Poder Judicial colapsado, ineficiente y complaciente

Daniel Tort
noviembre 22 /2013

Con una rapidez inusitada el poder político en Salta ha modificado nuevamente la legislación penal vigente otorgando a la Policía de la Provincia mayores facultades de las que ya detenta, y con esta curiosa iniciativa que incluye la posibilidad de requisa personal y vehicular de los agentes sin necesidad de orden ni control judicial, quedarán nuevamente en jaque los derechos fundamentales de los individuos plasmados en una supuesta Constitución garantista, que los mismos veloces reformadores -con no poca hipocresía- se proclaman como defensores.

Millonaria gestión en medio de la precariedad insalvable

La totalidad del sistema judicial de la Provincia está saturado cuando no colapsado. Se crean nuevas fiscalías en pueblos y parajes pero nunca defensorías, claro síntoma sobre la acción futura del gobierno, los jueces avasallados en sus funciones no dicen esta boca es mía, y se limitan a cobrar el sueldo todos los meses como si fueran eficientes.

Pero no se piense que la reforma penal abusiva es un acto aislado. En la misma semana se publican los decretos de promulgación de las leyes nº 7792 y nº 7793 que crean nuevas fiscalías penales para el distrito Capital y nuevos cargos similares para el Tribunal de Impugnaciones, ampliando nuevamente la estructura del fuero penal que en los últimos veinte años se ha triplicado, mientras en el mismo periodo otras áreas del poder judicial permanecen famélicas y colapsadas.

Pongamos por caso los tribunales del trabajo que siguen siendo seis en Salta Capital desde el año 1992, postergando el acceso de los ciudadanos desempleados o accidentados a sus créditos alimentarios durante años, con las consiguientes consecuencias sociales disvaliosas de marginación, disgregación y violencia familiar muchas veces generadas por las dificultades económicas, y no pocas veces teñidas de incursiones ilícitas de sus actores que terminan cometiendo hurtos o robos para sobrevivir.

Dejar de mirar para otro lado en este aspecto podría lograr que si los que tienen que padecer el desempleo cobraran rápidamente sus créditos no se verían forzados a delinquir, y no habría que triplicar el fuero penal. Sumar juzgados y fiscalías penales para reprimir y no juzgados laborales para distribuir y lograr la justicia social con equidad que persigue esa legislación, marca claramente una política de Estado represiva y no inclusiva como le gusta repetir a los cuatro vientos a Juan Manuel Urtubey, sabiendo para sus adentros que cuando con tanta banalidad se reitera en esa frase, nos está mintiendo.

Si realmente quisiera incluir ciudadanos y no reprimirlos no le darían facultades exorbitantes al Procurador de la Provincia ni se mandaría todo el tiempo a los acólitos y obedientes legisladores a aprobar cualquier proyecto trasnochado que a su hermano “El Tolo” se le ocurra garabatear de tanto en tanto para el entretenimiento de las sobremesas domingueras, y para satisfacer los rabiosos aplausos del mismísimo Pablo López Viñals en los actos de campaña.

Mientras todo esto ocurre y frecuentemente se crean nuevas fiscalías en pueblos y parajes pero nunca defensorías, lo que también es revelador de un claro síntoma sobre la acción futura del gobierno, los jueces avasallados en sus funciones no dicen esta boca es mía, y se limitan a cobrar el sueldo todos los meses como si fueran eficientes. El presidente de la Corte de Justicia siempre tan maleable y funcional al gobierno de turno asiste a este espectáculo con la conveniente parsimonia omisiva de no opinar ni entrometerse, dejando que las garantías constitucionales que tiene el deber de velar se borren con gestiones de autoritarismo de los otros poderes.

Este panorama muestra además otra verdad tan preocupante como incontrastable, cual es, que otorgar mayores prerrogativas a los uniformados para que decidan directamente en el terreno sobre el trabajo que debería estar a cargo directo de los jueces, implica lisa y llanamente reconocer la ineficacia de estos para la aplicación efectiva de ley penal. Dicho de otra manera más simple, el proceso tutelar y garantista de los derechos fundamentales de los ciudadanos cede brutalmente su competencia para que civiles devenidos en policías después de un breve curso de instrucción, tomen las riendas del procedimiento.

En tanto y desde la lejana Ciudad Judicial los magistrados llamados ampulosamente de garantías no podrán controlar ni garantizar absolutamente nada, como ocurre hasta ahora, y esta situación no es una excepción del fuero penal. La totalidad del sistema judicial de la Provincia está saturado cuando no colapsado, y el edificio con el que el ex gobernador Juan Carlos Romero palanganeaba cuando inventó el llamado “traspaso de obra” en plena campaña electoral con el presidente de la Corte –antes y ahora el mismo Posadas- ha quedado chico, y se están poniendo tabiques en todos lados para inventar oficinas. No se da respuesta concreta a los ciudadanos en ninguna ventanilla, y esta verdad la conocen todos los actores que concurren a diario al lugar. Las autoridades también, pero prefieren disimular.

Y en medio de la discusión generalizada por este nuevo atropello que mantiene la atención pública distraída, el gobernador de la Provincia pasando nuevamente por sobre la obediente y sumisa legislatura con mayoría oficialista, promulga el decreto de necesidad y urgencia nº 3250/13 prorrogando por enésima vez la emergencia económica, con imperiosa necesidad por la flaqueza de las finanzas de la Provincia pero sin urgencia ni circunstancia extraordinaria a la vista, ya que las Cámaras Legislativas están en pleno periodo de sesiones pero mirando convenientemente para otro lado, con la complicidad típica de los tibios y funcionales senadores del palo, que no respetan en lo más mínimo el tan pregonado compromiso con la población.

Y como una obscena demostración de que en Salta se hace lo que la clase dominante y la parentela del gobernador quiere, el mismo boletín oficial nos entera que mediante el Decreto nº 3236/13 la señora Ministra de Justicia, la abogada María Inés DIEZ, viaja a México con viáticos y pasajes que la misma ley de emergencia económica que se acaba de prorrogar prohíbe expresamente que se otorguen, para participar de un no tan importante como oportuno y mejor ubicado congreso sobre mediación en las costas del Caribe.

Pareciera que los ciudadanos de Salta ya no tenemos margen para el asombro y a la par que la división de poderes del Estado se aprecia como un anhelo cada vez más lejano, las instituciones de la democracia liberal siguen jugando a aparentar ser los actores del sistema, cuando apenas les alcanza para ser mediocres observadores de la toma de decisiones que el poder administrador asume a su antojo y discreción para conveniencia de amistades y parientes.

No menos preocupante resulta observar la creciente exaltación del ego del joven gobernador siempre en carrera de un claro proyecto personal de vida, sostenido infinitamente por todos los contribuyentes. Al igual que el personaje anterior que nos tocara en desgracia durante doce años y al que Juan Manuel Urtubey ironizaba mientras prometía austeridad y pasión por los pobres, el actual mandatario se presenta como la copia clonada de su mentor político, haciendo gala de millonaria gestión en medio de la precariedad insalvable.

Para que el fastidio sea perfecto, encima tenemos que soportar todos los días las lágrimas de cocodrilo que vierten en cada discurso cuando fingen condolerse de los desposeídos, cuando es precisamente el sistema perverso y los privilegios de clase que ellos defienden con uñas, dientes y bolsillos el que genera la desigualdad y la exclusión de todos los demás. La mentira forma parte de su modo esencial de vida, pero solo hasta que un día no muy lejano la verdad los pase por encima.

  • Daniel Tort, abogado y periodista
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