¿Otro archivo irregular de la DGR?

febrero 18 /2008

Un puesto de control de Vaqueros, se habría convertido en una sucursal de “Plumada S.A.” Allí se encuentran cerca de 300 cajas con expedientes para archivos con el rótulo de “Subprograma Auditoría Fiscal”. "Esa documentación se encuentra en ese lugar posiblemente para que desaparesca", dijeron dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública provincial y Municipal de Salta (ATAP). Se puso en conocimiento mediante notas enviadas a las autoridades actuales, lo que el gremio consideró: "un archivo irregular y una muestra más del estado de caos que se registra desde hace años en la DGR".

Documentación en un puesto de control de Vaqueros

¿Puede un puesto de control de Vaqueros ser la guarda de la documentación pública fiscal de la DGR?

La ATAP denunció que en un puesto de Vaqueros, se abandonó, "sin garantías ni seguridad", cientos de cajas con documentación impositiva valiosa. Se denunció este "envío irregular" de la Dirección General de Rentas para que -según las competencias respectivas- se ordenen las actuaciones administrativas y jurisdiccionales que correspondan.

Años 2004/05

Desde los primeros días de febrero, la institución ingresó a través de mesa de entradas, sendas notas con este hecho aparentemente irregular, al Ministro de Finanzas y Obras Públicas de la Provincia, C.P.N. Carlos Parodi; al Secretario Ejecutivo de la Unidad de Revisión y renegociacón Dr. Emilio Rodríguez Tuñon y al Coordinador General de Bibliotecas y Archivos del consejo Ejecutivo del SIPADA.

Desde el 31 de enero, Sergio Gerardo Ibarra, uno de los directivos de ATAP, pudo verificar que en el Puesto de Control de Vaqueros, que pertenece a la Dirección General de Rentas de la provincia, donde cumple funciones laborales, la existencia de unas 300 cajas de cartón marrón con rótulos del Subprograma Auditoría Fiscal, con documentación desde el año 2004 y 2005.

Según las presunciones de los dirigentes de ATAP, la guarda de esa documentación, habría sido ordenado por “funcionarios de jerarquía dentro del órgano de recaudación entre ellos, el jefe del Subprograma de Auditoría Fiscal, Julio Eduardo Aramayo y el reciclado funcionario romerista del entorno del Senador Yarade y actual Secretario de Ingresos Públicos, Sebastián Saravia Tamayo, siniestro represor laboral y responsable de una serie de irregularidades administrativas como titular de la D.G.R”.

Pila de cajas

A las notas denunciando este hecho irregular, la ATAP, envió fotos de las cajas con la documentación aludida. Aunque aun no tuvieron respuesta alguna, trascendió que el argumento de las nuevas autoridades podría ser “falta de lugar o espacios en las oficinas de la DGR”. Ante esta argucia, los denunciantes tomaron la previsión de enviarles fotos del interior del archivo de la DGR, ubicado en calle Pueyrredón, una de las sedes de la Rentas, donde se observan diferentes espacios vacíos, donde bien podrían guardarse esa documentación.

Argumentaron que, en el caso de que no hubiera lugar en los Archivos de la Dirección, podría haberse enviado a él o los depositos del Regimiento de Caballería Ligero N° 5, donde también tienen entendido, se habría derivado documentación y/o materiales de decomisos para su guarda.

Archivo de calle
Pueyrredón

La dirigencia de ATAP, presidida por Miguel Hugo rojo, Néstor Eduardo Vargas, Cristina del V.C. Rodríguez y Sergio Gerardo Ibarra, expresó en uno de sus párrafos de las notas enviadas que, “además de otros ilícitos, éste es el status quo actual de la gestión de Juan Manuel Urtubey sobre la guarda de la documentación pública en la DGR, un órgano por excelencia de Recaudación Provisional”.

La ley 7092, dice en sus artículos: “crease en el ámbito de la Provincia de Salta, el Sistema de Administración de Archivos (SIPADA) con la finalidad de organizar, conservar y difundir la documentación producida por los tres poderes del Estado”.

“Las unidades pertenecientes al patrimonio documental de la provincia son inalienables en forma individual o en conjunto”.

“Los documentos originales archivados en los archivos públicos del Estado provincial no podrán ser retirados en forma definitiva de esos repositorios, sin excepción”.

“La transferencia de documentación de un archivo a otro, será acompañada por un inventario de remesa confeccionado de acuerdo con lo previsto en la reglamentación de la presente Ley y los auxiliares descriptivos correspondientes”.