Piden 20 años de prisión para Marcos Levín y dos policías

Elena Corvalán
febrero 23 /2016

Los querellantes pidieron que el empresario Marcos Jacobo Levín sea condenado a 20 años de prisión, como partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada en concurso real con tormentos.

Los abogados querellantes se tomaron más de 5 horas para fundamentar su solicitud de condena para los cuatro hombres acusados por la detención y las torturas a Cobos.

Igual pena pidieron para los policías retirados Víctor Hugo Almirón y Víctor Hugo Bocos, en su caso como coautores de estos delitos, mientras que para el policía Enrique Cardozo solicitaron 18 años de prisión, atendiendo a su condición de subordinado en enero de 1977, cuando detuvieron y torturaron a Víctor Manuel Cobos.

Los abogados querellantes Susana Aramayo, David Leiva, Grisel Kolbl y Oscar Rodríguez se tomaron más de 5 horas para fundamentar su solicitud de condena para los cuatro hombres que llegaron acusados por la detención y las torturas que padeció Cobos luego de que fuera denunciado por Levín por una supuesta estafa que nunca fue probada.

“No encontramos atenuantes”, explicó ya sobre el final de los alegatos Grisel Kolbl, y enumeró las razones para pedir estas penas: se trata de “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de Estado”; se utilizó el aparato organizado del poder estatal, sus policías, sus jueces; se valieron del gran poder empresarial. Y, del otro lado, “la indefensión de la víctima”, un simple trabajador enfrentado a estos poderes; el “doble carácter de la tortura” y el daño que sufrieron él y sus familiares. La abogada dijo que las penas tienen un “claro contenido reparatorio para Víctor Manuel Cobos”.

Kolbl sostuvo: “Se encuentra probado que Bocos dirigía las sesiones de tortura”, que “Cardozo aplicaba la picana”, que ambos instaban a los trabajadores para que se auto incriminaran bajo tortura. Y que “Levín proporcionó la lista de los trabajadores que debían ser torturados”, que “supervisaba la tortura”, “proporcionaba los medios de movilidad” y “obtuvo ganancias del disciplinamiento de sus trabajadores, que a partir de ahí se quedaron sin representación de la UTA (Unión Tranviarios Automotor)”.

“La comisaría de Levín”

Luego de que Aramayo trazara un perfil de la víctima y de que Leiva hiciera un repaso por el contexto histórico en que devino la aplicación del terrorismo de Estado en la Argentina, Rodríguez sostuvo que la detención ilegal y las torturas de un número todavía indeterminado de trabajadores de La Veloz del Norte fue “un eslabón más” del plan sistemático de eliminación de personas ejecutado por la última dictadura. Afirmó que el rol del empresario fue “determinante” por el poder económico que tenía y el poder sobre los policías. “Levín ha tenido efectivo dominio de la acción”, a tal punto que “la Comisaría 4° era la comisaría de Levín”, enfatizó. El querellante aseguró que el secuestro de Cobos y de los otros empleados (que todavía esperan una decisión de la Justicia para avanzar en el juicio) “está en un contexto de sistema de poder y tiranía” y “por eso es de lesa humanidad”; como una muestra de que estos hechos encuadran dentro de este tipo de delitos, recordó que “hace 40 años que ocurrió esto y todavía no tenemos sentencia”.

El abogado sostuvo que hubo una “empresa criminal conjunta”, por lo que los acusados son coautores. Sin embargo, como Levín no era funcionario estatal le aplicaron la figura de partícipe necesario.

Rodríguez hizo una apelación al Tribunal para que considere que no se puede aceptar que en el país haya detenciones como las llevadas a cabo por la Comisaría 4°, sin orden judicial, sin acta de detención, sin la asistencia del Estado para informar a sus familiares y darles la oportunidad de tener un abogado defensor.

Monstruo bicéfalo

El abogado David Leiva recordó ayer que el Estado terrorista tuvo un doble estándar. “Fue un monstruo de bicéfalo, un monstruo de dos cabezas”, uno Estado legal, a la vista de todos, que seguía con la administración, con los servicios a los contribuyentes, y otro ilegal, “que es el que sufrió Cobos” y los perseguidos por la dictadura.

Siguiendo con ese doble estándar, sostuvo que en la Comisaría 4° existía un orden legal, que el normal, habitual de una dependencia policial, “pero en determinado momento había un orden ilegal”, compuesto por Víctor Hubo Bocos, Víctor Hugo Almirón, Enrique Cardozo, el “Sapo” Toranzos, Flores y otros policías que participaban de actos de terrorismo. “Decimos que la Comisaría 4° formó parte del circuito represivo en Salta”, afirmó.

  • Informe: Elena Corvalán
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