¡Siga, siga el baile!

agosto 8 /2011
Daniel Tort

Por haberse verificado que los egresos eran mucho mayores que los ingresos, y para contener el déficit fiscal de entonces, el 15 de Marzo del año 1990 durante el mediocre gobierno de Hernán Hipólito Cornejo, el poder legislativo de la Provincia de Salta debatió y sancionó en tiempo record la ley nº 6583 llamada de emergencia económica, que fue promulgada apenas una semana después, suscripta por el entonces mandatario y el señor Oscar A. Salvatierra. Esa disposición legal que tenía vigencia por un año, fue prorrogada invariablemente cada año para mantenerse vigente hasta hoy.

El déficit fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos en un cierto plazo determinado.

Entre las principales directivas que establece esa ley, está la prohibición de otorgar subsidios o subvenciones, nombrar personal, autorizar viajes oficiales de funcionarios fuera de la Provincia, y mucho menos al exterior, y autorizar gastos de ceremonial y homenajes. También se procedió a la venta de bienes inmuebles y automotores para reducir los gastos corrientes. No obstante se establece la posibilidad de hacer excepciones –cuándo no- pero en todos los casos debe mediar acto administrativo individual fundado, y decisión colectiva en acuerdo general de ministros. Todas estas restricciones no han afectado a ninguno de los dos firmantes de la norma, ya que el primero oficia de Representante de Salta ante los organismos internacionales (¿) y el segundo es hoy Presidente de la Auditoria General de la Provincia. Ambos propuestos por el gobernador.

Dado el marco legal que debería observarse en la Provincia de Salta, uno podría suponer que el joven gobernador observa y hace observar –como sería su deber- estas estrictísimas normas de austeridad para dar fundamento a la ley de emergencia todavía vigente. Hay que aclarar que esta vigencia se verifica en cada periodo fiscal porque hay un acuerdo tácito, de esos que emergen de la oscura política que nunca consulta a los ciudadanos y donde la opinión de la gente importa menos que un pito, en los cuales la legislatura de Salta se hace olímpicamente la distraída, y llegado el mes de Diciembre de cada año y ante la urgente necesidad de prorrogar la norma, el Poder Ejecutivo en uso de las convenientes facultades constitucionales que le acuerda el art. 145 de la Carta Magna, dicta un decreto de necesidad y urgencia que es comunicado a la legislatura, y como ésta no se reúne nunca para tratar el tema dentro de los noventa días siguientes ya que las vacaciones de los señores diputados y senadores arrancan el último mes del año para reaparecer recién en Abril del año siguiente, siempre queda convertida en ley por el mismo Gobernador a los tres meses. Tal por ejemplo el último decreto de este tipo que el joven abogado y gobernador Urtubey ha dictado el 23 de Noviembre de 2010 que lleva el nº 4852 y que por supuesto la legislatura no trató y se convirtió automáticamente en ley.

Conocido entonces cuál es el marco de comportamiento que se debería tener en la Provincia de Salta para respetar estas normas, uno debería suponer que no se compran camionetas 4x4 para las hipotéticas gestiones de los funcionarios, ya que como se han vendido automotores en una cuestionada subasta poco clara para ahorrar, no vamos a andar gastando dinero que legalmente no se puede gastar en vehículos nuevos. De igual manera deberíamos tener por cierto que no hay gastos de ceremonial ni homenajes, y que no se nombra nuevo personal en la administración pública, y que no se autorizan viajes, ni comisiones oficiales ni viáticos fuera de la Provincia, y mucho menos al exterior, y que no se otorgan subsidios a nadie.

Pero no es asi. Todo lo contrario. En la Provincia de Salta hay dos tipos de ciudadanos claramente diferenciados, los que trabajan y pagan sus impuestos con sacrificio y deben ajustar su cinturón a la emergencia económica vigente desde hace veinte años fiscales completos, y los que gozan de las prebendas del poder de turno para los que tal emergencia no existe. Y eso se puede comprobar, previa ingesta de una jarra de te de tilo –por lo menos- leyendo el boletín oficial de cada mañana en el cual se verifican licitaciones para adquirir vehículos en todas las reparticiones, de preferencia 4 x4, no vaya a ser que un modesto utilitario o sedan cuatro puertas base le haga caer el abolengo.

También se comprueba que el gobernador otorga subsidios a parroquias de su culto y de otros cultos para construcción de capillas y hasta de edificios más innecesarios que esos todavía; también nombra sacerdotes como funcionarios, y ni hablar de la planta política que crece y crece en la mayoría de los casos sin expediente alguno que intente siquiera justificar la necesidad de la contratación. No es menor tampoco las gran cantidad de actos protocolares con frondosos regalos de ponchos y vinos a cuanto gringo se le ocurre pedir audiencia en Finca Las Costas, al punto que se llegó a homenajear a un asesino serial como John Negroponte el año pasado. Y de eso hizo gala Urtubey durante una semana.

En esta fanfarria urdida mediante decretos con más cara de “hago lo que me da la gana” que de acto administrativo, siguen siendo dependientes del presupuesto del Estado –entre tantos otros ejemplos- una consultoria Española Argentina para asuntos de familia, una contratación de la señora Julia Elena Dávalos en Buenos Aires, y de un médico pediatra amigo de la familia del mandatario, o la habitación siempre injustificada de una fastuosa mansión oficial en vez de vivir decorosamente en su casa, y ni que hablar del uso y abuso de los aviones de la Provincia, que sigue siendo un secreto bajo siete llaves, de las cuales la opinión pública no cuenta con ninguna.

Párrafo aparte merece el comentario sobre los viajes al exterior que hacen los funcionarios de la Provincia bajo la denominación de comisiones oficiales, los que a poco que uno se interese en los motivos del viaje o la duración del mismo, concluye sin dudar en lo más mínimo que tienen más visos de vacaciones subvencionadas que de gestiones para la Provincia. El más obsceno de esos viajes ha sido la ya famosa estadía de la Arquitecta Kumpolz como presidenta del instituto de la vivienda de Salta, que estuvo en Cancún durante las vacaciones de invierno (en Salta es invierno, porque en Méjico en sus doradas playas es plena temporada) con viáticos por diez días para un evento de tres medios días de desarrollo.

Del análisis de los decretos firmados exclusivamente por el joven gobernador de turno, se desprende que es su sola omnímoda voluntad la que autoriza estos gastos prohibidos por la ley, ya que ninguna de las compras, los gastos de ceremonial para exaltar el ego, las designaciones de personal a cuatro manos, el otorgamiento de subsidios o las autorizaciones de viajes, cuenta ni con el acto administrativo individual fundado que justifique el gastos, ni con el acuerdo general de Ministros que exige la normativa para justificar la excepción. Todas las aparentes normas según la ley 6583, son por lo tanto nulas de nulidad insanable. Pero claro, que más da, si todos los actos administrativos ya se cumplieron, ya compramos, ya viajamos, ya nombramos, ya homenajeamos, y aindamais.

Ante tanto descontrol, sólo nos queda la esperanza de que los organismos de control de la Provincia, tales omo la Sindicatura General, la Auditoria General, o la Fiscalía de Estado empiecen a actuar para detener este circo. (¡¡¡Era una broma¡¡¡)

  • Daniel Tort
    Abogado y periodista