Regresión de los derechos

Repudio masivo al recorte de pensiones por discapacidad

junio 14 /2017

Tras el recorte de pensiones por discapacidad, efectuado por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) del Ministerio de Desarrollo Social, muchas fueron las versiones que circularon acerca de la medida.

El mecanismo por el cual se efectuó el recorte de pensiones por discapacidad no responde a un proceso constitucional, ya que muchos de los beneficiaros no recibieron notificación previa.

Su presidente, Guillermo Badino, señaló que no se trata de un recorte de índole económica, sino de un mecanismo de control y detección de irregularidades, “tal como lo exige la norma vigente”, refiriéndose al decreto 432/97, que regula la entrega de pensiones, tanto por vejez como por discapacidad. Sin embargo, ese decreto ya no es un marco normativo válido, en tanto Argentina incorporó a su Constitución Nacional la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

El argumento del Ministerio de Desarrollo Social no condice con la enorme cantidad de familias que denuncian una quita injusta de la pensión, señalando los efectos directos que tiene esta medida en sus posibilidades de brindar a la persona con discapacidad la asistencia médica necesaria, cubrir sus tratamientos o posibilitarle una educación adaptada, por citar algunos de los ejemplos esgrimidos.

Ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley

Por otro lado, el mecanismo por el cual se efectuó este procedimiento no responde a un proceso constitucional, ya que muchos de los beneficiaros no recibieron notificación previa, enterándose del recorte en el momento mismo en que fueron a cobrar la pensión, lo cual resulta contradictorio con el derecho de defensa de los ciudadanos perjudicados.

Desde Asociación por los Derecho Civiles, (ADC) repudiamos enfáticamente la medida tomada, en tanto implica una regresión en materia de derechos, que claramente va en la dirección contraria a la de la efectiva inclusión de las personas con discapacidad y el fomento de su autonomía.

Llamamos a la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley a revisar esta decisión y a poner el foco en los propósitos de la CDPD: “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
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