Se busca juez para juzgar a Romero

José Acho
septiembre 7 /2012

Romero-Urtubey en un reencuentro

Un emblemático caso de corrupción durante el Gobierno de Juan Carlos Romero es la causa penal por las 90 hectáreas de "La Ciénaga" (Atocha) vendidas en forma irregular. Dentro de un mes, el 7 de octubre de 2012, cumplirá dos años estancado en la Justicia por planteos, recusaciones y trabas engorrosas. Romero para no ser indagado o juzgado, tiene cubierto todos los caminos de un Poder Judicial diseñado, durante su década de mandado, como un traje a su medida.

Romero es objeto de investigación en al menos cinco causas penales promovidas por la Procuración, que están en la Justicia provincial, aun sin resultados fehacientes.

Los "jueces amigos" por una u otra razón se excusan de tomar el caso, sus abogados echan mano a cuanto recurso exista, y el proceso, donde el actual Senador Nacional figura como uno de los principales involucrados, termina para su conveniencia, en un callejón judicial sin salida.

A su vez la pregunta del millón, sin respuesta sigue siendo por qué Juan Manuel Urtubey, con la problemática de tierras que tiene nuestra capital para viviendas, no expropió La Ciénaga y paga la irrisoria cifra a la que se compró.

Romero es objeto de investigación en al menos cinco causas penales promovidas por la Procuración, que se sigue en la Justicia provincial. La más conocida es la venta de 90 hectáreas de La Ciénaga, que fue adquirida por el ex gobernador para destinarla a los salteños que no tenían casa propia; sin embargo y a raíz de operaciones inmobiliarias denunciadas como ilegales, ese predio terminó engrosando el patrimonio que posee la familia Romero, entre los que figuran sus hijos Marcelo Romero y Juan Esteban Romero.

Imobiliaria S.A.

Se descubrió que durante su mandato hizo incontables operaciones inmobiliarias irregulares utilizando como intermediaria o “testaferro” a la inmobiliaria del extinto Julio Castillo. Esto le permitió hacerse de cotizados lotes y extensiones de tierras que ganaron gran valor, debido a que las compraba poco antes de anunciar autopistas o carreteras, como por ejemplo sucedió con las tierras a la vera de la autopista Circunvalación Oeste.

Por la cobertura que hoy posee en la mayoría “Corte Romerista” del Poder Judicial, tiene asegurada las apelaciones y en las instancias inferiores nadie ni nada podría llevarlo a una indagatoria. El Senador Nacional utiliza a discreción cualquier recurso como “chicanas” para elegir los jueces que le son afines a sus intereses en el proceso.

La denuncia sobre las tierras de La Ciénaga data del 6 de octubre del año 2010. Hasta la fecha se han producido solo algunas pruebas y numerosas interrupciones a partir de incidentes planteados por la defensa del Senador Romero.

Causas acumuladas

En varias acusaciones que pesan en su contra, Romero encontró al menos en tres jueces formales que están a cargo de sus causas, Martín Pérez, Raúl Sosa Vallejos y Antonio Pastrana, medidas que le permitieron evadir el hecho de presentarse a la Justicia y mucho menos a prestar declaración indagatoria. La causa aun se diligencia en primera instancia, mientras también se tramita en la Corte de Justicia, por la vía del recurso de casación, incidentes vinculados que se suman a otras causas conexas provenientes de Tribunales de primera y segunda instancia.

El último miércoles 5 de setiembre la Corte de Justicia de Salta rechazó un pedido de acumulación de causas planteado por el fiscal de la Corte Alejandro Saravia, porque la causa se encuentra en trámite en el Juzgado de Instrucción Formal de Cuarta Nominación, a cargo del juez Antonio Pastrana. La decisión se fundó en el hecho que el incidente planteado “resulta ajeno al objeto del incidente aquí tramitado”, ya que la causa todavía no llegó a la instancia superior.

Resulta inverosímil pero a casi dos años la denuncia por peculado “La Ciénaga” la Justicia salteña no se nombra a Juan Carlos Romero. Aun está caratulada como “NN funcionarios del Poder Ejecutivo, Agustoni José Luis, responsables de la sociedad Prados de Atocha SA y de Estancia El Carmen SA; Pérez de La Fuente Cecilia; Wayar Laura Inés y Brizuela Víctor Manuel, por el delito de peculado”.

La lucha de la fiscal Loyola

Los terrenos de “La Ciénaga”, que fueron adquiridas durante su Gobierno y posteriormente se vendieron a través de terceros “presta nombres” con total impunidad y por valores ridículos, motivó de una investigación que se inició a partir de una promoción penal interpuesta por la fiscal María Inés Loyola.

La funcionaria judicial reconoció a Nuevo Diario que la causa de “La Ciénaga” tiene un punto crucial que tiene que ver con la citación a indagatoria del ex gobernador y al respecto su posición es firme. “El senador nacional debe prestarse, como sucede con cualquier persona que es investigada penalmente”.

Romero en tanto, para no concurrir se ampara sus fueros. "Hay varias resoluciones por lo cual Romero debe prestarse a indagatoria. La misma Ley Nacional de Fueros, Nº 25.320, así establece para los legisladores nacionales, como es su caso”, sentenció.

Asimismo los agentes fiscales, entre ellos Loyola y Eduardo Barrionuevo, apelaron la decisión de los jueces de tratar a Romero como un legislador provincial y reclamaron la aplicación de la Ley Nacional de Fueros (25.320), establecida por el Congreso de la Nación para los diputados y senadores nacionales, como en el caso del ex gobernador.

Romero es un NN para la Justicia

La denuncia fue presentada por por abogados y periodistas, el 5 de octubre de 2010 en la Procuración General de la Provincia. Las 90 hectáreas que el gobierno de Romero compró en el año ’98, en 1.100.000 pesos-dólares estaban destinarlas al organismo Familia Propietaria. Luego de sucesivas ventas fue adquirida en el 2009 por Estancia El Carmen SA, entre cuyos propietarios se encuentra Marcelo Romero (hermano del ex gobernador) y su hijo, por $100.000.

El 7 de octubre del 2010, la fiscal María Inés Loyola promovió una acción penal por peculado contra NN por la venta irregular de tierras por parte del gobierno de Juan Carlos Romero, la misma recayó en el juzgado Formal Cuarta Nominación a cargo de Antonio Pastrana. La comisión del delito es negociaciones incompatibles con la función pública, fraude a la administración y peculado, delitos que van de los 2 a los 6 años.

En mayo de 2011 y tras la decisión del juez de Instrucción Formal 4, Antonio Pastrana de calificar el caso de la venta irregular de las 90 hectáreas de La Ciénaga como una "información sumaria", (algo similar a un sumario administrativo en cualquier organismo estatal) la fiscal penal 2, María Inés Loyola planteó un recurso de reposición para corregir esta situación y pidió que el senador nacional Juan Carlos Romero, tal como lo exigen el artículo 1 de la Ley de fueros, fuera indagado como imputado.

En octubre de 2011, su defensora, la abogada de Romero Andrea Astudillo Rizzi, presentó un recurso de casación (apelación) en todos los juzgados donde Romero posee causas por fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario, peculado y asociación ilícita, entre otras causas.

Su reclamo en cada causa es que se vuelva a decretar el encuadre legal de "información sumaria" en las investigaciones penales que lo tienen como imputado. Así llegará a octubre una denuncia a su segundo aniversario, en el que el involucrado Juan Carlos Romero para la Justicia Salteña sigue siendo un NN.

  • José Acho, periodista
  • Datos y fuentes: Nuevo Diario de Salta, DDN y Prensa del Poder Judicial.