Prueba de sonido y exhumarán el cuerpo de Arredes

junio 2 /2011
Elena Corvalán

El Tribunal Oral en lo Federal de Salta dispuso que se hará una prueba del sonido de los disparos efectuados durante el secuestro del ex gobernador Miguel Ragone y que se exhumará el cuerpo del almacenero Santiago Arredes. La prueba de sonido se realizará el 27 de junio. Arredes se exhumado el 28 de junio.

Los restos de Arredes serán sometidos a un estudio por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La prueba de sonido se realizará el 27 de este mes, a las 8, la misma hora en que se cometió el secuestro, el 11 de marzo de 1976. Se dispuso que los jueces y los abogados que participan del proceso, en la Fiscalía, las querellas y las defensas, se ubicarán en la casa que ocupaba quien era jefe de la Policía en 1976, Miguel Raúl Gentil. Esta vivienda está a unos cien metros de donde se produjo el secuestro, a mitad de la calla Del Milagro, entre San Lorenzo y Apolinario Saravia.

Esta prueba es con el fin de determinar si a esa distancia se pueden escuchar los disparos. En este proceso están siendo juzgados los policías retirados Javier y Pedro Herrera, acusados de omisión de represión y encubrimiento, porque el día del secuestro estaban de guardia en la casa de Gentil y dicen no haber escuchado nada.

La exhumación del cuerpo de Arredes, que fue inhumado en el Cementerio de la Santa Cruz, se hará el 28 de junio, a las 10. Por pedido del abogado Martín Avila, representante de las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia, habrá una custodia especial en la tumba hasta tanto se realice esta operación.

Los restos de Arredes serán sometidos a un estudio por peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 1976 el cuerpo fue enterrado sin que se practicara autopsia alguna, un procedimiento que debía llevarse a cabo.

Tres testigos declararon el miercoles 1 de junio. El testimonio de Mirta Torres, ex presa política, fue conmovedor. El testimonio del abogado Carlos “Uluncha” Saravia generó un debate y el del comisario mayor retirado Alfredo Vargas Flores fue casi una copia de otros policías que se caracterizan por su desmemoria selectiva.

Torres fue detenida el 27 de enero de 1975, de su trabajo en la Dirección Provincial de Vialidad. Fue llevada primero a la Central de Policía, luego a la Delegación de la Federal, donde fue torturada por el entonces jefe, Federico Livy, y por el oficial Juan Carlos Alzugaray, y finalmente a la cárcel de Villa Las Rosas, donde amamantó a tres de los cinco niños que nacieron en cautiverio.

Precisamente cuando contaba esta experiencia su relato fue aún más emotivo, al recordar que uno de los bebés sufrió convulsiones por el cambio de leche, y porque su madre se hallaba muy debilitada por la tortura.

Torres abundó en detalles sobre las condiciones de detención, la angustia cada vez que sacaban a alguien, como ocurrió cuando se llevaron a los detenidos que fueron masacrados en Palomitas, el 6 de julio de 1976.

Recordó también que estuvo alojada en el Hogar Buen Pastor, donde una monja, de apellido Cornejo Solá, se negó a darles asistencia alguna cuando estaban realizando una huelga de hambre.

Resguardo de la fuente

El abogado Carlos “Uluncha” Saravia, autor del libro Pedazos de infierno, fue convocado a declarar sobre el contenido de esa obra, abundante en datos sobre los hechos de violencia vividos en la provincia desde comienzos de la década del 70.

Los datos que el abogado revela sin mencionar la fuente motivaron al abogado David Leiva, querellante por Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, a pedirle que revelara sus fuentes, basándose en que se están investigando delitos de lesa humanidad y en que existe, evidentemente, un pacto de silencio. El abogado se negó, lo que motivó que se le trasladara el pedido al Tribunal, para que lo relevara de la obligación de guardar la identidad de su fuente.

El fiscal Horacio Azzolín, los otros querellantes y el defensor oficial Federico Petrina, estuvieron de acuerdo, pero se opuso el abogado López Homes, defensor de Javier y Pedro Herrera, por considerar vulnerarían principios de la libertad de prensa. Tras una larga deliberación, el Tribunal rechazó el pedido de Leiva.

  • Elena Corvalán
    Periodista