Policías y gendarmes, la vigencia del pacto de silencio

junio 26 /2012
Elena Corvalán

Cinco testigos, ex integrantes de fuerzas de seguridad, volvieron a exhibir en la sesión el lunes 25 de junio la vigencia del pacto de silencio que ligó a represores y sus colaboracionistas. Tres policías jubilados y dos gendarmes retirados fueron esta vez los repetidores de una fórmula ya conocida: la desmemoria o memoria selectiva, la reticencia a declarar, y el temor a resultar acusados como partícipes de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar.

El suboficial principal retirado de Gendarmería Luis Silvano Sanaverón podría quedar implicado. Dijo que ni siquiera supo que hubo un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976.

El fiscal federal Ricardo Toranzos pidió que el suboficial mayor de la Policía Alejandro Chiliguay sea investigado por falso testimonio. El Tribunal Oral en lo Federal Criminal dejó pendiente la resolución. Pero es posible que Chiliguay termine siendo investigado por hechos más graves que un falso testimonio.

Es que durante la dictadura cumplía funciones en la Comisaría de General Güemes y fue el sumariante de los cuatro secuestros cometidos en esa ciudad entre el 9 de abril y el 31 de mayo de 1976, de los que fueron víctimas las hermanas Francisca Delicia (conocida como Elsa) y Carmen Berta Torres, el soldado Nolberto Guerrero y su amigo, el estudiante secundario Felipe Rodolfo Pizarro Gallardo.

El sumariante no recordó prácticamente nada; lo justificó por el paso del tiempo, sin embargo, tampoco recordó lo que había declarado en 2010, en la instrucción, para enojo del fiscal.

En medio de su desmemoria reconoció que un secuestro era considerado un caso “urgente”, pero luego no pudo explicar por qué entonces el pedido de búsqueda de las hermanas Torres se hizo recién el 7 de mayo, cuando Elsa había sido secuestrada de la municipalidad de Güemes el 9 de abril y a Berta la habían sacado de su casa el 28 de abril.

Chiliguay tampoco pudo explicar por qué estos secuestros, de los que (según sus propios dichos) nada sabían, fueron informados al Juzgado Federal y no a un juzgado de provincia, como normalmente correspondía. Y para explicar por qué fueron puestos en conocimiento de la Dirección de Seguridad (a cargo entonces del represor Joaquín Guil), dijo que se informaban todas las actuaciones, hasta por los más mínimos delitos, como el hurto “de 2 pesos”.

El que también podría quedar implicado es el suboficial principal retirado de Gendarmería Luis Silvano Sanaverón, que llegó a decir que ni siquiera supo que hubo un golpe de Estado el 24 de marzo de 1976.
Por entonces Sanaverón dependía del Escuadrón 20 de Gendarmería en Orán, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención (CCD).

Era el encargado del Departamento de Armas y era el chofer que
trasladaba a los detenidos a la ciudad de Salta. Ayer su memoria selectiva no le permitió recordar si el 24 de marzo de 1976 hubo más detenidos en el Escuadrón 20; pero sí recordó, con precisión indubitable, que “nunca” trasladó a un solo preso político. Dijo que solo realizó traslados de presos comunes, por narcotráfico y delitos menores. “No tengo conocimiento”, respondió cuando se le preguntó quién trasladaba a los presos políticos.

Sanaverón declaró en relación a las detenciones del empleado municipal René Russo y del trabajador rural Raúl Osores. Russo fue detenido en Orán y Osores, en Embarcación. Ambos fueron torturados en el Escuadrón 20 y luego fueron llevados a la cárcel de Villa Las Rosas, en Salta Capital, de donde desaparecieron. El gendarme retirado no los recordó.

Sanaverón empezó bastante animado. “Juro decir la verdad. A eso he venido”, sostuvo cuando se le tomó el juramento de ley. Pero ahí nomás se despintó: aseguró que en 1977 comenzó a desempeñarse en el norte de Salta. El fiscal tuvo que recordarle que en 2004 había declarado en sede judicial y había dicho que estuvo desde 1976.

Sanaverón no se amilanó: negó la declaración de 2004; pero enseguida, previa exhibición del acta con su firma, tuvo que desdecirse y reconocer que sí había declarado y sí había estado en Orán desde 1976. Entonces empezó a fallarle la memoria: no recordó dónde había estado el 24 de marzo de 1976 y, en tren de olvidarlo todo, olvidó hasta que hubo un golpe de Estado. El presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, lo despidió con una ironía: “Ha sido de mucha ayuda”, le dijo.

El otro gendarme, Teodoro Cañizares, retirado con el grado de sargento primero, no se quedó atrás: “La verdad es que yo he perdido mucho la memoria”, advirtió de entrada, y añadió una sordera. De lo poco que respondió, dijo que trabajaba en el área de construcción del Escuadrón 20, que no vio más detenidos el 24 de marzo del 76, y no recordó ni el nombre de su comandante. “Yo trabajaba mucho en la construcción, no me percataba mucho de si había golpe o no”, se cerró.

Mario Argañaraz, suboficial principal de la Policía y que trabajaba en Güemes, recordó, como los otros dos que declararon ayer, que el jefe de esa Comisaría era Julio Oscar Correa, quien está siendo juzgado por las desapariciones de las hermanas Torres, de Guerrero y Pizarro Gallardo. Sin embargo, a pesar de reconocer que en su vida solo investigó este secuestro, no recordó prácticamente nada del de Berta Torres. Dijo que solo habló con el vecino Domingo Gutiérrez, que lo convocó a declarar con el sumariante y no hizo más nada porque Chiliguay no le dio más instrucciones.

El suboficial ayudante Emilio Zarzur adelantó que recordaba poco, que es hipertenso y tiene un problema sicológico derivado del fallecimiento de su madre. Dijo que tras el secuestro de las hermanas Torres el jefe mandó reforzar la guardia en la Comisaría, y que los secuestros causaron gran conmoción en Güemes.

El lunes 25 de junio también declararon Antonia Dora Chauque, una vecina de la familia Torres, y la hermana de Felipe Pizarro Gallardo, Sara Ester Pizarro Gallardo, que en 1976 tenía diez años.

  • Informe: Elena Corvalán