No se ordenó hacer la autopsia al cuerpo de Arredes

agosto 8 /2011
Elena Corvalán

El médico Eduardo Moisés sostuvo en la jornada del 7 de agosto que el jefe del área de Medicina Legal de la Policía de Salta le ordenó que no realizara la autopsia del cuerpo del almacenero Santiago Catalino Arredes, asesinado de un disparo durante el secuestro del ex gobernador Miguel Ragone, la mañana del 11 de marzo de 1976.

Recién ahora, durante este proceso, se hizo la autopsia al cuerpo de Santiago Arredes.

“Doctor, hay orden de la superioridad o de la Jefatura –no recuerdo bien cómo dijo- de entregar urgente el cadáver”, contó Moisés que le ordenó su jefe inmediato, el comisario médico Tamayo Ojeda (ya fallecido), cuando a las 11 de la mañana del 11 de marzo de 1976 le pidió autorización para hacer la autopsia del cuerpo del almacenero.

En 1976 Moisés se desempeñaba en el Hospital San Bernardo, donde era ayudante de Ragone, médico cirujano. El testigo también se desempeñaba como médico forense, con el cargo de oficial principal por entonces. La mañana del 11 de marzo del 76 pasó por la esquina de Del Milagro y Apolinario Saravia, donde estaba tirado el cuerpo de Arredes, y al ver “uno o dos policías”, se acercó y verificó que el almacenero estaba ya muerto. Contó que por eso, más tarde, ya en la sede policial, informó a su superior que había constatado el deceso y pidió autorización para hacer la autopsia. A diferencia de lo que indicaba el protocolo, recibió la orden inusual de no realizar la autopsia y, en cambio, le indicó que hiciera el certificado de defunción porque “había un pedido urgente de la familia, que había un oficial superior de la familia, de apellido Arredes”.

Moisés narró que entonces revisó el cuerpo, vio que tenía una herida de bala en el pecho, “en la región precordial” y que tenía orificio de salida en la zona lumbar, y confeccionó el certificado.

Ante preguntas del fiscal Horacio Azzolín, el médico confirmó que en 23 años de desempeño como médico legista esta fue la “primera vez” que no se hizo una autopsia.

Fuera de estas afirmaciones, el testimonio de Moisés estuvo cargado de frases referidas a su falta de memoria, justificadas en el tiempo transcurrido. “No recuerdo. Discúlpeme, doctor, no recuerdo”, fue la oración más repetida. La falta de memoria le valió un llamado de atención del abogado Martín Avila, querellante por las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia, que se mostró extrañado que no recordara cuestiones vinculadas al procedimiento habitual.

Según consta en el expediente, el comisario Roberto Arredes, que en marzo de 1976 era jefe de Personal, fue quien firmó una “autorización” para que el cuerpo de su hermano, Santiago, fuera entregado sin realizarle la autopsia. Roberto Arredes ha sido señalado como integrante del grupo de oficiales que, junto al entonces jefe de Seguridad, Joaquín Guil, perseguían y amenazaban a dirigentes sociales y políticos.

Ayer también declaró una sobrina de Santiago (y Roberto) Arredes, Norma Gutiérrez. En 1976 tenía 18 años y vivía con Santiago, su propia madre y su abuela, la madre de la víctima. Dijo que ni su madre ni su abuela autorizaron que no se realizara la autopsia, y que todos los trámites relativos a la muerte y al tratamiento del cuerpo estuvieron a cargo de los hermanos varones de Santiago Arredes: Manuel, Isaac (ambos fallecidos) y Roberto. Recién ahora, durante este proceso, se hizo la autopsia al cuerpo de Santiago Arredes. Demostró que el autor del disparo mortal estaba a mayor altura que el comerciante.

Ayer también declaró Martha Asunción Muruaga. Afirmó que el policía Pedro Bonifacio Vélez contó haber participado del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

Vélez era radio operador en Pichanal, fue secuestrado en mayo de 1977. Por su secuestro y desaparición están acusados tres policías. Muruaga también recordó, aunque dijo que “vagamente”, que Vélez decía que trabajaba en un grupo a las órdenes de Joaquín Guil, que “parece que era el jefe de Policía”, sostuvo la testigo, un tanto parca.

Martha es hermana de Rosa Muruaga, quien también aseguró que Vélez les confesó haber participado del secuestro y que el ex primer mandatario había sido asesinado.

Los alegatos

Las audiencias continuarán el 9 de agosto. Aún resta que declaren algunos testigos y que se incorpore la restante prueba pero ayer el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta informó a las partes que pretende comenzar con los alegatos el miércoles de esta semana.

Sin embargo, es posible que los alegatos queden pospuestos para la otra semana (el debate se reanuda semana de por medio) debido a que ayer había consenso entre la Fiscalía, los querellantes y los defensores en pedir tiempo para preparar sus alocuciones, dado que se trata de un proceso largo y es mucha la prueba a considerar.

Y aún hay prueba que está siendo solicitada. Ayer mismo los abogados insistieron con algunos testigos. El fiscal Horacio Azzolín no desistió todavía del testimonio de la ex jueza Martha Sofía Poma, imposibilitada de declarar en la víspera por un problema de salud; el abogado Matías Duarte (representante de la familia Ragone) reiteró que considera importante el testimonio del policía Felipe Calpanchay y recordó al Tribunal que la Policía Federal aún no mandó los archivos solicitados. Martín Avila insistió con el testigo Fausto López y el abogado David Leiva (querellante por Encuentro Memoria, Verdad y Justicia) pidió un careo entre los testigos Juan Carlos Villamayor y Néstor Finetti.

  • Elena Corvalán
    Periodista.