Piden se investigue al filósofo Mario Casalla por la "Causa UNSa."

Elena Corvalán
octubre 28 /2011

Humanidades de la UNSa.

El delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Ávila, pidió a la Justicia Federal que investigue al filósofo Mario Carlos Casalla, que fuera docente de la Universidad Nacional de Salta, por su posible participación en delitos de lesa humanidad cometidos en esa casa de estudios en perjuicio de docentes y estudiantes.

Presentación judicial por crímenes de lesa humanidad

“Casalla debe ser imputado al menos por la privación ilegal de la libertad y/o desaparición forzada de Miguel Ángel Arra, al igual que la cúpula de la policía de Salta, el Ejército y la Delegación de la Policía Federal de Salta”.

La presentación, ante el Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad, a cargo del juez Julio Leonardo Bavio, solicita que Casalla, que actualmente es profesor en la Universidad de Buenos Aires, sea indagado como presunto “autor mediato de la privación ilegal de la libertad del profesor (Miguel Ángel) Arra”, secuestrado el 24 de junio de 1975, fecha desde la cual permanece desaparecido.

Ávila sostuvo que “Casalla es al menos responsable de la privación ilegal de la libertad sufrida por Miguel Ángel Arra, por haber confesado depurar ideológicamente al departamento más conflictivo de la Universidad, dar de baja a docentes directamente ligados a la subversión, trabajando estrechamente con los organismos de seguridad de la provincia y en especial la Policía Federal (delegación salta) a cargo del comisario Livy y el principal Faber al frente de la inteligencia subversiva, sin que se pueda descartar su responsabilidad en la desaparición forzada de Miguel Ángel Arra. Es decir, Casalla ’marcaba’ y elegía las víctimas que luego eran desaparecidas”.

Persecusión ideológica

Casalla, oriundo de Buenos Aires, llegó a Salta en 1973, para desempeñarse en la Universidad Nacional de Salta, cuyo rector era por entonces el recordado Holver Martínez Borelli, perseguido político luego y que falleció en el exilio en agosto de 1978. Posteriormente fue director del Departamento de Humanidades y luego secretario académico, ya como funcionario de la intervención en la Universidad, encabezada por Francisco Villada, y que comenzó el mismo día en que se intervino el gobierno provincial de Miguel Ragone, el 23 de noviembre de 1974.

Precisamente, en el juicio por el secuestro y desaparición de Ragone, el abogado Matías Duarte primero (querellante por la familia del ex primer mandatario) y el fiscal Horacio Azzolín después exhibieron pruebas que comprometen a Casalla con la persecución ideológica y el plan sistemático de eliminación de personas que comenzó antes del golpe de Estado cometido el 24 de marzo de 1976.

En su alegato Duarte leyó parte de un informe elevado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en 1980, en el que, entre otros datos, se copia un pedido que el profesor elevó en 1978 al Destacamento de Inteligencia 143 del Ejército, solicitando que no se lo calificara de “marxista” y se revirtiera la decisión de los interventores militares, llegados en 1976, de darlo de baja de la Universidad. Para justificar este pedido, y demostrar que no tenía vinculación con ideas de izquierda, Casalla afirmó que él mismo dió de baja a docentes de la UNSa y que cambió los planes de estudio para que no tuvieran contenidos subversivos. También dijo que compartía información con los servicios de inteligencia de todas las fuerzas. Muchos de los docentes dados de baja durante la intervención de la que Casalla formó parte integran ahora la lista de desaparecidos, como es el caso de Arra.

Junto a la derecha peronista

Ávila detalló que por las pruebas surgidas en el juicio por Ragone se sabe que Casalla, junto a la también profesora Yolanda Fernández Acevedo, suscribió el 1 de octubre de 1974 una solicitada, publicada en el diario El Tribuno, “criticando la gestión del entonces rector Holver Martínez Borelli, ligado al desaparecido Miguel Ragone”. Se le inició entonces un sumario a Casalla y a Acevedo, pero, luego de la intervención de la Universidad ambos fueron sobreseídos. Y Casalla “es ascendido designándoselo secretario académico”, señaló Ávila.

El mismo filósofo reconoció haber integrado la agrupación “De pie junto a Isabel” y el grupo Reconquista, ambas expresiones de la derecha dentro del peronismo.

Cuando se produjo el golpe, Casalla perdió su cargo de secretario académico, pero siguió en la docencia hasta que en mayo de 1976 los interventores militares, Casal y Yommi, lo dejaron cesante. El filósofo interpuso un recurso de reconsideración y cuando supo que había sido dejado cesante por ser “marxista”, envió una nota al Destacamento de Inteligencia 143 del Ejército en Salta, el 4 de noviembre de 1978. Afirmó que la cesantía fue por una desinteligencia, pidió que se enmendara este error a la vez que consideró “un enorme agravio ser sindicado como marxista”, calificación que, dijo, “produjo la extrañeza del caso en círculos civiles y militares de la comunidad salteña que conocían perfectamente mi actuación”.

También reseñó que fue profesor de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, del Colegio Militar de la Nación y el Centro de Estudios de Altos Estudios Militares (CAEM). Detalló haber servido “bajo las órdenes del teniente general (RE) Jorge Rafael Videla” y “del general (RE) Antonio Facundo Serrano”, que fuera gobernador de facto del Chaco. Y añadió que entre los cursantes de filosofía en el CAEM tuvo al “actual jefe de la Policía de Salta y al señor jefe del RIM 28 de Tartagal”. “Son personas de una intachable carrera y autoridad moral”, dijo, que podían referencias sobre él.

Dio de baja a varios docentes

Añadió que ingresó a la Universidad salteña en 1973 “sin mayores conocimientos de la gente que actuaba en la UNSa” pero que a los tres meses ya le era “evidente que sus autoridades y buena parte de la comunidad universitaria comenzaron a desviarse cada vez más hacia una tendencia francamente subversiva. Mi posición fue entonces de público y notorio enfrentamiento con la subversión universitaria, a punto tal que esa conducción subversiva me persiguió por todos los medios, me creó ‘cátedras paralelas’ de orientación montonero-marxista y me colocó bajo juicio académico (popular) pocos días antes de su caída”, subrayó.

Ávila señaló que el mismo Casalla “termina confesando terriblemente, y con orgullo que ‘ya en el gobierno universitario, durante los años 74 a 76 procedí a depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la Universidad (humanidades), dí de baja docentes directamente ligados a la subversión (puede solicitarse la nomina en la Secretaria Académica de la UNSa), revisé y promulgué nuevos planes de estudios dejando de lado los anteriores contenidos marxistas… de todo ello tiene constancia los organismos de seguridad de la provincia y muy especialmente la Policía Federal (delegación Salta) entonces comandada por el comisario Livy y con el principal Faber al frente de la inteligencia subversiva. Se trabajó estrechamente con todos esos organismos procediéndose a una prolija revisión de antecedentes antes de cualquier baja o alta de personal. Lo mismo puede decirse de la policía provincial, de Gendarmería, y de la Guarnición Militar Salta…’”.

Privación ilegal de la libertad

Para el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, por esta evidencia “Casalla debe ser imputado al menos por la privación ilegal de la libertad y/o desaparición forzada de Miguel Ángel Arra, al igual que la cúpula de la policía de Salta, el Ejército y la Delegación de la Policía Federal de Salta”.

En la presentación realizada en la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas) el padre de Arra, Miguel Arra, informó que su hijo era profesor de la Universidad Nacional de Salta hasta fines de diciembre de 1974, fue dejado cesante a partir de 1975. Arra buscó trabajo en Resistencia, Chaco, pero volvió a Salta a ver a su novia y fue secuestrado el 24 de noviembre de 1975. En el Hotel Residencial, donde se hospedaba, informaron que al caer la tarde de ese día cuatro personas que decían ser policías fueron a buscar sus pertenencias.

Elevación a juicio

Ávila solicitó también la pronta elevación a juicio de la causa en la que se investigan las desapariciones de Gemma Ana María Fernández Arcieri, Héctor Gamboa, Víctor Brizzi, Martín Cobos, Carlos Figueroa Rojas y Silvia Aramayo, en la que están acusados Carlos Mulhall, Isidro de la Vega, Virtom Mendíaz, Joaquín Guil, Joaquín Cornejo Aleman, Abel Murúa, Juan Manuel Ovalle, Marcelo Gatto, Fernando Antonio Chaín y Ubaldo Vujovich.

Este proceso es conocido también como “Causa UNSa” porque las víctimas son en su mayoría docentes y estudiantes de esta Universidad.

  • Elena Corvalán
    Periodista