esposa cuando asumió para que sin título ni idoneidad en administración de personal se hiciera cargo de esa área desplazando a una profesional especializada en la materia, y que sigue negando la necesidad de contar con un tomógrafo en el lugar a pesar de los conocidos casos de menores tratados deficientemente en el mismo, permitió que una voluntaria anti abortista y un infaltable cura meterete biblia en mano, ingresaran a ver a la menor para mostrarle fotos de embriones y presionarla para que no abortara, y nadie le ha pedido siquiera una explicación.

Con todo este sainete vergonzoso la reserva de identidad de la menor ya es historia, toda la Nación Argentina y muchos medios internacionales hablan de Ella, y como siempre ocurre en estos casos los insensibles voluntarios de grupos minoritarios que ostentan una moralina que apesta, se ocupan de lograr sus propios fines retrógrados, pero ninguno ofrece aportar de su bolsillo para asegurar la alimentación, la manutención, educación y vivienda del menor una vez nacido.

Y así cuando el futuro parto se produzca en un ambiente malsano derivado de las mismas condiciones violentas de la gestación y desintegración familiar, todos los agentes involucrados, entre ellos el mismo Juez y la presta defensora que desde la comodidad de su jugoso sueldo no conoce las necesidades extremas de los excluidos, se olvidarán rápidamente del caso y se ocuparán de volver a impedir una solución adecuada protocolo en mano. Del daño psicológico irreversible de la menor, y de cómo o quién se hará cargo económicamente del niño una vez nacido, no se hará cargo ninguno.

Es que la moral de la gente sana ejercida de esta forma no solamente no cuesta un peso sino que el Estado les paga para ejercerla. De esos problemas menores sobre qué será de la vida de ese núcleo familiar irregular y destruido por las perversas circunstancias que lo rodean, en ambiente de violencia, alcoholismo y maltrato familiar, que se ocupen otros. De esa forma salvan sus almas ejerciendo una intransigencia que se parece más a la ignorancia más elemental y obnubilados por la estrechez mental que aportan los dogmatismos, que al cumplimiento de una función judicial.

Este drama montado a espaldas de la lógica y la prudencia con un guión escrito por la intolerancia y el fundamentalismo, no es una rareza en nuestra Salta. Convivimos en una sociedad estructurada por una clase minoritaria que desde sus posiciones de poder decide sobre todos los demás a diario, sin respeto por las diferencias o las necesidades de cada segmento social.

Autodenominados como los elegidos para mandar, asentados en la comodidad de su nivel económico que les nubla el juicio, insensibles a las condiciones extremas de vida de la mayoría silenciosa a la que no quieren siquiera intentar conocer o tratar y tejiendo lazos familiares y sociales se hacen presentes en todos los estamentos de decisión y entre ellos y principalmente en el poder judicial, al que están convencidos que pertenecen por derecho natural.

La telaraña de ese poder echa así sobre la madre de la niña y la menor misma todo el sistema de simulación montado para seguir escondiendo la realidad. Sistema que se mantiene vigente porque los funcionarios que lo sostienen cuando se encuentran con un caso de embarazo no deseado, lo solucionan con dinero en establecimientos privados y lejos de la publicidad odiosa de los protocolos medioevales.

Como conclusión triste y evidente, se aprecia que la reglamentación vigente es para los pobres, no para la gente como uno que se maneja con otros parámetros, ejerciendo una hipocresía mayúscula que nos degrada como sociedad.

La Corte de Justicia de Salta tiene ahora la responsabilidad de aportar un dejo de cordura y resolver sin más demora la apelación pendiente para poner fin piadosamente al circo montado por funcionarios carentes de responsabilidad.

  • Daniel Tort, abogado y periodista
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