Actualidad Lunes 19 de julio de 2010
Por Daniel Tort

La iglesia católica divorciada del bien común

Por sus retrógrados postulados pierde terreno

Finalmente se ha sancionado la ley que permite la unión en matrimonio civil para personas de igual sexo. Digo intencionalmente que son iguales en sexo –anatómicamente hablando- y no que tienen el mismo, porque cada uno tiene el suyo.

La iglesia católica es un obstáculo para la igualdad de las personas, para la evolución social, y para el progreso.

La normativa dictada por el sistema parlamentario democrático, viene así a dejar sin efecto una desigualdad discriminatoria, que privaba a personas cuya preferencia sexual no estaba literalmente de acuerdo con el texto de la hoy derogada ley de matrimonio. Es un avance de madurez social indiscutible, que rompe con esquemas rígidos en contrario, de clara connotación cultural, impuestos en esta parte del mundo por la reaccionaria cuando no retrógrada posición de la iglesia católica.

Esta organización de supuestas pretensiones religiosas, cuyos prelados aseguran que tienen contacto directo con dios, y que su máxima autoridad denominado sumo pontífice o papa, es su representante en la Tierra, -esto aunque cueste creerlo, debe ser aceptado sin discusiones, sólo porque ellos mismos lo dicen- siempre ha sido un obstáculo para la igualdad de las personas, para la evolución social, y para el progreso.

Veamos algunos ejemplos. Al momento del dictado del Código Civil Argentino, en el año 1869, y la posterior reforma de la ley 2393 de matrimonio civil, fue ésta organización la que se opuso fervientemente a las nuevas normas, bajo la pretensión de que se afectaría la familia, comenzaría la disgregación social, y otras apreciaciones tan desafortunadas como esa.

Tal como históricamente se ha probado, nada de eso ocurrió, y por el contrario, se estableció un orden administrativo indispensable para la vida moderna, y las quejas religiosas encubrieron claramente la pérdida del manejo de la relaciones de familia, que hasta ese momento era monopolio de sus propias parroquias.

Muchos años después, en 1968 mediante la ley 17.711, se dejó sin efecto la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, viejo resabio de otra distinción anterior que establecía la categoría de sacrílegos.

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Matrimoinio igualitario

También fue un avance tardío en una dejarse sin efecto una discriminación absurda, nacida del derecho canónico. La influencia de éste pseudo derecho se observó todavía en el Código Civil, que mantuvo vigentes varias normas reglamentarias del matrimonio católico hasta el año 1987 y el dictado de la ley 23.515. El beneficio de no discriminar a los hijos en este sentido, es innegable.

También en esa época y por la misma ley mencionada, se admitió el divorcio vincular en el País, a pesar de la extensa y tediosa campaña de la misma iglesia católica, que también vaticinaba la hecatombe social, la disgregación de la familia, y toda la retahíla incongruente ya conocida.

La experiencia ha demostrado hasta hoy que contrariando todos los vaticinios escatológicos de la iglesia católica, la ley de divorcio fue una solución ordenada y correcta para muchas personas en irregular situación legal, que pudieron otorgar estabilidad y claridad a sus relaciones de familia.

Ahora con la ley de matrimonio entre personas de igual sexo, era de esperar de parte de la iglesia católica una actitud similar, y dentro de unos años nuevamente veremos que las predicciones de nefastas consecuencias que se vierten hoy de parte de los seguidores de ese culto, quedarán borradas por la verdad social histórica, al igual que en los anteriores ejemplos detallados.

La verdad de esta discusión, hay que decirla sin eufemismos y de manera directa. La organización económica llamada iglesia católica, con cada avance de la sociedad civil que no acate sus retrógrados postulados, pierde terreno en las decisiones de los Estados, y ese es el origen de su preocupación, concretamente el ser cada vez menos escuchados.

Esta es una manera de pensar y obrar muy autoritaria por cierto, porque la pretensión es nada más y nada menos, de que todas las personas, aunque no seamos católicos, acatemos su doctrina. Claramente se creen dueños de la moral de la sociedad toda, justamente ellos que en la actualidad se han hecho famosos por reiterados casos de inmoralidad pedofílica, y de impunidad.

Basta para ello mencionar el caso de Edgardo Storni, que a pesar de haber sido condenado a ocho años de prisión por abuso sexual agravado, vive un exilio dorado en un paradisíaco pueblo en las sierras cordobesas, y sin trabajar. Pero esta situación no es casual ni improvisada, sino que tiene su explicación histórica en el origen mismo de la organización.

Basta para ello recordar que en 1929, por medio del Pacto de Letrán entre el papa Pio XI y Benito Mussolini, se estableció el Estado de la Ciudad del Vaticano, con sólo 44 hectáreas de territorio, y se impuso el Código de Derecho Canónico en ese País, al mismo tiempo que se refería constantemente al Duce, como un hombre enviado a nosotros por la Providencia. Es decir, por dios en sus charlas directas.

Ese prelado al mando del flamante nuevo estado, bendijo personalmente las tropas italianas fascistas cuando partían a la conquista de Abisinia, y en el año 1933 suscribió con la Alemania Nazi el concordato que también impuso el derecho canónico en todo el estado alemán. En el acto de suscripción el cardenal germano Faulhaber lo llamó –literalmente- el mejor amigo de los nazis. Casi al mismo tiempo el sacerdote José María Julián Mariano Escrivá de Balaguer y Albás, fundaba el Opus Dei, para reafirmar los negocios inmobiliarios y financieros en todo el mundo, lo que le valió que fuera nombrado santo.

De la misma escuela salieron los obispos que, en su gran mayoría, durante la dictadura en Argentina en los años setenta, hicieron la vista gorda, cuando no colaboraron directamente con el genocidio.

La nueva legislación que empezará a regir en Argentina, atiende al bien común, que como se conoce es el conjunto de condiciones generales que son de ventaja para todos. A ver si se entiende, para todos, no solamente para los jerarcas de la iglesia católica, que claramente no son el bien común, sino uno muy particular.

Otro capítulo vendrá en el futuro próximo con el régimen de adopción para parejas de igual sexo. Anticipo también mi opinión favorable, seguramente esos niños adoptados por hogares de personas de igual sexo, estarán sideralmente mejor que en institutos estatales precarios, o bajo la tutela de los Storni, Ettiene, Grassi.. (Sigue la lista).

  • Daniel Tort
    Abogado y periodista

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