Renegociaciones siguilosas

Dr. Carlos H. Saravia
abril 13 /2008

Una solicitada de Aguas de Salta S.A. quejándose por el desempeño del Ente Regulador de los Servicios Públicos ha puesto en evidencia las incomodidades que despierta el control sobre una de las empresas beneficiarias del esquema privatizador que, en la década del ´90 y de la mano de Carlos Menem, se expandió a todas las provincias.

las adhesiones políticas conjugadas con los intereses empresariales ensamblados al Estado Provincial lucen inescrutables…

La concepción “estatista” que instauró Perón en su primera presidencia fue
desterrada y, enarbolando el discurso liberal, sus herederos partidarios transitaron por la privatización de servicios esenciales y gestaron grandes negocios. En Salta determinaron la entrega de una herramienta de crédito esencial como lo fue el Banco Provincial de Salta, y la desaparición de Agua y Energía y la Administración General de Aguas de Salta. También segaron la vida funcional del Banco de Préstamos y Asistencia Social para dar paso a ENJASA.

Es cierto que lábiles directores del desguasado banco provincial impusieron el
despilfarro y la condonación maliciosa de deudas a empresarios y políticos
acomodados. No obstante, a casi 12 años de la “transformación romerista”, escuchamos clamar a la Presidenta sobre la mezquindad de bancos privados que solamente habilitan créditos para el consumo y retraen los incentivos financieros para la producción.

Los banqueros son co-responsables de una crisis que socava la estabilidad económica de un país exageradamente dependiente de la exportación de producción primaria. Tras un proceso polémico dispuesto en los albores de su primer mandato, Romero condenó a las finanzas provinciales al cautiverio de Jorge Brito. Urtubey también se sometió al mismo designio por intermedio del operador del banquero que ahora es senador por la capital. Los retaceos de coparticipación, y la desesperación de algunos intendentes desprolijos por obtener créditos de salvataje, lo han convertido en un protagonista que gravita impropiamente en la política local.

Las beneficiarias del modelo privatizador de Juan Carlos Romero no hicieron más que aprovechar la infraestructura de organismos estatales que efeccionaban por erráticas políticas administrativas. Ni EDESA S.A. ni Aguas de Salta S.A., entre
otras empresas, recibieron estructuras deficitarias sino que, con escasa inversión,
lograron consolidar ecuaciones económicas de dividendos millonarios que no
recircularon para lograr la eficiencia debida.

Ni hablar de groseros convenios como el del Centro de Convenciones por el que el estado percibe $2000 mensuales, mientras que en un solo evento la concesionaria puede cobrar hasta $25.000. Andes Líneas Aéreas obtuvo idéntico trato que el grupo DINAR y hasta la fecha la provincia le asegura el pago de 65% de las plazas. ¿Alguna de estas empresas afronta riesgos en sus giros comerciales?

Tras la debacle delaruista y la devaluación del peso, la renegociación de las
tarifas puso en evidencia que Aguas de Salta S.A. no había invertido en sus primeros 8 años casi 80 millones de pesos. El ex gobernador Romero perdonaría semejante incumplimiento mediante una renegociación que se vendió políticamente como la necesidad de que los incrementos en las boletas de los salteños no debían superar $2. Ninguna de las justificaciones fueron ciertas y solamente la desobediencia civil impidió la multiplicación de medidores engañosos en los domicilios de la ciudad.

Las crisis hídricas han desnudado deficiencias que se traducen en indignidad cotidiana para miles de ciudadanos privados de un elemento indispensable. Aún así, nadie se anima a reestatizar como lo hicieron en Catamarca –parcialmente- o se proyecta en Santa Fe, Córdoba o Tucumán.

El informe preliminar que ventiló el director de la UNIREN (Unidad de Renegociación de Contratos) indica que en el último quinquenio esta empresa dejó de invertir 30 millones y que se analizan variantes gravosas para quienes se resisten a perder los privilegios otorgados por funcionarios otrora cómplices.

El documento condujo a una respuesta mediática en la que Aguas de Salta S.A. imputa al ENRESP el entorpecimiento de la nueva “renegociación”. Es evidente que interpreta al Estado Provincial como un poder bifronte en el que Emilio Tuñón es el hábil concedente y Federico Posadas el intransigente hostil.

Posadas se expidió de manera contundente: “La Unidad Renegociadora de los Contratos, lo menos que puede hacer es contarle a la gente lo que está haciendo y cómo está trabajando”.

En efecto, Tuñon trabajó en soledad más de 100 días sobre los contratos de LUSAL, Andes Líneas Aéreas, Fundación Argentina Santa Tecla, Centro de Convenciones, ENJASA, Aguas de Salta y EDESA. Aconsejó suspensiones, reaplicación de pautas originarias y modificaciones que involucran cifras millonarias.

La invasión de la competencia legislativa no admite dudas en el caso de ENJASA,
considerando que el artículo 127 de la Constitución Provincial encomienda a las
cámaras la reglamentación y autorización de juegos de azar y esta no puede ser
delegada bajo la excusa de la “renegociación”. Tampoco podría pregonarse como válido el sacrificio del control legislativo en los restantes casos, ya que los servicios corresponden originariamente al Estado Provincial y los municipios.

La denuncia del Ministro de Desarrollo Productivo sobre la depreciación del canon de ENJASA por imperio de la pesificación conmovió su estabilidad funcional. Mientras que desde el exilio algunos dirigentes ultraromeristas buscaron denostarlo, ninguno recordó ni condenó a Gilberto Oviedo, uno de sus socios políticos y diseñadores de la privatización de los juegos de azar.

Durante la campaña se prometió anular el gerenciamiento del Nuevo Hospital del
Milagro –que percibe un millón de euros anuales por administrar recursos locales-
pero ahora se ha redireccionado la atención de 23 centros de salud al agobiado
Hospital San Bernardo, que deberá hacerse cargo de más y costosas intervenciones quirúrgicas.

Para la UNIREN, el alivio para las finanzas de la Fundación Argentina San Tecla debe ser tomado como un éxito aún cuando seguirá conservando idéntico
margen de ganancias. Habrá incidido en esta contradicción la contratación de seguros con una empresa vinculada con un alto funcionario del gobierno?

Sospechosamente, La Plumada S.A. y las sociedades tercerizadoras de los servicios de salud no se encuentran sometidas a investigación. Ambas se vinculan con legisladores que mudaron su lealtad hacia Urtubey y le han garantizado, cada uno por su lado, asesoramiento financiero y apoyo sindical.

Ante una nota remitida a su despacho por la senadora radical Silvina Vargas el director de la UNIREN se decidió a publicar un detalle de las gestiones que no
pueden calificarse sino como un exceso de las potestades legalmente conferidas al gobernador. Ninguno de los decretos o actos administrativos dictados en el marco “renegociador” fue publicado en el Boletín Oficial.

Este derrotero sigiloso no puede ser interpretado como producto de un perfil agresivo e inconsulto de Tuñon, sino como la intención del mandatario de avanzar en la reformulación obviando los controles de las cámaras legislativas.

¿Cuál es el motivo para marginar al parlamento cuando cuenta con una mayoría abrumadora que aprueba por igual aciertos y errores?

También habría que preguntarse cuáles son las causas por las que la UNIREN en tres meses ha detectado falencias que la Legislatura, Fiscalía de Estado, la Auditoría General o la Sindicatura no advirtieron en años. Tal vez por ello, concentrar las críticas en el ENRESP solamente permite obviar los cuestionamientos hacia órganos de control híbridos cuyo funcionamiento debe ser reformulado.

Por lo visto, la revisión contractual tiene límites y la frontera de la conveniencia
pública se ha tornado difusa luego de que muchos funcionarios de Juan Carlos Romero preservaran sus cargos en esta gestión. Junto con ellos, se anclaron en el núcleo álgido del gobierno los gravitantes intereses de las empresas privatizadas.

Así las cosas, las adhesiones políticas conjugadas con los intereses empresariales ensamblados al Estado Provincial lucen inescrutables… como los caminos de Dios.

  • Carlos Saravia Abogado y dirigente de la UCR Salta.

Foto: Nuevo Diario de Salta