Las deudas del Estado con la Educación

octubre 10 /2008
Emiliano Bastia

Han pasado 90 años de la gesta de la Reforma Universitaria de 1918, a partir de la cuál se crearon las bases del modelo universitario que se desarrolla en el país y en toda América Latina. No pretendemos realizar un análisis de la situación del sistema educativo superior argentino desde sus orígenes, muy por el contrario, queremos abocarnos al periodo más reciente de la historia.

La Universidad debe estar más allá de las temporalidades del poder político.

Han pasado 90 años de la gesta de la Reforma Universitaria de 1918, a partir de la cuál se crearon las bases del modelo universitario que se desarrolla en el país y en toda América Latina.

Las “libertades” que heredamos los reformistas [la autonomía universitaria, el cogobierno, la docencia libre, la periodicidad y los concursos en las cátedras, la extensión universitaria, la investigación, el compromiso federal y el compromiso latinoamericano, el bienestar estudiantil, la conciencia de los pedidos al Congreso por mayor presupuesto y por la imperiosa articulación entre los niveles de enseñanza] han perdurado tantos años, y perdurarán muchos más sin lugar a dudas, por su pureza, por su veracidad, por su espíritu. Ha sido así, porque precisamente ninguno de estos principios es un dogma.

Cada uno de ellos es permanentemente repensado, para que desde el contexto actual la universidad reformista siga cumpliendo con esos cometidos fijados en el 18.

El fin último que persigue la Reforma Universitaria es la democratización del conocimiento para la emancipación del hombre. Y a pesar de que muchas vergüenzas quedan y muchas libertades falta alcanzar, no necesitamos una Nueva Reforma, sino que el espíritu reformista, el espíritu de continua transformación siga expandiéndose y conquistando libertades.

No pretendemos realizar un análisis de la situación del sistema educativo superior argentino desde sus orígenes, muy por el contrario, queremos abocarnos al periodo más reciente de la historia. Para ello, nos remitiremos a las dos grandes deudas que el Estado tiene con el SES:

La primera, y que ya no es novedad para nosotros, es precisamente uno de los mayores problemas que se presenta en lo cotidiano y es la escasez presupuestaria, la falta de inversión en materia educativa.

La Ley de Financiamiento Educativo sancionada en diciembre de 2005 establece, en su articulo tercero “el presupuesto consolidado del Gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a la educación, la ciencia y la tecnología se incrementará progresivamente hasta alcanzar, en el año 2010, una participación del SEIS POR CIENTO (6%) del Producto Bruto Interno (PBI).

Inmediatamente después, en sus artículos cuarto y quinto la misma ley establece que para alcanzar los objetivos que se persiguen, el Gasto Consolidado en Educación, Ciencia y Tecnología [GEC] crecerá anualmente, pero establece al mismo tiempo que la “participación del Gobierno nacional en la inversión adicional para el cumplimiento de la Meta de crecimiento anual de GEC/PBI” será del 40% mientras que la de las provincias y la de la ciudad Autónoma de Bs. As. serán del 60%.

También se indica aquí que ese incremento se destinará prioritariamente a mejorar las remuneraciones docentes y garantizar la capacitación para mejorar la calidad educativa. (Tomemos en cuenta que la ley de financiamiento contempla todos los niveles de educación, ya sea en sus variantes pública o privada).

Si retraemos el análisis exclusivamente a la realidad universitaria, no podemos dejar de reconocer la importancia de una ley que garantice la actualización de los docentes y su formación continua. Pero tampoco podemos desconocer que la misma no prevé incrementos en áreas tan trascendentales como extensión, investigación, bienestar (es así que las Becas del PNBU no han modificado su monto desde el año 2001, por ejemplo), funcionamiento, infraestructura, etc.

Tal es la situación que los incrementos presupuestarios de los últimos años han alcanzado, a muy duras penas, para compensar los incrementos salariales docentes, e incluso, si nos detenemos en la actualidad, ni siquiera para cumplir estos objetivos son suficientes (durante el presente semestre la central gremial CONADUH ha resuelto mantener las medidas de fuerza hasta tanto no se garantice la renegociación de la paritaria salarial del corriente año).

En promedio, del presupuesto asignado a las UUNN, entre el 80 y el 90% del mismo se destina al pago de sueldos, con lo cuál es excesivamente escaso y rudimentario el porcentaje del presupuesto que las universidades pueden destinar a la generación de ciencia y a la vinculación con la sociedad y las regiones en que se encuentran, entre otras funciones. Mucho menos contempla la creación de nuevas Universidades, como la UNNOBA, la de Chaco Austral o la de Villa Mercedes.

Pese a que la ley que mencionáramos prevé para este 2008 rondar una inversión del 5.3% del PBI en Educación, Ciencia y Tecnología, de acuerdo a los datos relevados para la CRES por la UNESCO (Ana Lucía Gazzola, Cartagena de Indias, Colombia, Junio de 2008) la inversión real es del 3.5%, lo cuál nos ubica en 5to lugar en orden ascendente en comparación con los demás países latinoamericanos y del caribe (Rep. Dominicana invierte el 1.8%, Perú el 2.9%, Nicaragua el 3.1% y Uruguay el 3.3%. En el nivel superior de la escala se encuentra Cuba con una inversión del 9.8% de su PBI. A modo de dato, Brasil invierte el 4.5%, Chile 3.7%, Bolivia 6.4%, Venezuela 5% y Paraguay 4.3%).

“La educación es un bien público, derecho de todos, deber del Estado. Esta premisa afirma dos cosas importantes: a) no sólo todos tienen derecho a la educación, como también es un deber del Estado proveer a todos una educación de calidad; b) la educación no es un bien negociable, aunque pueda ser impartida también por actores privados. Al ser pública, la educación tiene que ser de calidad para todos. Por ello, son beneficiosos los mecanismos que cumplan con las funciones de promover y asegurar la calidad de las Instituciones de Educación Superior (IES) de acuerdo con las demandas prioritarias de la sociedad. En tanto bien público, el aseguramiento de la calidad no puede transformarse en un interesante rubro de comercio, sino que es imprescindible que sea un instrumento de profundización de los valores democráticos, fortalecimiento de la soberanía nacional y la identidad nacional.”

  • Documento de Trabajo “Calidad, Pertinencia y Responsabilidad Social de la Univ. Latinoamericana y Caribeña”, José Dias Sobrinho, CRES, Cartagena de Indias, Colombia, Junio de 2008.

La segunda gran deuda es la necesidad de derogar la Ley de Educación Superior y generar un nuevo marco legal para el SES que contemple todos y cada uno de los principios que conforman el ideario de universidad reformista.

En el contexto actual, en el que las discusiones del Congreso de la Nación han retomado identidad pública, y ante la complejidad de temas como la situación de Aerolíneas Argentinas, la Ley de Presupuesto para el próximo año, entre otras, es altamente probable que el tratamiento de una nueva LES se postergue. De todas maneras, esto no implica ni que las intenciones de derogar la LES se hayan desvanecido, y mucho menos que nuestra organización no discuta y profundice en torno a cada una de las cuestiones referidas a una nueva ley que considere importantes.

A nivel del Ministerio de Educación, se continúa avanzando en este sentido. El CIN cuenta con un documento elaborado por el mismo, en el cuál se sientan las bases para un modelo de educación superior y existen en el Congreso de la Nación vastos proyectos presentados por diferentes fuerzas políticas.

Sin dudas existe, una reiterada manifestación de “redefinir el concepto de Autonomía de las Universidades” y en segundo lugar, la afirmación de la necesidad de “articular lo académico con lo económico, vinculando el SES con un proyecto de país”.

Si hay algo con lo que coincidimos es con la necesidad de debatir en torno al concepto de autonomía, principio fundamental de la Universidad Reformista, reconocido como tal en la propia Constitución Nacional pero profundamente avasallado por la LES y los gobiernos que se sucedieron desde su sanción.

Por autonomía debe entenderse la capacidad de las universidades nacionales para determinar sus propios órganos de gobierno, elegir sus autoridades, ejercer las funciones de docencia, investigación y extensión y las actividades administrativas y de gestión sin ninguna clase de intervención del Poder Ejecutivo Nacional.

Autonomía Universitaria implica la facultad que se les concede para redactar por sí mismos sus estatutos, determinando el modo en que se gobernarán, designarán su claustro docente, personal administrativo y autoridades.

Esta autonomía se encuentra consagrada en el Art. 75 inc. 19 y 18 de la Constitución Nacional cuando se le atribuye al Congreso Nacional la facultad de dictar una ley marco y de base, respetando los límites que son las garantías de autonomía y autarquía universitaria.

Pretender “atar” a las universidades a un “modelo de país” a través de una Ley no es otra cosa más que un desconocimiento del concepto puro de Autonomía Universitaria. Con esto no decimos que las universidades deban mantenerse aisladas de la realidad coyuntural por la que atraviesa el país y mucho menos que no deban articular con los estados, ya sean nacional, provincial o local, políticas públicas en donde el valor agregado que aporte sea el conocimiento. Pero imaginemos cuán grave sería condicionar el desarrollo del conocimiento, que entendemos debe ser crítico y objetivo, a las ideas políticas de un gobierno de turno, cuya duración es como máximo de 4 años. La Universidad debe estar más allá de las temporalidades del poder político.

De cara al debate por una nueva ley que rija la educación superior en nuestro país, seguramente hemos de encontrar en el abanico de propuestas alguna con la que tengamos mayores puntos de encuentro, lo que no quiere decir que la FUA termine haciendo suyo el proyecto ni apoyándolo en ningún ámbito sin siquiera dar las discusiones que considere pertinentes al respecto del mismo.

El proyecto que acompañemos o desde la propia FUA planteemos debe, necesaria e indiscutiblemente mantener el ideario reformista, desde lo ideológico y desde lo legal.

Una nueva Ley debe reconocer plenamente la autonomía universitaria, incluyendo la potestad de determinar sus propios métodos de conformación de los órganos de cogobierno, debe garantizar que no existan supremacías directas ni absolutas de ninguno de los claustros que componen el Cogobierno, debe garantizar y determinar el acceso a la docencia por concurso, debe bregar por la calidad, la excelencia y la pertinencia de la Educación Superior al tiempo que debe ratificar el carácter de bien público de la educación.

  • Emiliano Bastia
    Vicepresidente FUA.