Los dueños de la impunidad, estupido

marzo 28 /2015
Daniel Tort

La conmemoración del trigésimo noveno aniversario del advenimiento de la última dictadura militar en Argentina el pasado 24 de marzo, renovó los consabidos discursos relativos a la necesidad de recuperar y mantener la memoria sobre el nefasto periodo.

La llamada Justicia que debería juzgar a todos por igual, hay evidencia clara de que algunos son mucho más iguales que los demás.

Pero casi en forma simultánea a las marchas que se realizaron en todo el país, y como real paradoja del retroceso en la materia, se conoció el dictado de la sentencia a cargo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, que ordenó la falta de mérito en favor del dueño y del ex administrador del imperio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier y Alberto Enrique Lemo.

Los señores jueces que dictaron ese fallo claramente político en un momento clave de la actualidad, estimaron que si bien está acreditado que los imputados habían facilitado los vehículos de la empresa a las fuerzas militares que actuaban en la clandestinidad, no sabían para qué los usarían.

Estimado lector, aclaro expresamente que lo expuesto en el párrafo anterior no es una ficción, es lo que han escrito en su sentencia. Es algo así como afirmar que Hitler no tuvo responsabilidad en el holocausto, porque haber mandado a construir campos de concentración y hornos, no acredita que él supiera para qué serían utilizados.

El precedente judicial además se conjuga con otros de los mismos días dictados en igual sentido –falta de mérito- por ejemplo, el relacionado al empresario Victor Massot que estaba acusado de coautoría de crímenes de lesa humanidad en su condición de propietario del diario La Nueva Provincia; o la resolución que impuso la negativa a indagar a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y otros, por la apropiación mafiosa de la empresa Papel Prensa.

En otros tiempos un candidato a presidente de los EE.UU. acuñó la famosa frase “Es la economía, estúpido”, que se convirtió sin querer en eslogan de campaña y que se ha popularizado en todo el mundo como una manera de señalar algo esencial y evidente. En el caso de nuestro País, podemos resumir la situación con la frase: “El poder económico es impunidad, estúpido”.

La frase ya la había impuesto Alfredo Yabran en una época `que tampoco hay que olvidar, cuando entrevistado por Mariano Grondona en el programa “Hora Clave”, sobre qué entendía él por el poder, respondió muy suelto de cuerpo: “Para mí el poder es impunidad”.

Y digo que no hay que olvidar aquellos tiempos, porque a la luz de los resultados judiciales de hoy como los que comentamos, se comprueba que el esquema perverso de la entente civil-clerical-económica-militar de Marzo de 1976, en algunos aspectos se mantiene intacta.

Esa responsabilidad es compartida también por los estamentos oficiales y entre ellos incluimos a la misma presidenta Cristina Fernández viuda de Kirchner, quien a comienzos del año 2011 le regaló al imperio Ledesma –Julio De Vido mediante- la Resolución 1673/10 de la Secretaría de Energía para prácticamente monopolizar el mercado interno de bioetanol.

La familia judicial por su parte hace lo suyo, y así como antes, durante y después de la dictadura se hacían de mirar para otro lado, ahora miran para el mismo lado del poder y con la venda bien baja y la caradurez muy alta, dictando fallos a la medida de los intereses del mismo poder económico cómplice de los crímenes de lesa humanidad.

Que el ex juez federal de Jujuy Horacio Aguilar, abogado personal de la mesa chica del gobernador Juan Manuel Urtubey y ex asesor nada menos que en Derechos Humanos de esa gestión mediante un jugoso contrato de consultoría que hoy está simulado a nombre del hermano, sea el defensor de Blaquier, no es una casualidad.

El joven mandatario salteño está comprometido de lleno con la línea Kirchnerista –hasta hoy por lo menos- y pone su equipo de letrados rentados para la defensa de ese imputado de crímenes de lesa humanidad, porque todo cierra en torno a los vínculos del poder. Es el mismo poder del que hablaba Yabrán, “estúpido”.

Y de esta manera, el gobierno nacional se queda sin explicación alguna en casos como el que comentamos, y personajes de la talla de Estela Carlotto naufragan en un mar de contradicciones repudiando estos fallos, pero alabando sin límites a la política oficial, que es la misma que lleva a la presidenta a abrazarse –literalmente abrazados, con foto y todo- con Blaquier, para darle premios empresariales y otorgarle privilegios.

En materia judicial existe lo que se conoce como hechos públicos y notorios, que los jueces deben considerar como suficientemente conocidos y que por lo tanto no requieren de prueba alguna en los procesos. Para los magistrados que integran la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal de la Nación, la Noche del Apagón, los desaparecidos, los bebés apropiados por los genocidas, y el uso de vehículos de una empresa para cometer todos esos hechos, no son públicos ni notorios, y por ahora no hay prueba suficiente. Increíble.

A esta altura de la historia, con la actuación de abogados que hacen las veces de jueces como éstos, y con esos parámetros, podemos acuñar sin duda alguna otra frase: “Es la complicidad, estúpido”. La complicidad de elites sociales que integran y se entrelazan con el mismo poder que hace lobby para nombrarlos, y que luego les pasa factura.

Indudablemente que en materia de juicios de lesa humanidad este gobierno nacional ha hecho mucho más que todos los anteriores, y que el proceso –con perdón- sigue su curso, pero resta mucho por hacer.

En el mismo camino queda también muy claro que habrá distintas varas para medir las responsabilidades; y que ante la pomposamente llamada Justicia que debería juzgar a todos por igual, hay evidencia clara de que algunos son mucho más iguales que los demás.

Es el poder del señor dinero, “estúpido”.

  • Daniel Tort, abogado y periodista
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