Millonarias operaciones inmobiliarias frenadas en la Justicia

octubre 1ro /2012

Romero-Del Plá

Una sospechosa maniobra inmobiliaria realizada tres días antes de que finalice la gestión de Juan Carlos Romero como gobernador, el 7 de diciembre del 2007, el Estado salteño compró para la Dirección General de Familia Propietaria a un valor de $ 1.489.537,50, unas 13 hectáreas en General Mosconi por las que un día antes el vendedor las había adquirido por $ 450 mil.

"Esa decisión de la Corte, además de no considerarlos como asociación ilícita, son los principales motivos para que ambos casos se encuentren frenados en la Justicia".

Esta operación fue denunciada en la Fiscalía Penal Nº 3 por el diputado del Partido Obrero Claudio Del Plá, el 29 de noviembre del 2010, conjuntamente a otra estratagema similar sucedida en la localidad de Cerrillos en el 2006, en los que el gobierno adquirió por 2 millones de pesos unos terrenos que días antes habían sido comprados por $ 80 mil.

Lo particular de esta situación es que en ambos casos se encuentra involucrado una misma persona, Gustavo Daniel Martín, quien sería el que gestionó estas dos "brillantes" operaciones inmobiliarias que le permitieron en el primero de los casos triplicar las ganancias en solamente 24 horas, mientras que con lo de Cerrillos tuvo una diferencia a su favor de 1.920.000 pesos en quince días.

Justamente Martín fue apuntado en la denuncia de Del Plá, junto con el ya fallecido Héctor Aleksandrowicz, quien representó al Estado en ambas operaciones en su carácter de director de Familia Propietaria.

El diputado del Partido Obrero en ese momento solicitó que esas denuncias se acumulen a las causas similares que se tramitan ante el Juzgado de Instrucción Formal 4ª a cargo del Dr. Federico Pastrana, algo que finalmente fue rechazado por la Corte de Justicia.

"Esa decisión de la Corte, además de no considerarlos como asociación ilícita, son los principales motivos para que ambos casos se encuentren frenados en la Justicia".

Del Pla además destacó que aparte de estas dos denuncias, él presentó otras tres de la que tampoco hay novedades, "una es en Metán, la otra los terrenos de la ex Boroquímica y una más de una estancia rural".

"Otro inconveniente es que yo solo puedo ser denunciante, porque al ser diputado no me puedo constituir como parte querellante, pero estamos viendo la posibilidad de que exista una ventana legal que me lo permita, y de esta manera poder seguir activamente ambos casos”, explicó Del Plá.

Comisión investigadora

A nivel legislativo, el diputado había solicitado que ambos casos también sean investigados por la comisión investigadora que estaba indagando acerca de los terrenos de La Cienaga, "pero el oficialismo puso rápidamente un punto final y la comisión se desintegró sin resultados concretos y en ese momento solo el PO pidió que no se clausure la investigación y se continúe con la misma"

Dicha comisión se constituyó en octubre del 2010, y estaba compuesta por 11 legisladores. Apenas 40 días después culminó su labor sin ninguna sanción en torno a la operación inmobiliaria.

Solamente formuló un reproche por la falta de publicidad de las operaciones realizadas y por las dudas que generan las asimetrías denunciadas entre los precios de la tierra a lo largo de las sucesivas operaciones.