Raymundo Sosa se reivindicó amigo de Joaquín Guil

septiembre 18 /2012
Elena Corvalán

Raymundo Sosa, abogado

El abogado Alberto Raymundo Sosa fue el protagonista de la jornada del 17 de setiembre en el mega juicio oral y público que se sigue en Salta por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978. El ex asesor legal de la Policía de Salta y que figura como “miembro civil”, con el número de legajo 92036, en el listado de represores de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas), se reivindicó “amigo” del ex jefe de inteligencia Joaquín Guil, que está siendo juzgado en este proceso y que ya cuenta con condenas por violaciones a los derechos humanos.

El fiscal Toranzos, que venía insistiendo para que Sosa opinara sobre las razones por las que se había dicho que él podría conocer el destino de desaparecidos, prefirió dar por concluido el interrogatorio.

El abogado también reconoció que hasta que fue dejado cesante de la fuerza portaba un arma reglamentaria calibre 38. Sosa fue convocado a dar su testimonio porque el también testigo Carlos Melián dijo que un compañero de militancia en el justicialismo, posiblemente Víctor Hugo Delgado, le comentó que el abogado podía saber del destino corrido por el ex policía federal, y agente de inteligencia, Juan Carlos Parada de Mallo y su esposa, Marta Beatriz Cascella, detenidos y desaparecidos de la Central de Policía en marzo de 1978.

Sosa aseguró que se enteró de la existencia de Parada de Mallo cuando fue convocado a testificar en el juzgado de instrucción. “Allí di todas las explicaciones de que a esta gente no la conocía”, sostuvo.

Contó que fue asesor de la Policía desde noviembre de 1974 (el mes en que cayó el gobierno de Miguel Ragone) hasta el 31 de marzo de 1976, cuando fue cesanteado por haber ayudado a escapar al ex ministro de Gobierno ragonista, Enrique Pfister, “una historia larga y poco conocida”. El “día del golpe” de Estado, contó el testigo, recibió un llamado del entonces juez Héctor Reynaldo Yarade:

“Me cuenta que dentro de la lista de las personas que iban a ser detenidas por el golpe estaba mi amigo Enrique Pfister”. El juez le preguntó si podía ayudarlo. Sosa fue en su propio automóvil, un Ford Falcon, a buscar a Pfister al barrio El Tribuno y lo llevó hasta la ciudad de Santa Clara, en Jujuy, donde unos parientes del abogado lo ayudaron a llegar a Buenos Aires, desde donde salió del país.

De regreso en Salta, Guil lo puso sobre aviso: “Me dice: ‘Negro, parece que hay problemas con vos porque ha surgido un informe de inteligencia que dice que vos lo ayudaste a escapar a Enrique Pfister, por lo tanto están preparando el decreto para dejarte cesante’. Y así fue”, recordó.

Ante la insistencia del fiscal Ricardo Toranzos para que diera precisiones: ¿de dónde había sacado Yarade la lista de futuros detenidos? ¿quiénes más figuraban ahí? ¿había otras listas? ¿se hacían informes de inteligencia? ¿quiénes los confeccionaban?, Sosa negó todo conocimiento y prefirió poner el acento en la ayuda a Pfister: “De alguna manera era jugarse el pellejo sacarlo de Salta. (…) No era una cuestión fácil”.

De la misma manera, negó saber sobre actos de represión y detenciones por razones políticas, a pesar de que reconoció que la Dirección Jurídica estaba cerca de los calabozos. “Asesoría Jurídica no tuvo, no podía tener jamás que ver con el tema de detenidos”, rechazó. “No recuerdo ni sé nada al respecto”, añadió sobre la relación entre el Ejército y la Policía. Sobre las vinculaciones con la Federal concedió que “todo el mundo sabía que se hacían operativos conjuntos con la Policía Federal”, pero aseguró desconocer cualquier hecho concreto.

A esas alturas, el fastidio del testigo era evidente: dijo que, siendo penalista, le causa “sorpresa tremebunda” declarar sobre dichos; “pareciera que se me está investigando a mí”, se quejó a continuación, y terminó, levantando la voz, con una reprimenda al fiscal: “Doctor, soy penalista y usted se está excediendo”. El fiscal, que venía insistiendo para que Sosa opinara sobre las razones por las que se había dicho que él podría conocer el destino de desaparecidos, prefirió dar por concluido el interrogatorio.

Testigos que declararon en el Juicio por la Verdad vinculan a Sosa con los negocios llevados a cabo bajo el calor de la represión. La concejala Lucrecia Lambrisca denunció que el abogado le pidió dinero y un automóvil para liberar a su madre, Lucrecia Barquet. El ex preso político Oroño sostuvo que el abogado visitaba el lugar donde era torturado. Y en 2007 Mario Zenzano aseguró que durante la dictadura pidió a Sosa que intercediera ante la Policía para que se llevara a cabo un allanamiento ordenado por la justicia y que el abogado le dijo que iba a hablar con Guil pero le adelantó que éste iba a pedir “a cambio, algo”, por lo que terminó transfiriéndole un terreno.

Comienza la causa de la UNSa

Cristina Cobos y Mariana Gamboa, dos militantes de organizaciones de derechos humanos, se cuentan entre los principales testimonios que se esperan para la jornada de hoy (18-09-12), cuando el Tribunal Oral comenzará a analizar las desapariciones de trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta.

El tratamiento de estos hechos tenía que haber comenzado el 10 de septiembre, pero fue pospuesto por enfermedad del militar Ubaldo Tomislav Vujovich Villa, quien estaba acusado por la desaparición del soldado Víctor Brizzi. Vujovich Villa falleció el viernes último, en San Miguel de Tucumán, informó ayer su abogado, Orfeo Maggio, con lo cual quedó habilitada la continuidad del proceso, aunque se da otra vez el caso de que alguien sospechado por crímenes de lesa humanidad muere antes de que haya un pronunciamiento judicial. En esta causa ya pasó eso con el policía Abel Vicente Murúa.

Cobos era esposa de Brizzi, y hermana de Martín Miguel Cobos, adolescente asesinado en septiembre de 1976. Gamboa es hija de la docente Gemma Fernández Arcieri de Gamboa y del comerciante Héctor Gamboa, secuestrados en septiembre de 1976.

  • Informe: Elena Corvalán, periodista
    elenac75@yahoo.com