La parodia intervensionista

diciembre 13 /2008
Dr. Carlos H. Saravia

Urtubey y su esposa

Esta semana los habitantes del pueblo de Payogasta fueron sometidos al avasallamiento del Poder Ejecutivo Provincial que, con el apoyo de una mayoría parlamentaria irreflexiva, aplicó otro golpe brutal a la autonomía municipal de la que tanto se jactaron los constituyentes provinciales de 1986.

A 25 años de la restauración democrática, el argumento se acerca más a la soberbia de los dictadores militares...

La muerte de Héctor Legorburo –intendente reelecto en Octubre de 2007- determinó la asunción como interino del presidente del Concejo Deliberante Valeriano Bonifacio, tal como lo manda el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades que tiene una vigencia de casi tres décadas sin cuestionamientos. El 3 de Diciembre el cuerpo legislativo comunal se reunió y decidió por unanimidad que la edil Mónica Graciela Gutiérrez sería la titular del departamento ejecutivo.

La reacción inicial de los funcionarios del Ministerio de Gobierno constituyó un anticipo de la desmesura legislativa que pone en crisis al sistema de representatividad ciudadana. El Secretario de Gobierno Cristóbal Cornejo se apersonó al día siguiente en el pueblo vallisto, ordenó custodia policial del edificio, informó que existían rumores de conflicto y despidos masivos –nunca comprobados y hasta rebatidos con contundencia- y luego desconoció lo resuelto por el Concejo
Deliberante dejando a Bonifacio como “Intendente de hecho”.

A su entender, un acuerdo firmado por los tres ediles, una ordenanza y un acta de posesión en el cargo con presencia del Secretario de Gobierno y el Juez de Paz no eran suficientes para reconocer a Gutiérrez y le aconsejó que dirigiera sus planteos ante una justicia provincial dependiente. El gen renovador pareció traicionar sus
convicciones de abogado.

Juan Manuel Urtubey maduró su voluntad durante el fin de semana largo y el martes a la mañana remitió la iniciativa de intervención que obtuvo media sanción en menos de 24 horas. Evidenciando la desprolijidad que caracteriza estos apuros, en la noche del jueves algunos senadores tuvieron que pedir un cuarto intermedio en su sesión
previo a denunciar que no se les había entregado copia del proyecto.

Les concedieron diez minutos para una lectura veloz, luego de lo cual lo aprobaron con la oposición de los radicales Silvina Vargas y José Luis Valle y del cacheño Pablo Díaz que, apenas consumado el hecho, presentó su renuncia al bloque del PJ.

De nada le valió a este peronista pasar facturas por su apoyo incondicional a decisiones polémicas que hace poco tiempo se disimularon en la nocturnidad. Esta vez la arbitrariedad golpeó la puerta de su departamento y le impuso el exilio tras la indiferencia de sus propios “compañeros” de bancada. Toda una muestra de que la
legislatura no ha detenido su derrotero claudicante y que los deseos del mandatario pueden traducirse en ley con vértigo inusitado.

En la trastienda senatorial los operadores del ejecutivo invocaban con torpeza que ninguno de los tres concejales contaba con aptitud para ejercer el cargo de intendente. ¿Cuáles son los requisitos de idoneidad, a más de los previstos por la Constitución Provincial, que pretenden exigir los improvisados funcionarios de un gobierno híbrido para la gestión e inescrupuloso para la operación política? El sentido común nos impone rescatar al inexperto honesto antes que al extenso catálogo
de funcionarios propensos a enriquecerse abusando de un cargo público.

Para el oficialismo no resultan convenientes los frutos genuinos de una tierra castigada por gobernantes que no han reparado en educarlos sino en mantenerlos en cautiverio con asistencia social extorsiva. El cinismo los conduce a sostener que los intendentes con prontuario que heredaron del romerismo tienen idoneidad aparente mientras solventen las campañas con los presupuestos que administran. Tal vez por
ello el Foro de Intendentes de Salta optó por el silencio cómplice.

Las disidencias no son convenientes para una entidad que agrupa alcaldes con el exclusivo fin de imprimir mayor peso a la súplica de partidas presupuestarias. Hace rato que las cuestiones institucionales han dejado de formar parte de su agenda y se han sometido
a la discrecionalidad del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas.

A 25 años de la restauración democrática, el argumento se acerca más a la soberbia de los dictadores militares que hicieron pasar por la zaranda de la conveniencia a los dirigentes electos por el voto popular. Acaso los concejales no se postularon en listas de candidatos cuyos requisitos fueron controlados y considerados válidos por el Tribunal Electoral Provincial?

De ser esa la causa de la aberrada “normalización” habría que indagar –seguramente sin éxito- sobre los méritos funcionales o políticos de la esposa del gobernador para asumir con interventora. Por lo pronto, pueden arrimarse como elementos valorativos que nunca se distinguió en cargos electivos o ejecutivos y que no tuvo, ni tendrá, residencia efectiva en Payogasta.

Cualquiera fuere el prisma con que se mire, los argumentos intervencionistas se asientan sobre preocupaciones virtuales y encubren el asalto a una intendencia que no padeció crisis alguna y cuya problemática sobreactuada configura una sorpresa legislativa. Mientras los senadores pretendían digerir la intervención, “El Tribuno” redactaba la nota que daba por hecho la asunción de Ximena Saravia Toledo, poniendo de relieve los órdenes de consideración que dispensa la gobernación a los obsecuentes.

No es la primera vez que se produce una acefalía en un municipio que cuenta con tres ediles y nunca ha motivado una solución tan drástica. En los años 2001 y 2002, respectivamente, las comunas de General Pizarro y El Bordo transitaron por la misma situación y la Corte de Justicia no mostró el celo exagerado por el quórum y las mayorías que ahora preocupan al gobernador y su séquito. Por el contrario, sostuvo
que las desinteligencias entre concejales deben ser resueltas por el propio cuerpo y que la cuestión no es justiciable sino política.

El presidente de la Cámara de Diputados defendió la media sanción y hasta se animó a decir que mediaban influjos desde el justicialismo. No deben negarse las influencias que el senador Pablo Díaz, la intendenta de Cachi Fanny de Guitián y el Director de Control de Payogasta -Francois Lucio Pierre Pérez- ejercieron sobre Bonifacio. Ello no impide cuestionar al “gobierno del cambio” que buscó con la maniobra sepultar el proyecto senatorial de Walter Wayar y, de paso, se decidió a tomar la caja de un municipio para satisfacer objetivos electorales inminentes.

Urtubey necesita una estructura propia en una localidad que hace un año se mostró reacia a su propuesta. En aquel entonces el “Frente para la Victoria – Partido Renovador de Salta” no logró armar listas de candidatos y solamente compitieron el FREJUVI y el partido vecinal “Juntos por Payogasta”. El antecedente deslegitima aún más la decisión de alterar la normalidad institucional del pueblo vallisto y revela
la intencionalidad de castigar a los díscolos con ejemplaridad.

Los comicios para elegir al nuevo intendente se realizarán el 7 de Junio de 2009, despegados de la convocatoria general que se prevé para octubre. Los asesores gubernativos auguran que el reparto de dádivas permitirá al oficialismo forjar un intendente adicto que equilibre la gravitación wayarista. Hasta ese día, la esposa del gobernador decidirá el destino de una localidad que tal vez cuente con su presencia cuando los compromisos familiares y el protocolo lo permitan. Los aviesos
ganaron otra partida…