Ríos Ereñú denunció “un complot” para implicarlo

mayo 28 /2013
Elena Corvalán

Con la declaración de solo tres de los once testigos previstos por el Tribunal Oral en lo Federal de Salta se desarrolló el lunes 27 de mayo una nueva jornada en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia entre enero de 1975 y marzo de 1978. Las novedades vinieron más bien por el lado de los acusados: el general Héctor Ríos Ereñú denunció un complot para implicarlo en la represión, y reconoció la existencia de detenidos en el Regimiento de Monte 28, algo que había negado hasta ahora.

Ríos Ereñú, que fue jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de Raúl Alfonsín, está siendo juzgado por los secuestros y homicidios de dos militantes peronistas.

Otro acusado, el ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray pidió declarar, por primera vez en lo que va del debate (que cumplió un año), para defenderse de una vecina que lo fotografió en aparente violación de la prisión domiciliaria.

La jornada, en la que testimonió por primera vez un familiar del joven Ricardo Tapia, asesinado en abril de 1975 en Rosario de Lerma, finalizó con la declaración de Ríos Ereñú. El militar denunció “un complot o una persecución de mi persona que pretende hacerme responsable de delitos que no he cometido y no he conocido”.

Ríos Ereñú, que fue jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de Raúl Alfonsín, está siendo juzgado por los secuestros y homicidios de los militantes peronistas Pedro Enrique Urueña y Jorge René Santillán, cometidos en diciembre de 1975 y en agosto de 1976, en el norte provincial.

Por entonces Ríos Ereñú era jefe del Regimiento de Monte 28, con asiento en Tartagal, cabecera de la Subárea 322-1, según la división del país que hicieron las Fuerzas Armadas a los fines represivos. El militar asumió la jefatura el 9 de diciembre de 1975, aunque asegura que recién se hizo cargo efectivamente el 5 o 16 de enero de 1976.

Ríos Ereñú sostiene que la Subárea 322-1 es “una creación” del abogado querellante David Leiva. Ayer insistió, como elemento probatorio del supuesto complot denunciado, que el libro histórico del Regimiento 28 (en el que consta la existencia de la Subárea 322-1 o 3221) fue falsificado. Sin embargo, ayer mismo el fiscal Ricardo Toranzos recordó que en los libros de guardia del Escuadrón 20 de Gendarmería, de Orán, también figura una mención a esta Subárea.

En una declaración que se pareció más a un alegato, lo que motivó reiterados llamados de atención del presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, el militar generó más de un debate entre el Tribunal, el fiscal y el defensor oficial Martín Bomba Royo. El fiscal le pidió que “enuncie los hechos y los nombres de los implicados” en el denunciado complot. Ríos Ereñú prefirió remontarse a la frustración en su intento por llegar a teniente general, el máximo grado en el Ejército. Responsabilizó por ello al dirigente socialista Alfredo Bravo.

Ríos Ereñú también intentó desmentir al comisario retirado Humberto Vicente González, quien sostuvo que el militar dirigió la represión en el norte salteño, y pidió que vuelva a declarar, concretamente sobre dos notas que están en el sumario policial abierto tras la muerte de Santillán y que el acusado sostiene que son irregulares.

A diferencia de sus anteriores declaraciones, Ríos Ereñú reconoció esta vez que hubo detenidos en el Regimiento de Monte 28. Dijo que fue una orden dada el 24 de marzo de 1976 por el jefe de Brigada, Antonio Domingo Bussi. Aseguró no recibió ninguna otra información, que no debían interrogar a los detenidos, y subrayó que estaba obligado por el Código de Disciplina Militar a acatar esta orden. “El personal (detenido) fue tratado correctamente. Incluso algunos recibieron a familiares”, afirmó. Y añadió que ningún testigo habló de maltratos o interrogatorios, con lo que contradijo los dichos de la ex detenida Marta Juárez, quien asegura haber sido interrogada y maltratada.

Denuncian una connivencia

Alzugaray también habló de una “connivencia” para perjudicarlo, aparentemente integrada por “un medio gráfico local” y personas que no identificó. Los dichos del ex guardiacárcel, que está acusado de aplicar tormentos y violaciones, trataban de descalificar el testimonio de Rosa del Valle Tapia, la primera testigo de la jornada.

El año pasado Tapia presentó en el Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad fotos de Alzugaray en el pallier de su edificio, en el barrio Limache, y en el colectivo, con lo que estaría violando la prisión domiciliaria. Alzugaray reconoció que salió de su departamento, pero argumentó que lo hizo para ir al médico, acompañado por su cuidadora, su mujer, y aseguró que la documentación correspondiente está en poder del Patronato de Liberados.

La querellante Tania Kiriaco pidió que se le revoque la prisión domiciliaria, cuestión que el Tribiunal quedó en resolver, igual que un pedido del fiscal para que se le revoque el beneficio de prisión en su casa al acusado Juan Manuel Ovalle, en su caso por reiterados acercamientos a testigos.

Otro gendarme imputado

El lunes 27 de mayo también debía declarar el comandante Diego Alejandro Varas, que fue jefe del Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán en marzo de 1976.

Varas concurrió a la cita, e iba a declarar por videoconferencia desde Córdoba, pero ni bien comenzó a hablar, el presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla, decidió suspender la testimonial teniendo en cuenta que el gendarme está citado a prestar declaración indagatoria el próximo 6 de junio, acusado por el delito de privación ilegítima de la libertad en relación al secuestro, y posterior desaparición, del militante comunista René Russo.

  • Informe: Elena Corvalán, periodista
    elenac75@yahoo.com