Sobre ataques a la prensa en Salta

abril 21 /2010

En la última edición (N° 242) de la revista nacional de ADEPA (Asociación de Entidades Periodisticas Argentinas) se publicaron dos de los reclamos de APeS relacionados con presiones a la libertad de prensa de parte de la Corte de Justicia y ataques al derecho a la opinión e información desde sectores del Gobierno Provincial de Salta. Vea aquí los dos artículos.

"Las expresiones de Acho fueron referidas a un caso de interés público, dado que estaba en juego el destino de tierras fiscales (públicas)".

Repercusión nacional e internacional

Los temas periodísticos que preocupan a la APeS sobre la critica situación que vive la prensa en esta Provincia, tuvieron repercusión nacional en ADEPA e internacional, con un relevamiento sobre el reciente fallo judicial de la Corte de Salta, de parte del periodista José Barbeito, representante del "Committee to Protect Journalists" (www.cpj.org) con sede en New York, EUA.


Notas publicadas en la Revista de ADEPA

Fallo contra José Acho
Calumnias e injurias

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La Asociación de Periodistas de Salta expresó su preocupación debido a que la Corte de Justicia de Salta no está adoptando en sus fallos la nueva normativa que deroga las figuras de calumnias e injurias como delitos penales para expresiones referidas a asuntos de interés público.

La ley que deroga estas figuras penales fue aprobada en noviembre pasado por el Congreso Nacional en cumplimiento de un fallo por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado argentino derogar estos delitos, por considerarlos lesivos de la libertad de expresión y el principio de legalidad.

A pesar de que la ley está promulgada, y de que ya motivó que en otros puntos del país se dejaran sin efecto causas abiertas contra periodistas, el pasado 11 de febrero la Corte de Justicia salteña confirmó un fallo de condena contra el periodista José Acho, en una causa iniciada por el cantante Oscar Esperanza Palavecino, que se sintió agraviado por publicaciones realizadas en 2005 referidas a un supuesto intento de apropiación de tierras fiscales del departamento Rivadavia.

En octubre de 2007 el juez Correccional y de Garantías de Tercera Nominación, Marcelo Torres Galvez, condenó a Acho a dos años de prisión en suspenso y a pagar una indemnización de 20 mil pesos al demandante. El caso llegó a la Corte de Justicia por una apelación del demandado. El fallo que confirma la condena fue dictado por un tribunal integrado por los jueces Guillermo Posadas, María Cristina Garros Martínez, María Rosa Ayala, Guillermo Catalano, Abel Cornejo y Fabián Vittar.

Las expresiones de Acho fueron referidas a un caso de interés público, dado que estaba en juego el destino de tierras fiscales (públicas). Sin embargo, según se desprende de la lectura del fallo ratificatorio de la condena, la Corte no tuvo en cuenta la existencia de la nueva normativa que deroga las calumnias e injurias para estos casos.

Dado que se han previsto otras vías (como la demanda civil) para el caso de que un periodista haya sido negligente a la hora de chequear una información, se considera un hecho grave que el máximo tribunal de la provincia decida pasar por alto la existencia de una ley que viene a evitar formas de presión sobre el trabajo de los periodistas y la prensa.


Interferencias a
emisoras en Orán

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La Asociación de Periodistas de Salta (APeS) informó en un comunicado que los directores de Radio Cadena NOA, Samuel Huerga; Radio Ciudad, Gloria Seco, y Radio A, Raúl Sánchez, denunciaron ante la Fiscalía de Orán, provincia de Salta, las interferencias a sus emisoras realizadas desde las instalaciones de la Casa Municipal de Cultura.

Los demandantes responsabilizan por el hecho al dueño de Radio Güemes, Roberto Meri. Es que, según declaraciones de la directora de la Casa de Cultura, Constanza Alurralde, los equipos que interferían habían sido llevados hasta esa dependencia por Roberto Meri. La funcionaria explicó, ante la consulta de la prensa en Orán, que este señor y su hijo tenían acceso a la Casa de Cultura porque estaban a cargo del mantenimiento de los equipos instalados en esa oficina para retransmitir la señal del Canal 7 estatal.

APeS revela que los denunciantes pidieron que se dispusiera una guardia y el urgente allanamiento del lugar, pero ninguna de estas medidas llegó a tiempo porque durante la madrugada siete hombres sacaron los equipos por una tapia, por lo que ahora se desconoce su paradero. Testigos aportados a la causa contaron que estos hombres fueron convocados por el secretario de Prensa municipal, Julián Moreno, quien está a cargo también del área de limpieza, barrido, recolección de residuos y alumbrado público de la municipalidad. Tres de esos hombres serían empleados municipales que trabajan en seguridad de la Terminal de Omnibus.

También está involucrado en el caso Ariel Barrios, ex secretario de Prensa municipal que se desempeña también en Radio Güemes y una persona cercana al intendente de Orán, Marcelo Lara Gross.

Hechos de esta naturaleza afectan no sólo la libre expresión, la libertad de prensa, y el derecho a la información, sino que van en contra de la pluralidad de voces y opiniones que viene a enriquecer el debate público.

  • Fuente: Revista ADEPA.