Menéndez insiste con un tribunal militar

abril 7 /2011
Elena Corvalán

Luciano Benjamín Menéndez

Una reivindicación de los tribunales militares por parte de Menéndez, el pedido para que se lo traiga a comparecer a juicio en Salta, otro pedido para que se le revoque la prisión domiciliaria, los rechazos del Tribunal Oral en lo Federal y la lectura de las declaraciones indagatorias de los acusados fueron la serie de actos que marcaron la segunda jornada del juicio oral y público por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

El juicio continúa con los primeros seis testigos de una lista de más de 120 testigos propuestos.

El ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, insistió en desconocer la legitimidad de la justicia civil y reiteró que debe ser juzgado por un tribunal militar. La querella dijo que con esto demuestra que considera ilegítimo al tribunal y que pidió que, dado que podría eludir la justicia, se le revoque la prisión domiciliaria.

Como lo viene haciendo en los otros procesos en los que ya resultó condenado por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, Menéndez sostuvo que los jueces civiles “son inconstitucionales” y que “violan el principio de del juez natural” y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

Añadió que la actuación del gobierno militar instaurado el 24 de marzo de 1976 fue una intervención “ante la subversión marxista en su asalto armado a la patria” y reiteró que “en ese entonces el Código de Justicia Militar estaba vigente” por lo que el tribunal que los juzga, a él y a los otros siete acusados, “es incompetente”. Insistió también en atribuirse toda responsabilidad sobre por los hechos que se investiga, y que “no se puede imputar nada” a los otros “ni menos privarlos de la libertad”.

Menéndez dijo estas palabras desde la casa de su hijo en San Miguel de Tucumán, donde cumple arresto domiciliario. Para cuando habló ya habían pasado las 14. Por la mañana, durante la identificación de los acusados, había dicho que no iba a declarar pero que quería aclarar porque no lo hacía. “Soy un preso político”, casi susurró a continuación, pero eligió el silencio cuando el abogado Oscar Rodríguez, querellante por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, le pidió que explicara los motivos para esta afirmación.

Rodríguez, solicitó hacerle preguntas a Menéndez, pero el Tribunal, presidido por Liliana Snopek, no lo permitió.

Cuando Menéndez terminó de hablar Rodríguez pidió que se le revocara la prisión domiciliaria porque “de las propias manifestaciones del imputado, que considera ilegítimo tanto al tribunal como al proceso”, se desprende que “existen peligros procesales” de elusión de la justicia o de entorpecimiento de la colección de la prueba. El tribunal rechazó el planteo por considerar que no se habían agregado elementos nuevos que ameritaran un cambio en la tesitura de mantenerlo en prisión domiciliaria. La presidenta agregó una frase que provocó molestias en la querella: dijo que los dichos de Rodríguez pueden interpretarse como un intento de coacción hacia el acusado.

Como la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 9,30, nadie tuvo tiempo de reaccionar. Fuera de la sala de grandes juicios de la Ciudad Judicial, Rodríguez dijo que se trata de limitar el trabajo de la querella, y adelantó que es posible que hoy planteen que si la magistrada considera que la querella incurrió en un delito, inicie el proceso por ello.

Antes el tribunal había rechazado un pedido del abogado David Leiva, de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, para que Menéndez concurriera a la sala de audiencia. Por solicitud de la querella, se lo sometió a un examen médico que confirmó que padece de hipertensión arterial crónica y bronquitis crónica. El médico recomendó que no fuera trasladado a Salta. El tribunal dispuso que se lo revisará semanalmente.

Las audiencias continuará con los primeros seis testigos de la lista de más de 120 propuestos.

Guil dice que era amigo de Ragone

El ex jefe de Seguridad de la policía de la provincia, Joaquín Guil, negó haber estado enemistado con Miguel Ragone. Todo lo contrario: dijo que su familia era amiga del ex gobernador y que le estaba agradecida porque había salvado la vida de un sobrino suyo. Dijo que tampoco es cierto que Ragone lo hubiera dado de baja de la Policía y que en realidad lo había propuesto para que ocupara la Dirección de Seguridad.

Esas afirmaciones fueron volcadas por Guil durante sus declaraciones indagatorias en 2005 y 2007, en las que consideró que la acusación en su contra fue armada por abogados de derechos humanos con la colaboración del testigo Nolasco Rodríguez, que busca venganza por el asesinato de su hermano, cometido en Metán. Trató de esta manera de desarmar la reconstrucción de los hechos realizada durante años de pesquisa.

Guil negó también haber tenido el control de la Policía en toda la provincia, aseguró que no fue Ragone quien le dio el pase a retiro, sino el juez Roberto Castro, en el marco de la investigación por apremios ilegales contra miembros de “una célula terrorista”, dijo que luego él y los otros policías acusados fueron sobreseídos de esta acusación.

Sostuvo que la dirección a su cargo no realizaba tareas de inteligencia y que no tenía “ningún contacto” con el Ejército y la Gendarmería, aunque antes recordó que la Policía salteña “estaba bajo la jurisdicción y subordinada al Ejército argentino”.

Guil negó toda participación en el secuestro del ex gobernador, el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal. “Todos los esfuerzos de la Policía se volcaron a investigar este hecho” aseveró.

Salvo Luciano Benjamín Menéndez, que habló para desconocer al tribunal, el resto de los acusados prefirió no abrir la boca ayer, cuando se les dio la oportunidad de declarar ante los jueces Liliana Snopek, Carlos Jiménez Montilla y Luis Giménez. Por eso se leyeron sus declaraciones anteriores.

El ex jefe de la Policía, Miguel Gentil, también sacó a relucir amistad con los Ragone: dijo que sus nietos son amigos de los hijos y nietos del ex gobernador. Aseguró que actuó “siempre conforme a las leyes y reglamentos de esa fuerza”; recordó que la Policía estaba bajo control operacional del Ejército y reflotó la vieja teoría distractiva, planteada a poco del secuestro, acerca de que se trató de un enfrentamiento dentro del Partido Justicialista: son “delitos comunes cometidos en el marco del enfrentamiento entre dos sectores de un partido, con la posibilidad de que hubiera sido perpetrado por Montoneros”, afirmó.

El ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Mulhall, negó la acusación, igual que los ex policías Pedro y Rubén Herrera (bastante desmemoriado) y Jorge Héctor Zanetto, acusado por amenazas, que hizo gala de una fluidez de contactos con dirigentes del ala dura del peronismo de los 70. Entre otras actividades, dijo que fue chofer de Lorenzo Miguel. Soraire también negó participación en el secuestro; dijo que siempre trabajó en la zona de Metán y reconoció haber integrado la Guardia del Monte, un grupo parapolicial que combatía el abigeato y cuyos integrantes han sido acusados por el homicidio de Oscar Ramón Rodríguez y José Lino Salvatierra, cometido el 10 de mayo de 1977.

Buscado por subversivo

Al comienzo de la audiencia el fiscal Horacio Azzolín pidió que se arbitren los medios para que declare el abogado brasileño Jair Krischke, consejero fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos del Brasil.

Es porque este abogado entregó un documento, rescatado de archivos del Operativo Cóndor, en el que el Ejército brasileño difunde una lista de personas buscadas por las “autoridades policiales-militares de la República Argentina por haber practicado acciones subversivas”.

En esa larga lista, a la que Nuevo Diario accedió, se cuenta el nombre de Miguel Ragone. También aparecen un funcionario suyo, el periodista e historiador Gregorio Caro Figueroa y el dirigente justicialista Julio Mera Figueroa. Y otros que tuvieron un trágico final, como el escribano Aldo Melitón Bustos y Gladys de Puggioni.

El documento indica que se las autoridades argentinas pedían la “inmediata detención” de estas personas.

  • Texto: Elena Corvalán
    Periodista