Paco Mosquera era miebro de la Triple A

junio 29 /2011
Elena Corvalán

“Hay nombres conocidos de gente que era de la Triple A, y que hoy se pasean libremente por las calles. Por ejemplo, uno de ellos era Paco Mosquera, que fue entrenador de Gimnasia y Tiro, que es dirigente de Gimnasia y Tiro. ‘Ojitos verdes’ le decían”, recordó la jornada del 28 de junio el testigo Carlos Melián en el juicio por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

Mosquera es propietario de varias empresas en esta ciudad, entre ellas Guardian SRL, que tiene a su cargo la seguridad de la Ciudad Judicial.

Ni bien terminó este testimonio, el abogado David Leiva, querellante por la organización Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, anunció que iba a presentar una denuncia en la Fiscalía Federal de turno, pidiendo que se investigue al ex director técnico del Club Gimnasia y Tiro, Gustavo Francisco “Paco” Mosquera.

No es la primera vez que el nombre de Mosquera se menciona en la sala de grandes juicios del Poder Judicial. A principios de mayo pasado el ex intendente de Salta, Juan Carlos Sánchez, sostuvo que el día del secuestro Mosquera entregó a los familiares de Ragone el zapato que había quedado en la calle Del Milagro al 160, donde se produjo el secuestro.

Sánchez identificó a Mosquera como miembro de la Policía Federal y recordó también su actividad en el Club Gimnasia y Tiro. Es claro que hablan de la misma persona, aunque ayer Melián dijo que creía que “Ojitos verdes” era de la Marina.

También en el Juicio por la Verdad aparece el nombre de Mosquera: en este caso el testigo Juan José Ovallo, que sufrió la detención durante la dictadura, contó que fue torturado por el propio Mosquera.

Melián, conocido por su actividad como payaso, fue convocado a declarar por pedido del fiscal federal Horacio Azzolín. Es que militaba en la Juventud Sindical Peronista y como tal interesaba lo que pudiera contar sobre la década del 70, el gobierno de Ragone, la intervención federal y el secuestro del ex primer mandatario, cometido el 11 de marzo de 1976.

El testigo recordó que cierto día Mosquera reunió a jóvenes miembros de la Juventud Sindical en la casa de Pablo Jáuregui (ya fallecido), en Tres Cerritos, para decirles que hicieran “un operativo y si no lo hacíamos éramos desaparecidos”. “Por supuesto que no lo hicimos”, añadió Melián. Explicó que el operativo consistía en “plantar pruebas en casa de dirigentes de izquierda” para que luego se realizaran allanamientos en esas viviendas, y que en su caso, por ser amigo del abogado Andrés Martinelli (quien fue perseguido durante la dictadura cívico militar iniciada en 1976), le tocaba ser quien colocaría la prueba falsa en su domicilio.

Detalló que en la reunión estaba también otras dos personas más (además de Jáuregui) ya fallecidas y otro que sigue vivo, Víctor Hugo Delgado. Añadió que no volvieron a ver a Mosquera, aunque luego a ellos les “allanaban el domicilio todos los días”. “No sé si estos allanamientos después fueron una especie de intimidación o algo por el estilo”, especuló.

Mosquera es propietario de varias empresas en esta ciudad, entre ellas Guardian SRL, que tiene a su cargo la seguridad de la Ciudad Judicial.

La Juventud Sindical Peronista era un brazo de la CGT, que a su vez respondía a la UOM, y estaba enrolada dentro de lo que se calificaba como peronismo de derecha.

El 28 de junio hubo otros cuatro testimonios, entre ellos el del periodista Alfredo Ramón “Bujía” Jerez, que no hizo aportes de interés para la causa y recurrió al derecho de preservar la identidad de las fuentes para evitar dar el nombre de cuatro supuestos testigos que mencionados en una nota publicada en 2004 en el semanario Redacción.

Siete personas están siendo juzgadas en relación al secuestro de Ragone, el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal: el ex jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Mulhall; el ex jefe de Policía, Miguel Gentil; el ex director de Seguridad policial, Joaquín Guil; los policías retirados Andrés Soraire, Pedro Herrera y Rubén Herrera y el civil Héctor Zanetto.

El debate continuará el 29 de junio, para cuando se prevé la declaración del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde.

“Guil tenía la suma del poder”

Carlos Melián se sumó ayer al coro de testigos que han dado cuenta del gran poder que tenía en la década del 70 el entonces director de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil. “Tenía la suma del poder público”, repitió el testigo. Recordó que cuando era presidente del Centro Policial Sargento Suárez, Guil obligaba a la gente a comprar entradas para presenciar los partidos del equipo de fútbol de esa entidad.

“Él andaba con los patrulleros y paraba en las confiterías, al que no compraba la entrada lo llevaba preso. Él manejaba todo en ese momento”, afirmó.

Otros testigos ya contaron que en esa época Guil y los otros oficiales que lo acompañaban aseguraban el triunfo del equipo policial deteniendo a jugadores de los equipos rivales y amenazando a los árbitros, entre otras irregularidades.

Un paseo por Paso de la Patria

La semana antepasada el también acusado Héctor Zanetto no estaba en Salta para asistir a las audiencias, que finalmente se vieron demoradas por las dificultades de comunicación generadas por las cenizas volcánicas, debido a que había ido a pasear en Paso de la Patria.

Esto motivó que el fiscal federal Horacio Azzolín planteara que debía revocársele la excarcelación concedida en 2009 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Ayer el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, integrado por los jueces Martha Liliana Snopek, Carlos Jiménez Montilla y Luis Giménez, rechazó este pedido del fiscal pero modificó las condiciones de la excarcelación de Zanetto, el que ahora “deberá residir en la ciudad de Salta” y solicitar, “con la debida antelación”, autorización para ausentarse.

El Tribunal también resolvió que el acusado Miguel Gentil, será internado en el Hospital Penal del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, para poder seguir desde allí el proceso por el sistema de videoconferencia. Esta internación será solo los días en que hay debate. El Tribunal basó su decisión en recomendaciones.

  • Elena Corvalán
    Periodista