Megacausa: Condenas para 15 represores

diciembre 20 /2013
Elena Corvalán

Tras más de año y medio de debate, en fallo unánime, el Tribunal Oral Federal de Salta condenó a prisión perpetua a cinco militares, un comisario y un integrante del Servicio Penitenciario Provincial, por delitos de lesa humanidad cometidos antes y durante la dictadura cívico-militar. A otros 8 represores les impuso condenas que van desde los 10 años a 5 años de prisión. En todos los casos, las penas deben ser de cumplimiento efectivo, en cárceles federales, por lo que se revocaron las prisiones domiciliarias. Dos mayores fueron absueltos por el beneficio de la duda.

Informes completo sobre las condenas, las participaciones secundarias, cárcel común, juntas médicas, los recursos casación, las presencias y ausencias sobre el histórico fallo en la Megacausa en Salta.

El fallo se dictó el viernes 20 de diciembre en una sala colmada, sobre todo por familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Acompañaron varios funcionarios nacionales, legisladores del Partido Obrero y el intendente de Hipólito Irigoyen; en cambio, no hubo funcionarios provinciales.

La lectura de la sentencia se hizo a las 12,30, hora y media antes de la prevista inicialmente. Las condenas máximas recayeron sobre Carlos Alberto Mulhall, Virtom Modesto Mendíaz, Joaquín Cornejo Alemán, Miguel Gentil y Héctor Ríos Ereñú; el ex comisario Joaquín Guil, y el ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray. Esta es la tercera sentencia que recae sobre Mulhall, Guil, Gentil y la segunda contra Alzugaray.

Mulhall, que fue jefe de la Guarnición Ejército Salta, fue declarado autor mediato de “homicidio agravado por alevosía y por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas” en 20 hechos, homicidio simple en un hecho, “privación ilegítima de la libertad agravada por abuso de sus funciones y el empleo de violencia” reiterada en 14 oportunidades, aplicación de apremios ilegales y violación agravada, todos en concurso real.

A Guil lo declararon autor mediato de 16 hechos de homicidio agravado; privación ilegítima de la libertad en 14 oportunidades y un hecho de tormentos agravados.

Gentil, ex jefe de la Policía salteña, fue declarado autor mediato por los homicidios agravados del periodista Luciano Jaime y los militantes del Frente Revolucionario Peronista (FRP), Ricardo Tapia, Alfredo Mattioli, Liendro Estopiñán y Marcos Estopiñán. Y por dos hechos de privación ilegal de la libertad, en perjuicio de Jaime y de Ramón Gerardo Gallardo.

Alzugaray fue declarado partícipe necesario en los delitos de homicidio agravado, privación de la libertad agravada y tormentos agravados, en perjuicio de Eduardo Fronda.

Mendíaz, también jefe policial, fue condenado como autor mediato de cinco hechos de homicidio agravado, por Gemma Fernández Arcieri, Héctor Gamboa, Martín Cobos, Carlos Figueroa Rojas y Silvia Aramayo. Y cuatro hechos de privación ilegítima de la libertad agravada.

Ríos Ereñú, que fue jefe del Regimiento de Monte 28, en Tartagal, fue declarado autor mediato de dos homicidios agravados y dos hechos de privación ilegítima de la libertad, en perjuicio de Jorge René Santillán y Pedro Urueña.

Cornejo Alemán fue condenado por el homicidio agravado y la privación ilegítima de la libertad agravada del conscripto Mario Brizzi. Por este hecho también fue condenado a 5 años de prisión el coronel retirado Ricardo Benjamín Isidro de la Vega. Los mayores Marcelo Gatto y Fernando Chaín, que estaban acusados por la privación, fueron absueltos por “el principio de la duda”.

Participación secundaria

Los policías Julio Correa y Víctor Hugo Almirón fueron condenados a 10 años de prisión. Correa, por su participación en 4 secuestros cometidos en General Guemes: de las hermanas Francisca y Berta Torres, del conscripto Felipe Pizarro Gallardo y Nolberto Guerrero.

Almirón fue condenado como partícipe secundario de los secuestros de Oscar Bianchini, Néstor Díaz y Ramón Gallardo, en el barrio de Tres Cerritos.

El policía Mario Pachao recibió una pena de 8 años, por la detención irregular y los tormentos infligidos a Ernesto Luis Mamaní, en la Central de Policía. El civil Juan Manuel Ovalle recibió igual condena, en su caso como partícipe secundario de la privación ilegítima de la libertad de Aramayo.

Por la detención y torturas que sufrió el ex legislador y sindicalista Pablo Salomón Ríos, fueron condenados los policías Felipe Caucotta, a 7 años de prisión, y Ramón Vivas, a 5 años.

El policía Raúl Toledano fue condenado a 7 años de prisión como partícipe secundario del secuestro del policía Pedro Vélez.

Los familiares y querellantes esperaron la lectura gritando consignas de los organismos de derechos humanos y dando el “¡Presente!” para cada una de las víctimas. Los familiares de los acusados salieron del silencio cuando se conocieron las dos absoluciones.

Sobre el final, la pretensión del defensor oficial Federico Petrina de hablar antes de que se cerrara la audiencia, desató la reacción de los querellantes. Y la respuesta del abogado Luis Garzón, que enrostraba a los familiares violaciones de los derechos humanos.

Ya retirados los jueces, los querellantes se mezclaron en abrazos con llanto, risas y cantos. Hubo también otro cruce verbal con los familiares de los acusados.

Cárcel común y juntas médicas

El Tribunal integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marcelo Juárez Almaraz y Marta Liliana Snopek dispuso que las penas sean de cumplimiento efectivo, tal como lo habían solicitado el fiscal federal Ricardo Toranzos y los querellantes.

En consecuencia revocó revocó las prisiones domiciliarias de Mulhall, Cornejo Alemán, Gentil, Ríos Ereñú, Mendíaz, Guil y Alzugaray. Y dispuso la inmediata detención de los policías Julio Correa, Víctor Hugo Almirón, Raúl Toledano, Mario Pachao, Felipe Caucotta y Ramón Vivas, del militar Ricardo de la Vega y del civil Juan Manuel Ovalle.

El Tribunal dispuso que Mulhall seguirá alojado en el Hospital Penitenciario Central de la Unidad Penitenciaria de Ezeiza. Y ordenó “el inmediato traslado de Miguel Raúl Gentil, Héctor Luis Ríos Ereñú y Virtom Modesto Mendíaz” a ese mismo Hospital; y el “inmediato traslado de Joaquín Cornejo Alemán, Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray al Complejo Penitenciario Federal III –Güemes”. También los nuevos detenidos fueron trasladados a la cárcel federal de Guemes.

La decisión fue saludada con aplausos por los familiares de víctimas y militantes de organismos de derechos humanos. Pero enseguida comenzaron las exclamaciones de desaprobación cuando el secretario Mariano García Zavalía leyó la disposición de que una junta médica “de tres profesionales de la salud designados por el Cuerpo Médico Forense” examine a Mendíaz, Mulhall, Gentil y Ríos Ereñú “e informe fundadamente respecto de si las condiciones de salud de los nombrados permiten que continúen alojados en una unidad penitenciaria”.

Es que los querellantes tienen experiencia en detenciones efectivas que duran un suspiro con la aparición de rápidas dolencias que obligan a las prisiones domiciliarias, como lo recordó luego el abogado Matías Duarte. El Tribunal también dispuso que una junta médica del sistema de salud provincial examine a los alojados en la cárcel de Guemes, con el mismo objetivo.

Todos a Casación

Aunque los querellantes se manifestaron contentos con la sentencia, la abogada Susana Aramayo adelantó que irán a Casación por las absoluciones de los mayores Fernando Chaín y Marcelo Gatto, que estaban acusados de haber participado del secuestro de Víctor Brizzi. También la Fiscalía informó extraoficialmente que casará la sentencia solicitando la revisión de estas absoluciones.

Del otro lado, los defensores oficiales Martín Bomba Royo informó que ya hizo reserva de ir a la Cámara Nacional de Casación Penal insistiendo con la absolución de Ríos Ereñú. El defensor oficial Federico Petrina, también dejó planteada la casación, en representación de 13 de los condenados, entre ellos Mulhall y Guil.

El abogado Dardo Verchán, que asiste a Toledano, dijo que hará lo propio.

Ausencias y presencias

El abogado David Leiva lamentó la ausencia de funcionarios provinciales, a pesar de que habían sido invitados. Por contraposición, destacó la presencia de funcionarios del gobierno nacional, entre ellos el director del Programa Verdad y Justicia, Beinusz Smukler; la directora Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana Oberlin, organismo que fue querellante en este proceso. También estuvieron el delegado local del INADI, Nicolás Hirtz; la coordinadora local de la AFSCA, Josefina Adrover.

De Salta concurrieron los legisladores del Partido Obrero Claudio del Plá y Gabriela Cerrano, y el intendente de Hipólito Irigoyen.

  • Informe Elena Corvalán, periodista
    elenac75@yahoo.com