Testigos contaron la participación de la Policía en la represión

diciembre 12 /2012
Elena Corvalán

Los querellantes se retiraron satisfechos de la audiencia de la víspera. Terminaba la que evaluaron como una buena jornada. La audiencia recorrió distintos aspectos que se investigan en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta. Dos testigos, Ana Laura Cruz y María Martínez, ratificaron la participación de la Policía provincial en el terrorismo de Estado. Otros dos testigos, Raúl Enrique Gareca y Juan Alba, propuestos por la defensa del militar Marcelo Diego Gatto, demostraron que los acusados excarcelados se encargan de hablar con los testigos. Y uno de estos testigos confirmó que el cabo Mazza no es invento de Cristina Cobos, la esposa del joven Víctor Brizzi, desaparecido del Ejército cuando estaba haciendo el servicio militar.

Tres policías allanaron la librería Rayuela, de la que era propietaria entonces junto con Mario Benedetti y otro socio. Dijeron que tenían libros subversivos y llevaron detenido a Benedetti en averiguación de antecedentes.

Cruz sostuvo el martes 11 de diciembre el testimonio más emocionante. Recordó que tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 el Instituto Provincial del Seguro, donde trabajaba y trabajaba también el joven Enrique Mosca Alsina, desparecido en agosto de 1976, “teníamos vigilancia policial y del Ejército. (…) Vigilaban a todos los empleados. Se comentaba que hacían informes de cada uno”. Estos vigilantes estaban uniformados y armados y también de civil, confundiéndose con los empleados, sin identificarse y sin siquiera saber de qué fuerza eran, narró la testigo.

Dijo que en este marco sufrió incidentes que la llevaron a convencerse de que tenía que exiliarse, dado que era militante peronista y del Sindicato del Seguro: la misma madrugada del golpe refugió en su departamento al secretario general, el “Flaco” Sily. Días después uno de los policías que vigilaban en su trabajo, “haciéndose el galán patotero”, le preguntó su dirección y como se negó a dársela, la amenazó: “O me la da o la saco de su legajo”. Temerosa, Cruz le dio la dirección pero, dado que vivía sola con su hijo, le pidió a su hermano que la acompañara.

Esa misma noche recibió la “visita” del policía, de civil, que se sorprendió al ver a un hombre, anunció que iba a hacer un allanamiento, entró y revisó sus libros y terminó por irse. “Yo calculo que su interés no era hacer un allanamiento, sino abusar de mi persona, por la actitud que había tenido antes”, sostuvo Cruz.

Otro día tres policías allanaron la librería Rayuela, de la que era propietaria entonces junto con Mario Benedetti y otro socio. Dijeron que tenían libros subversivos y llevaron detenido a Benedetti en averiguación de antecedentes. Otro día, en julio quizá, alrededor de las 5 de la mañana, en su departamento del barrio Casino, fue testigo del secuestro del vecino de al lado, luego supo que era Tufiño (dos hermanos Tufiño están desparecidos). Cruz relató este momento con voz quebrada, dijo que era tanto su temor que no podía siquiera moverse, porque había pensado que iban por ella. “No era capaz de reaccionar en el momento que vi la escena que vi”.

La testigo fue mezclando el relato de su propia experiencia con la desaparición de Mosca Alsina, al que recordó como “muy joven”, “tranquilo, vivaz”, y el recuerdo del padre del joven, que le “impresionaba”, porque “iba muy compungido. Yo lo recuerdo así, de ir con la cara muy dolorida, o acongojado, a preguntar si sabíamos algo” de Enrique.

Martínez, que el 25 de septiembre de 1976 tenía 20 años y vivía en la casa en cuyo pasillo fue asesinado de unos 30 balazos Martín Miguel Cobos (hermano de Cristina) cuando intentaba escapar de un grupo de tareas que había irrumpido su casa en busca de su hermano mayor, Enrique Cobos, contó que en el lugar del hecho quedaron huellas dactilares y otros rastros de los atacantes, pero la Policía no fue a tomar muestras, a pesar de que llamaron a la Comisaría V. “Todavía estamos esperando”, dijo.

Testigos de la defensa

Raúl Gareca fue soldado en 1976, el mismo año en que Víctor Brizzi fue llamado a cumplir con el servicio militar obligatorio. El testigo dijo que no lo conoció ni supo nada de él. Dijo que el trato que recibían de sus superiores era “bien” y que tuvo como instructor al entonces subteniente Marcelo Gatto. Contó que luego de la instrucción fue enviado a Tucumán, donde también vio a Gatto y a Fernando Chaín, que también está siendo juzgado en relación a la desaparición de Brizzi.

Ante preguntas del fiscal Ricardo Toranzos, Gareca dijo que fue policía entre 1978 y 2004 o 2006, y que fue contactado para declarar por el propio Gatto, a quien volvió a ver “una vez” en la finca en la que trabaja, en Embarcación, donde también trabaja el acusado.

Juan Alba, que hizo el servicio militar un año antes, también contó que fue contactado por Gatto. Dijo que lo llamó hace unos tres años, pidiéndole que declarara en la causa, y que hace dos meses lo volvió a llamar, ya desde Rosario de Lerma, donde reside el testigo, y lo invitó a encontrarse. “Decí nada más que la verdad”, contó que le dijo. En ese tren, Alba recordó con claridad al cabo Mazza, cuya existencia venía siendo negada hasta ahora por el propio Ejército. “Sí, me acuerdo del cabo Mazza. Era un cabo de mucha antigüedad que no sé por qué motivo no podía ascender” y que “por supuesto” cumplía funciones con los soldados nuevos porque estaba en la instrucción, recordó. Mazza fue mencionado por la esposa de Brizzi, Cristina Cobos, quien asegura que este suboficial le confirmó que su marido había quedado incorporado al Ejército, en febrero de 1976. Brizzi despareció en marzo de 1976.

Ciego y sordo

La jornada se inició con el testimonio de Carlos Ernesto Escobar Saravia, que fue capellán del Ejército. Se lo había convocado para que informara si el Ejército tenía una propiedad en El Gallinato, el paraje que era usado por los represores para someter a explosiones a sus víctimas. El sacerdote confirmó que él tenía “una finquita” en ese lugar pero dijo no saber nada acerca del Ejército.

El segundo testigo, vía videoconferencia, el filósofo Mario Carlos Casalla, impacientó al presidente del Tribunal, Carlos Jiménez Montilla: “Responda por sí o por no, absténgase de hacer comentarios”, le recriminó sobre el final del testimonio en un intento por frenar la locuacidad del testigo, que se cruzó con el fiscal Ricardo Toranzos y con el querellante David Leiva, en este último caso porque le dijo que notaba “cierto tufillo” en sus preguntas.

Casalla fue convocado porque como secretario académico de la intervención civil que tuvo la Universidad Nacional de Salta entre diciembre de 1974 y el golpe de Estado de 1976 (cuando fue intervenida por militares), el 15 de marzo de 1976 firmó junto al interventor civil Francisco Villada la resolución por la cual se le otorga una licencia a Víctor Brizzi (que era auxiliar docente) para que cumpliera el servicio militar. La licencia comprendía entre el 9 de febrero y el 31 de julio, pero para cuando fue firmada, Brizzi ya había sido incorporado al Ejército y había sido desaparecido, esa es la “peculiaridad” que tiene la resolución, como lo hizo notar el fiscal.

Centros clandestinos de detención

El Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta hizo lugar un pedido del querellante David Leiva y requerirá al Ejército que envíe planos de terrenos y de construcciones que tenía en 1975 y 1976 en esta ciudad.

El requerimiento se hace en procura de determinar la existencia de centros clandestinos de detención dentro del Regimiento, como lo indican los testimonios de ex presos políticos, como Enrique Cobos, Gabriela López y Néstor Finetti, que aseguran haber estado alojados en dependencias del Ejército donde, en algunos casos, fueron sometidos a torturas.

  • Informe: Elena Corvalán, periodista
    elenac75@yahoo.com