Ragone 2: El séptimo juicio en Salta por delitos de lesa humanidad

Elena Corvalán
diciembre 2 /2014

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta decidió el 2 de diciembre una práctica atípica en el comienzo del séptimo juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en la provincia: declaró abierto el debate en nueve de los diez expedientes acumulados, y decidió posponer hasta la próxima audiencia, el 16 de este mes, la apertura en la causa en la que continúa la investigación del secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.

Este caso tiene 18 víctimas y seis acusados

A Joaquín Guil, ya condenado por Ragone, se lo juzga ahora por siete hechos de homicidios doblemente calificados y tiene también imputaciones por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos.

Los jueces Federico Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y María Alejandra Cataldi tomaron esta decisión tras un planteo del defensor oficial Oscar Tomás del Campo, quien se negó a que se leyera la acusación fiscal en relación a los delitos vinculados al secuestro de Ragone, y el homicidio de Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal, porque todavía no concluyó el periodo de presentación de pruebas.

Del Campo, que tiene a su cargo la defensa de los seis acusados en este juicio, dijo que recién ayer fue notificado de que debe asistir al comisario retirado Abel Guaymás, que tenía abogados particulares. Recordó asimismo que aún no presentaron pruebas la totalidad de las partes, de hecho no lo hizo la defensa y tampoco la querella de la familia Ragone, que representa el abogado Matías Duarte, y sostuvo que esto implica la violación de garantías constitucionales como el derecho de defensa en juicio, “implica poner el carro delante del caballo”, enfatizó.

Tras escuchar al fiscal Francisco Snopek, que planteó que se leyera la requisitoria pero la apertura se hiciera en la próxima audiencia, y a las querellas, que prefirieron esperar para no correr el riesgo de que la defensa realice planteos que “demoren aún más” el trámite de esta causa, el Tribunal decidió hacer la apertura en dos etapas.

Tras declarar abierto el debate en nueve expedientes, en los que están acusados los ex militares Miguel Gentil y Virtom Mendíaz y el ex jefe de Seguridad de la Policía Joaquín Guil, el presidente del Tribunal, Díaz, les preguntó si iban a declarar. Del Campo se apuró a decirles que aconsejaba que no, y sus defendidos no lo defraudaron: “Me ajusto al consejo de la defensa”, sintetizó Mendíaz la posición de los tres.

Las formalidades no alcanzaron a apagar la expectativa de los familiares que llenaron la pequeña sala de audiencias de la calle Deán Funes. Muchos aprovecharon la presencia en la sala de cuatro de los acusados, Guil y los comisarios acusados por Ragone, Antonio Saravia, Néstor Liendro y Guaymás, para tomarles fotografías. Ni bien llegaron los jueces, Del Campo dijo que sus defendidos no querían fotos, por lo que Díaz pidió “prudencia” a los fotógrafos. Gentil y Mendíaz se salvaron de las fotos porque siguen el juicio vía videoconferencia, el primero desde Buenos Aires y el otro desde Rosario.

A Guil, ya condenado por Ragone, se lo juzga ahora por siete hechos de homicidios doblemente calificados y tiene también imputaciones por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos. Entre otros delitos, a Gentil se le imputan cuatro homicidios agravados, y a Mendíaz, tres.

Los lunes por la tarde, audiencias

La audiencia continuará el 16 y 17 de diciembre, a partir de las 15,30. Además de declarar abierto el debate en el expediente por Ragone, y de preguntarles a los comisarios si desean declarar, se comenzará a escuchar a los primeros testigos, que hablarán sobre el secuestro y desaparición del policía Carlos César “Topogigio” Martínez.

Luego habrá un cuarto intermedio hasta el 2 y 3 de febrero de 2015. A partir de entonces habrá audiencias todos los lunes y martes, a partir de las 15,30. El Tribunal informó que adoptó esta metodología debido a que está recargado de audiencias en causas por narcotráfico y trata de personas, y a que los jueces Federico Díaz y Mario Juárez Almaraz integran el tribunal que juzga delitos de lesa humanidad en Jujuy.

Se estima que durante el proceso se escucharán más de cien testimonios. Sin contar los testigos en la causa Ragone, en la que todavía falta que se terminen de proponer testimonios y otras pruebas, hay una lista de unas 70 personas que deben declarar en relación a los otros hechos que se investigan aquí, entre ellos causas por cinco homicidios y cuatro desapariciones, y detenciones ilegales y torturas sobre otras nueve personas.

En este juicio se indagará sobre los homicidios del sindicalista de Luz y Fuerza Rubén Yáñez Velarde (secuestrado el 8 de noviembre de 1975 y cuyo cuerpo fue encontrado en el cementerio de Yala, Jujuy), los jóvenes Ramón Antonio Díaz Romero y René Esteban Locascio Terán (en abril de 1975 en San Lorenzo), el policía Carlos César “Topogigio” Martínez (secuestrado el 18 de marzo del 76 y cuyos restos fueron encontrados en el paraje El Gallinato) y el comerciante Santiago Arredes (asesinado en el secuestro de Ragone).

Y se investigarán las desapariciones del mismo Ragone y de tres miembros de la familia Gómez - Colqui: Rolando Gómez (y no Colqui, como se informó en la edición de ayer), su sobrino Alfredo Colqui y la madre de éste y hermana de Rolando, Lidia Telésfora Gómez.

Y se juzgarán las detenciones ilegales y tormentos sufridos por Mario Amelunge Vargas, Nital Díaz, Hugo Maza, Alfinio Elido Oroño, Luis Obrero Destello Iñiguez Vázquez, Pablo Salomón Ríos, Lucrecia Barquet y Ricardo Falú, y la tentativa de homicidio en perjuicio de Margarita Martínez. Ríos, Barquet y Falú ya están fallecidos.

18 víctimas y seis acusados

Se acumularon diez expedientes, sobre crímenes en perjuicio de 18 personas, cinco de las cuales fueron asesinadas y otras cuatro están desaparecidas, en hechos cometidos entre abril de 1975 y septiembre de 1976, en plena vigencia del plan sistemático de eliminación de personas que en Salta comenzó a ejecutarse en noviembre de 1974, tras la caída del gobierno de Ragone.

Luis Iñiguez Vázquez estuvo detenido entre el 24 de diciembre de 1974 y el 20 de marzo de 1975, y desde el 29 de diciembre de 1975 hasta noviembre o diciembre del 1976. Guil será juzgado por esto.

El 20 de abril de 1975 un grupo de policías mató a Ramón Antonio Díaz Romero y René Esteban Locascio Terán, oriundos de Tucumán, un crimen que guarda similitud con la matanza de los miembros del Frente Revolucionario Peronista (FRP) Alfredo Mattioli, Marcos y Liendro Estopiñán y Ricardo Tapia, cometida en la madrugada de ese mismo día en Rosario de Lerma. En ambos casos se trató de fraguar un enfrentamiento. Gentil y Guil ya fueron condenados por el cuádruple crimen y ahora serán juzgados en relación a Díaz Romero y Locascio Terán.

El trabajador de Luz y Fuerza Rubén Yáñez Velarde fue secuestrado el 8 de noviembre de 1975, sus restos fueron identificados en el cementerio de Yala, Jujuy. Están acusados Gentil y Guil.

Miguel Ragone

Ragone fue secuestrado el 11 de marzo de 1976, hecho en el que fue asesinado Santiago Arredes e hirieron a Margarita Martínez de Leal. Saravia, el único que está en prisión preventiva (en la cárcel federal de Güemes), está imputado por dos homicidios calificados y una tentativa de homicidio, mientras que Liendro y Guaymás deben responder por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Saravia era jefe del Departamento de Informaciones Policiales (DIP, inteligencia) de la Policía de Salta, Liendro era subjefe de la Comisaría 1°, con jurisdicción en el área del secuestro; Guaymás era inspector de zona y tenía injerencia sobre la Primera.

El policía Carlos César “Topogigio” Martínez fue secuestrado el 18 de marzo del 76. Restos de su cuerpo, sometido a una explosión, fueron encontrados en El Gallinato, paraje usado como campo de exterminio. Este hecho, por el que están imputados Gentil y Guil, será el primero que se tratará en este proceso.

También se juzgarán las detenciones ilegales de Mario Amelunge Vargas, Pablo Salomón Ríos y Nital Díaz (el 24 de marzo del 76), Hugo Maza (entre el 25 y 27 de marzo de 1976), Alfinio Elido Oroño (26 a 28 de marzo), de la militante de derechos humanos Lucrecia Barquet (2 de abril) y del ex juez Ricardo Falú (17 de mayo).
Y tratarán las desapariciones de tres miembros de la familia Colqui: Rolando Colqui, secuestrado el 8 de septiembre del 76; Alfredo Colqui y su madre Lidia Telésfora Gómez, secuestrados al día siguiente. Guil y Mendíaz están acusados.

El olvido

En este juicio se iba a indagar también sobre el destino corrido por Graciela Beatriz Juárez y Gerardo David Giménez Bravo, desaparecidos desde 1976. Pero eso no será posible debido a la muerte del único acusado por estos hechos, Carlos Alberto Mulhall.

Graciela cursaba 3° año en el Colegio Comerical N° 2 y fue secuestrada al salir de clases, el 12 de agosto de 1976. Al día siguiente su casa, en el barrio El Tribuno, fue allanada por el Ejército y su madre fue detenida. Señalando una fotografía de Graciela, el oficial a cargo les dijo a los soldados que lo acompañaban: “Ven, ésta es una montonera enemiga de la patria”.

Gerardo fue secuestrado por un grupo de cinco o seis hombres, algunos de civil, otros uniformados, el 9 de octubre, a la madrugada, desde su casa en Pueyrredón al 1100. Nada más se sabe de ellos.

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